El gobierno de México aún debe una explicación a las familias de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace ocho años en Guerrero, y aclarar qué papel jugaron las Fuerzas Armadas en el crimen, dijo este martes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El organismo afirmó que los esfuerzos de las autoridades por encubrir lo ocurrido con los estudiantes en Iguala, en septiembre de 2014, parecen ser parte de un “patrón estructural” de abusos en la nación.
“México aún mantiene su obligación internacional de aportar una explicación satisfactoria respecto de la suerte o paradero de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa”, indicó la CIDH, el brazo de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), en su informe más reciente.
El Gobierno federal aún no ofrece una versión convincente
La anterior administración, a cargo de Enrique Peña Nieto, sostuvo que los jóvenes fueron asesinados y sus restos destruidos después de ser secuestrados por policías al servicio de Guerreros Unidos, quienes creían que los estudiantes habían sido infiltrados por un grupo rival (Los Rojos).
Un grupo de expertos creado más tarde por la CIDH para revisar las pruebas, puso reparos a esa versión de los hechos y denunció que el Ejército, que tiene una base en Iguala, estaba ocultando pruebas.
Apenas en agosto pasado, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador publicó nuevas conclusiones, calificando el incidente de “crimen de Estado” y señalando la participación de los militares.
Sin embargo, unas semanas después las autoridades federales retiraron más de 20 órdenes de detención que se habían emitido contra funcionarios principalmente castrenses.
La CIDH advirtió que, a pesar de su deseo de resolver el caso, la actual administración no había eliminado “estructuras persistentes al interior del aparato estatal que buscaron encubrir los graves hechos ocurridos”.
“Hablamos de las Fuerzas Armadas mexicanas”, apuntó la comisionada de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, exponiendo su preocupación por lo que llamó la “militarización” del país bajo la gestión de López Obrador. El presidente izquierdista ha otorgado al Ejército un mandato que se extiende a áreas normalmente reservadas a civiles.
Confiar cada vez más en las Fuerzas Armadas, incluso cuando los investigadores tratan de exigirles responsabilidades por posibles abusos en materia de derechos, supone el riesgo de crear un conflicto de intereses, añadió.
López Obrador dice que las indagaciones están en curso. Hasta ahora, los investigadores sólo han identificado definitivamente los restos de tres de los estudiantes, por lo que faltan cuarenta.
La CIDH, con sede en Washington, ha contribuido a arrojar luz sobre los abusos de los derechos humanos en América durante más de seis décadas.
México negó el uso de pruebas falsas
Ante la polémica que se ha desatado en torno al caso de la desaparición de los 43 estudiantes ocurrida en el 2014, Alejandro Encinas negó que se hayan falsificado evidencias y atribuyó los recientes cuestionamientos a su gestión a personas relacionadas con quienes ejecutaron las desapariciones.
La reacción de Encinas se generó después de que los cuatro militares detenidos por su presunta participación en la desaparición de los estudiantes presentaran una denuncia penal en la Fiscalía General de la República (FGR) alegando el uso de pruebas falsas en la investigación que realizó la comisión gubernamental.
“Los que hoy me acusan son parte de quienes, vinculados con otras autoridades y con la delincuencia organizada, perpetraron la desaparición de los 43 estudiantes”, afirmó el también subsecretario de Gobernación en un video que difundió en su cuenta de Twitter para defenderse de los señalamientos.
Sin mencionar nombres Encinas dijo que detrás de quienes lo atacan “están quienes pretenden mantener la impunidad sobre este caso”. Agregó que “quieren confundir para distraer la atención sobre su participación en estos hechos”.
Encinas aseguró que el trabajo de la Comisión de la Verdad “no implica afectación alguna a la presunción de inocencia o al debido proceso”, y que las acciones que ejerció la Fiscalía General de la República y el juez del caso contra los militares detenidos están basadas en “evidencias sólidas”, y que no tienen relación con el informe que elaboró la comisión gubernamental.
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