Una denuncia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitida en 2021 derivó en una investigación en contra de Francisco González Arredondo, exfiscal del estado de Chihuahua quien fue detenido y, posteriormente, vinculado a proceso por el delito de tortura.

El documento presentado por la Comisión advertía la posible participación de servidores públicos en “tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Concretamente, a González Arredondo se le acusó por presuntos actos de tortura en contra de una víctima de identidad reservada entre 2017 y 2018, cuando se desempeñaba como agente del Ministerio Público.

Según quedó asentado en los informes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, este delito habría sido perpetrado en la Casa de Gobierno de la capital de la entidad durante un periodo que comprende 21 meses (de febrero de 2017 a noviembre 2018).

La parte acusatoria, además, presentó testigos, documentos, estudios y análisis que respaldaron el modo, tiempo y lugar en el que habrían ocurrido estos actos. Además, se ejecutó el Protocolo de Estambul, en colaboración con el Centro Iberoamericano de Formación en Derecho Internacional y Derechos Humanos CIFODIDH A. C., en el cual “se encontraron indicios fehacientes de tortura”.

Derivado de ello, Francisco González Arredondo fue detenido el pasado 21 de noviembre e ingresado al Centro de Reinserción Social No.1 de Aquiles Serdán. Tres días después, una jueza de control le dictó la medida cautelar de prisión preventiva.

Durante la audiencia en la que se determinó la vinculación a proceso del exfiscal anticorrupción se estableció un plazo de tres meses para las investigaciones complementarias, tiempo que González Arredondo deberá permanecer en prisión preventiva.

Como acotación, dado que el exfiscal fue quien encabezó la “Operación Justicia para Chihuahua”, investigación que destapó el entramado de corrupción dirigido por el exgobernador César Duarte Jáquez, la institución mencionó que el proceso judicial en su contra no afectaría las indagatorias relacionadas al otrora mandatario estatal.

En este sentido, la FGE precisó que las investigaciones en contra de Duarte continuarán su curso. Cabe mencionar que actualmente el exgobernador se encuentra vinculado a proceso penal por los delitos de peculado y asociación delictuosa desde el pasado 8 de junio, además de que le fue dictada la medida cautelar de prisión preventiva por un año.

“Hay que ser claros y muy precisos, la captura del ex ministerio público, no tiene injerencia y/o afectación alguna con las carpetas de investigación en contra César D. J.; son asuntos totalmente diferentes”, explicó el actual Fiscal General, Roberto Javier Fierro Duarte.

No obstante, algunas figuras políticas no compartieron la visión de la Fiscalía de Chihuahua y, por el contrario, advirtieron que el proceso en contra de González Arredondo podría ponerlo en riesgo a él y a las investigaciones sobre Duarte Jáquez.

Javier Corral Jurado, exgobernador de Chihuahua que impulsó la Operación Justicia para investigar a César Duarte y otros funcionarios de su gobierno, reprochó la detención de González Arredondo y la calificó como una maniobra de “venganza política” de Maru Campos, actual mandataria estatal.

En este sentido, Corral aseveró que “desde que Maru Campos llegó al gobierno, varios de los cómplices de Duarte han salido de prisión, y otros testigos con identidad reservada que tienen calidad de imputados se han venido desdiciendo de los testimonios que brindaron ante diversos jueces y en distintos procesos”.

Bajo esta misma narrativa, el exgobernador por el Partido Acción Nacional (PAN) mencionó que las acusaciones de tortura serían únicamente una “maniobra” para justificar su retractación.

“Es una perversidad política y una brutal ruptura del Estado de Derecho que con base en ello se le detenga. Qué caro le está saliendo a Chihuahua el empeño de María Eugenia Campos por tratar de lavarse la cara”, agregó Corral en un extenso mensaje compartido vía redes sociales.

Por su parte, Bertha Alcalde Luján, abogada y comisionada de Operación Sanitaria en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), expuso algunas posibles inconsistencias en el proceso ejecutado en contra del también exprofesor de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh).

De manera inicial, comentó que el delito por el cual fue imputado “no contempla prisión preventiva de oficio”. No obstante, una jueza de control dictó dicha medida, por lo que González Arredondo permanecerá encerrado “con los sentenciados que investigó por corrupción, desaparición forzada y homicidio”, lo cual representa un enorme riesgo para él.

En adición, Alcalde Luján refirió que los hechos por los que fue acusado el exfuncionario “no pueden ser considerados tortura psicológica”, pues de ser así “tendríamos que procesar a todas las fiscalías del país”. Esto, debido a que los actos calificados como tortura corresponderían a entrevistas de hasta ocho horas de duración, “amenazas” con ir a prisión en caso de no cooperar y el uso de expresiones altisonantes.

Otro dato reportado en los informes oficiales que generó ruido en la abogada fue la nula especificidad en cuanto a las fechas de los actos, pues se estableció que habrían ocurrido durante 21 meses de manera ininterrumpida, lo cual “no permite una defensa adecuada”.

Sumado a ello, la comisionada de Cofepris destacó que la Fiscalía sólo presentó como testigos a los propios exfuncionarios del gobierno de Duarte Jáquez, además de que la unidad que lleva actualmente el caso “no tiene competencia para perseguir delitos de tortura”, pues estos tendrían que ser atraídos por la fiscalía especializada.

Finalmente, Bertha Alcalde denunció que la FGE pagó 600.000 pesos para que se aplicara un peritaje apegado al Protocolo de Estambul, pero no agregó ninguna evidencia de las entrevistas a las “supuestas víctimas” de tortura.

Con esta serie de argumentos, la abogada criticó que “la persecución del exfiscal debilita las investigaciones contra Duarte”, pues además de representar una injusticia es un “terrible mensaje para aquellos que tienen esa misión [la de combatir la corrupción] en sus manos”.

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