La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reiteró su preocupación ante la decisión de Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) misma que válido recientemente la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028.
Y es que, el pasado 29 de noviembre, con ocho votos a favor y tres en contra, se avaló desde la SCJN el proyecto de la ministra Ana Ríos-Farjat, el cual aprueba las reformas secundarias a la Guardia Nacional, hecho que puso en mate la controversia de incostitucionalidad impulsada por grupos opositores.
Cabe señalar que modificaciones planteadas en la reforma establecen que será la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la dependencia del Estado responsable de combatir a los principales generadores de violencia en México, acción que permanecerá vigente hasta 2028, cuatro años más de lo que previamente se tenía contemplado.
Al respecto, la ONU-DH recordó la alarma expresada por especialistas de la Organización de las Naciones Unidas, mismos que aseguraron que el hecho de mantener a las Fuerzas Armadas realizando tareas que no les son propias y para las cuales no fueron entrenadas “podría favorecer y mantener” la comisiones de graves violaciones a los derechos humanos.
Este señalamiento forma parte de una carta emitida por los expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, mismos que en septiembre de este año hicieron un llamado al gobierno mexicano para revetir las reformas legislativas aprobadas en materia de seguridad.
2. La ONU-DH destaca la importante labor de quienes han asumido una postura de defensa y reivindicación de los #DDHH en torno a la asignación indebida de tareas de seguridad pública a las Fuerzas Armadas en México.
— ONU-DH México (@ONUDHmexico) November 30, 2022
De acuerdo con los expertos, dichas reformas fueron impulsadas “en detrimento de las obligaciones internacionales de México” y en contradicción con el artículo 21 de la Constitución mexicana.
“El avance de estas iniciativas significa un ataque en contra del principio de supremacía constitucional”, atajaron; a la par acusaron que las reformas autorizan “abiertamente” a las Fuerzas Armadas a desobedecer la constitución.
Asimismo, la ONU-DH ha alertado que desde 1998 se han emitido más de 30 recomendaciones por distintos órganos internacionales que han señalado casos con uso excesivo de la fuerza por parte de personal militar, mismos que muchas veces continúan en la impunidad.
En tanto, este mismo día, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), también emitió su postura respecto a la resolución de la SCJN, asegurando de manera tajante que el Poder Judicial perdió su papel como contrapeso frente a lo que calificó como “militarización” del país, misma que sería respaldada desde el poder Legislativo y Ejecutivo.
En tanto, la el presidente ministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, argumento que la aprobación de las iniciativas desde la Sala Superior se dio en virtud de proyeger el interés mayor.
“Se podrá compartir o no esta decisión, pero lo que está cierto es que nuestra Constitución marca una ruta para fortalecer a la Guardia Nacional y mientras tanto las Fuerzas Armadas puedan apoyar en labores de seguridad y regresar a sus labores originarias en el menor tiempo posible y en el plazo que la Constitución marca”, declaró Zaldívar el pasado lunes tras la votación.
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