El pleito entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional Electoral (INE) continúa, pues ambos institutos autónomos interpusieron demandas contra el otro ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La primero en atacar fue la CNDH, quien a finales de octubre emitió una serie de “recomendaciones” en las que instaba al poder legislativo a reformar al órgano electoral. Sin embargo, las autoridades del INE acusaron a la Comisión dirigida por Rosario Piedra Ibarra de entrometerse en los asuntos de otro órgano autónomo.
De este modo, la CNDH interpuso este martes una demanda en contra del instituto presidido por Lorenzo Córdova Vianello, en la que impugnó un comunicado emitido por ellos acusando a dicha institución, así como al consejero presidente y al consejo Ciro Murayama, de difundir información inexacta sobre la Comisión.
Por su parte, el Instituto Nacional Electoral también envió su ofensiva y presentó ante la Suprema Corte una controversia constitucional por violaciones a las garantías de su autonomía, derivado de la recomendación que se hizo a finales del mes pasado.
“La recomendación General 46/2022 de la CNDH, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2022, involucra al Instituto Nacional Electoral aun cuando el artículo 103 de la Constitución, apartado B, es claro en señalar que los organismos de protección de los derechos humanos ‘no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales’”, comunicó el INE.
Dicha “recomendación” de la Comisión y los intercambios entre ambas instituciones se dieron bajo el contexto de la propuesta de reforma electoral enviada por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y apoyada por Morena y sus partidarios en la administración pública.
Fue en ese sentido que el organismo encargado de vigilar el respeto a los derechos de las personas apoyó la reforma al árbitro electoral: “La CNDH hace un llamado público, respetuoso, a las y los legisladores de la República para que, tomando como referente las luchas democráticas mencionadas, y las posteriores, revisen la legislación electoral vigente, realicen análisis honesto y serio, que recoja las expectativas ciudadanas actuales, y construyan una reforma que otorgue certeza sobre la organización de las elecciones”.
Frente a tales dichos, el instituto liderado por Córdova emitió un comunicado impugnando la recomendación y acusó a la Comisión de “exceder sus facultades constitucionales”. Dicho comunicado fue el que motivó la demanda de la CNDH ante la SCJN.
“La parte demandada desconoce que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con tal facultad y la asume como propia, siendo inexacto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así lo disponga”, sentenció.
Por su parte, el INE también se lanzó ante la justicia mexicana y acusó que la sugerencia “no analiza un solo acto realizada por el Instituto Nacional Electoral. Más aún, dicha recomendación surge del análisis de hechos ocurridos entre 1951 y 1965, cuando en México no existían organismos electorales autónomos. A pesar de ellos, la CNDH pretende pronunciarse sobre el desempeño del INE”.
De acuerdo con la autoridad electoral, su intención al presentar la queja ante la Suprema Corte es que el poder judicial pueda “reconducir el actuar” de la CNDH hacia sus principios establecidos en la Constitución, para que —de este modo— respeten las atribuciones de otros órganos autónomos.
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