Procesaron al ex edil de Teziutlán, Puebla, por irregularidades en la rehabilitación del Cereso municipal

Edgar Antonio “N” fue detenido el 24 de noviembre por el delito de falsificación de documento, en hechos ocurridos durante la gestión de su administración entre 2014 y 2018

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El exalcalde Edgar Antonio Vázquez se encuentra actualmente en prisión preventiva. (Facebook/Toño Vázquez)
El exalcalde Edgar Antonio Vázquez se encuentra actualmente en prisión preventiva. (Facebook/Toño Vázquez)

El ex presidente municipal de Teziutlán, Puebla, Edgar Antonio “N”, fue vinculado a proceso por el delito de falsifación de documento, en hechos que tienen que ver con la rehabilitación del Centro de Reinserción Social (Cereso) de la localidad.

Junto al ex edil poblano también fue procesado David “N”, quien se desempeñaba como Director de Obras. El motivo de su detención es por haber firmado un acta de entrega recepción de obra pública, que consistía en la mejora del Cereso de Teziutlán cuando esta aún no estaba finalizada.

La Fiscalía estatal informó que por la obra inconclusa se realizó un pago de más de tres mil 500 millones de pesos. “Además, en el documento se establecía que representantes del comité de la comunidad beneficiada participaron y firmaron el acta, circunstancia que no fue real”, se detalló.

Este caso ocurrió durante la administración municipal de Edgar Antonio, entre 2014 y 2018. Ahora, ambos individuos deberán permanecer en prisión preventiva justificada como medida cautelar, mientras se realiza el cierre de las investigaciones complementarias (no se dio a conocer el plazo otorgado para ello).

La detención del ex edil de Teziutlán se registró el pasado 24 de noviembre, luego de que él mismo acudiera a una audiencia en Casa de Justicia en atención a un llamado de las autoridades, pues existen al menos ocho denuncias interpuestas por el Ayuntamiento de Carlos Peredo, actual presidente municipal.

Además de este caso, Antonio “N” también ha sido señalado por supuestos delitos contra la administración pública y enriquecimiento ilícito, ya que existen denuncias en su contra por la posesión de hasta 90 propiedades a su nombre, de sus socios y sus familiares. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han informado sobre el inicio de un proceso por estas acusaciones.

Antes de ser detenido, el ex funcionario compartió un mensaje en sus redes sociales en el que acusó que las denuncias en su contra interpuestas por el edil, Carlos Peredo, tenían que ver con una “persecusión política” y aseguró que “en ninguno de los casos hay un daño patrimonial”, toda vez que la Auditoría Superior del Estado aprobó sus cuentas públicas de 2014 a 2017, años en los que se desempeñó como presidente municipal.

“Cabe señalar que hay una persecusión política por parte el presidente Carlos Peredo, ya que debemos recordar que él en algún tiempo dejó presidente interino a Carlos Aguilar, y la Auditoría Superior fincó un daño patrimonial de 68 millones de pesos”, comentó el ahora imputado.

El ex edil de Ciudad Serdán, al igual que varios regidores, fueron procesados por el delito de ejercicio indebido de funciones pública  (Foto: Fiscalía de Puebla)
El ex edil de Ciudad Serdán, al igual que varios regidores, fueron procesados por el delito de ejercicio indebido de funciones pública (Foto: Fiscalía de Puebla)

A estas detenciones se suman las de otros dos ex presidentes municipales de Puebla, quienes ha sido aprehendidos en las primeras tres semanas de noviembre. El primero fue Inés Saturnino López, ex edil de Tecamachalco, por supuestamente haber obstruido la captura de un “delicuente mayor” en 2021 que operaba en la zona. El 15 de noviembre fue vinculado a proceso.

Al día siguiente se reportó la detención de Juan Navarro, ex edil de Ciudad Serdán, ya que es acusado por los delitos de ejercicio indebido de funciones pública y abuso de autoridad. Posteriormente el ex funcionario fue procesado junto a las regidoras María del Rosario “N”., María Eva “N” y el regidor Irving Alberto “N”, quienes en conjunto habría ocasionado un daño patrimonial superior a los 20 de millones de pesos.

Lo anterior debido a que aprobaron la desincorporación de la Central de Abasto del Ayuntamiento y “otorgaron el inmueble jurídicamente a particulares”, es decir, que la privatizaron, lo que ocasionó un daño por 22 millones 755 mil pesos.

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