Las resistencias más firmes ante la política de seguridad del actual sexenio han suscitado en Guanajuato, cuyo Congreso frenó la reforma que autoriza la permanencia legal hasta el 2028 de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en materias de seguridad pública.
Como era de esperarse, esto provocó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descalificara a los legisladores locales, advirtiendo que el cuerpo castrense permanecerá en las calles “aunque no quieran”.
Bajo ese contexto fue que este 10 de noviembre el Federal lanzó una nueva arremetida, esta ocasión a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al exhibir a una jueza que suspendió la otra reforma aprobada por el Legislativo Federal para transferir la Guardia Nacional (GN).
El Subsecretario, Ricardo Mejía Berdeja, aseguró que el actuar de la juzgadora de Guanajuato con sede en Irapuato, Karla María Macías Lovera, habría caído en lo inconstitucional tras exceder de sus facultades judiciales.
“Se excede la juez y está generando efectos suspensivos sobre un decreto del Congreso de la Unión (…) Se está excediendo en sus facultades (…) Son parte de las acciones que generan impunidad en el país”.
De acuerdo con el relato de la dependencia, el 25 de septiembre Macías Lovera otorgó una suspensión provisional al decreto del Legislativo Federal que transfiere el control operativo y administrativo de la GN al Ejército; esto a petición de la organización Uniendo Caminos México. Una resolución que, aseveró Mejía Berdeja, únicamente correspondería a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Plantear la contradicción ante una ley de carácter general y la Constitución sólo corresponde a la Suprema Corte de Justicia”, señaló en la mañanera de este jueves.
Y si bien dicha resolución quedó sin efecto tras una impugnación en un Tribunal Colegiado, para el 21 de octubre la jueza dictó una nueva resolución pero otorgando la suspensión definitiva del decreto. Ante ello, el recurso fue puesto nuevamente a disposición del Ejecutivo Federal a fin de conseguir su revocación.
“Este tipo de resoluciones afectan la seguridad pública (...) Tenemos confianza en que el Tribunal Colegiado revoque esta nueva suspensión decretada por esta juez”, aseveró desde Palacio Nacional, donde López Obrador también expresó su inconformidad.
Congresos locales avalaron reforma del Ejército
El pasado 27 de octubre trascendió que 17 congresos locales avalaron los cambios de la reforma a las Fuerzas Armadas, número requerido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) para cambios a la carta magna.
Con ello, el siguiente paso es la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo cual quedará plasmado que la Guardia Nacional formará parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Aunado a lo anterior, los cambios en el andamiaje jurídico tienen como objetivo la profesionalización y mayores atribuciones para las Fuerzas Armadas, razón que impulsó a la mayoría de los legisladores a extender el trabajo de las corporaciones de la milicia en la seguridad pública.
Debido a que la reforma ya alcanzó un rango constitucional, los estados y municipios contarán, a partir de 2023, con recursos para fortalecer sus sistemas de seguridad pública en colaboración con la Guardia Nacional.
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