La politóloga y escritora Denise Dresser arremetió en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras avalar el acuerdo emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con el que se faculta a las Fuerzas Armadas a participar en tareas de seguridad.
El pasado martes 29 de noviembre, a través de su cuenta oficial de Twitter, la académica declaró que con el aval que dio la Corte a la militarización, quedó demostrado “quién gobierna” el país.
Según explicó en su mensaje, la autoridad responsable del Estado no es el presidente ni el poder civil, sino la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dependencia que, acusó, ha “doblado” otras instituciones.
“El Ejército va doblando/controlando institución tras institución, contrapeso tras contrapeso. Esa es la verdadera ‘transformación’ y es tóxica”
En otra publicación, Dresser reprochó al máximo tribunal del país por justificar que las fuerzas armadas controlen más de 200 actividades que anteriormente estaban en manos de civiles.
“De los creadores del ‘humanismo social’, ahora la militarización que no es militarización. Dejémonos de eufemismos y piruetas verbales. Las fuerzas armadas hoy controlan 246 actividades que antes estaban en manos de civiles. Y la SCJN lo avala/justifica”, escribió en su red social.
Y es que la tarde de ese martes el Pleno de la Suprema Corte validó, por mayoría de ocho votos contra tres, el acuerdo del Ejecutivo Federal que faculta a las Fuerzas Armadas a participar en tareas de seguridad y rechazó que ello signifique “normalizar” la militarización en el país.
El proyecto, elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat, señala que las labores del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México en este tipo de labores se están realizando de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
Asimismo, se destaca que su participación está sujeta a “una actividad de fiscalización efectiva” por parte de órganos internos de control civiles y del Senado de la República.
En su participación, la ministra Ríos Farjat aclaró que “el acuerdo controvertido contempla una participación militar fiscalizada, pues está sujeta al escrutinio de órganos internos de control civiles y del Senado de la República, ante quien el titular del Ejecutivo debe rendir un informe que, por sus características de inclusión de datos como nombramientos, despliegue territorial, situaciones en las que se intervino, entre otros, se trata de una actividad de fiscalización efectiva”.
Además, rechazó que el acuerdo aprobado sea la base de la llamada “militarización”, ya que se cumple con el objetivo de apoyar en materia de seguridad, mientras se integra la Guardia Nacional.
“Y quiero acotar bien esto, porque el acuerdo del uso de Fuerza Armada Permanente no es el centro de toda la política militar, ni es la fuente del llamado militarismo, ni tampoco es elección personal (...) El acuerdo, reitero, solamente lleva a cabo lo que ordena la Constitución: que mientras se cuenta con una Guardia Nacional en forma, se pueda disponer de la Fuerza Armada Permanente a fin de colaborar con la seguridad pública de la ciudadanía mexicana”
En este contexto, y al igual que Denise Dreser, varios personajes de la política y organizaciones condenaron el aval de la Corte al acuerdo presidencial publicado el 11 de mayo de 2020.
Tal fue el caso del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quien en su red social aseguró que con esta decisión el máximo tribunal del país “perdió la oportunidad” de ser un contrapeso ante “la militarización en el país”.
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