Buscarán consultar a pueblos originarios para aprobar proyectos mineros en México

Jorge Álvarez Máynez, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, planteó que los pueblos originarios sean consultados para que se realicen desarrollos mineros en sus territorios, esto para garantizar la representatividad directa en lugares de interés común y que muy probablemente los trastoque o pueda generar algún perjuicio.

Con el propósito de garantizar el derecho a la consulta a comunidades indígenas y afromexicanas, el líder de la bancada naranja en el Palacio Legislativo de San Lázaro planteó modificar los artículos 6, 15, 19 y 42 de la Ley Minera, petición que fue difundida este lunes 21 de noviembre en un comunicado oficial de la Cámara de Diputados.

Específicamente, Movimiento Ciudadano pidió establecer que, en caso de que en la extensión territorial en la que se solicite la concesión se encuentre algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana, la Secretaría de Economía (SE), previamente al otorgamiento de la concesión y a través de las autoridades correspondientes, deberá realizar una consulta a los pueblos o comunidades que se vean trastocados por las actividades productivas que se realicen en dicha geografía.

De acuerdo con la propuesta, la consulta, se realizaría mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, velando en todo momento por su derecho a la libre determinación, autonomía, desarrollo y a un medio ambiente sano para su bienestar.

Asimismo, se especifica que, los derechos que confieren las concesiones y asignaciones mineras estarán sujetos, de ser el caso, a los acuerdos que se establezcan con las comunidades o pueblos indígenas o afromexicanos involucrados. Al respecto, se plantea que las concesiones y asignaciones mineras se cancelarán cuando se incumpla los acuerdos.

Durante la argumentación, precisó que en la Ley Minera no se contempla el proceso de consulta para los pobladores, el cual debe venir acompañado de información clara y concisa de los alcances que tendrá cualquier tipo de proyecto de esta naturaleza.

Para justificar esto y, al mismo tiempo entender la problemática que se podría desarrollar por este tipo de proyectos, explicó que garantizar el derecho a la consulta a los pueblos originarios es de vital importancia, pues la potestad de expresar su consentimiento o lograr acuerdos, así como la obligación que tiene el Estado de consultar, se relacionan con sus derechos a la autonomía, libre determinación, participación política, preservación y fortalecimiento de sus culturas, lenguas e instituciones, mantener sus territorios, así como a la salud, educación y al desarrollo.

Junto con ello, explicó que el derecho a ser consultado en proyectos económicos que trascenderán su calidad de vida está garantizado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y en los tratados internacionales suscritos por México ante el mundo.

Esto implica que los pueblos indígenas deben de tener garantizado el derecho a acceder a cualquier tipo de información relacionada con programas, proyectos, reformas o modificaciones legislativas, así como de cualquier acción que el Estado lleve a cabo y de las cuales puedan generar algún impacto negativo en sus valores, prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales.

Finalmente la iniciativa fue enviada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para dictamen, y a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos para opinión. Al respecto, se destacó que mientras la Ley Minera no regule estos aspectos fundamentales, se continuarán violentando los derechos humanos de los pueblos, ya que las comunidades afectadas por el desarrollo de proyectos mineros desconocen su derecho a participar en las decisiones administrativas y legislativas que les perjudican.

SEGUIR LEYENDO: