Trabajadores de la Fiscalía de Guerrero hicieron paro por el despido injustificado de 300 personas

Empleados de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero llevan dos días en paro al exterior del inmueble para que las autoridades los atiendan a través de una mesa de diálogo con la titular de la institución, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, quien según ellos es la responsable de ordenar 300 despidos injustificados.

Desde la noche del lunes pasado los trabajadores iniciaron el paro, amaneciendo este 8 de noviembre en uno de los accesos de la dependencia de justicia. En el sitio han instalado un plantón para visibilizar y presionar a las autoridades.

Indican que en los últimos meses, al menos 300 empleados han sido despedidos injustificadamente y solicitan que se les reinstale en sus puestos.

“Nosotros no somos enemigos de nadie, queremos justicia laboral, libertad sindical y que se respeten nuestros derechos humanos, así como la reinstalación de nuestros compañeros despedidos sin ninguna justificación”, aseguró para Milenio Nayeli Hernández Neri, representante sindical de los trabajadores de la Fiscalía General del Estado.

La representante señaló que el movimiento de trabajadores tiene el respaldo de organizaciones sindicales, por lo que considera que su causa podría crecer considerablemente y urgió a que se instale la mesa de diálogo con Valdovinos Salmerón lo más pronto posible.

Por su parte, el 7 de noviembre pasado, día que inició el paro, la Fiscalía emitió un comunicado de prensa en donde asegura que respeta y garantiza el derecho a la libre manifestación pero rechazaba los señalamientos que se estaban haciendo en su contra.

“La Fiscalía General del Estado es y será respetuosa de los derechos de los trabajadores, por lo que rechaza cualquier tipo de señalamientos de atropellos a dichas garantías; sin embargo, toda persona tiene derecho a ser oída públicamente, en condiciones de igualdad y con justicia ante los tribunales correspondientes para la determinación de sus derechos y obligaciones”, aseveró.

Explicó que al ser una institución que tiene a su cargo la investigación de los delitos del fuero común, promover el ejercicio de la acción penal y la defensa de los intereses de la sociedad a través del Ministerio Público, tiene como propósito que las evaluaciones de control y confianza comprueben que los perfiles de los empleados cumplen con las métricas necesarias para su buen desempeño.

Asimismo, indicó que los resultados de dichas pruebas son tomadas en cuenta para la promoción a puestos y permanencia en los mismos; “de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como, la Ley número 179 del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guerrero”.

En el mismo comunicado, la fiscalía indicó que la administración, preocupada por los y las trabajadoras y sus familias, elaboraron el anteproyecto del presupuesto 2023, “basado en la realidad que enfrenta la institución”, donde incluyeron el seguro de vida que da el instituto, seguridad social, pago a beneficiarios de seguro de vida, entre otros.

En ese sentido, la Fiscalía refrendó su compromiso en la actuación al apego del marco legal y su respeto a los derechos humanos, “procurando contar con servidores públicos comprometidos en brindar una atención de calidad y con calidez en beneficio del pueblo de Guerrero”.

De tal modo, a pesar de indicar que respetan la manifestación que ya ha cumplido dos días, no mencionan si atenderán la solicitud de la mesa de diálogo entre los inconformes y la titular del organismo, a la vez que dan a entender que los despidos podrían estar relacionados a que los trabajadores no aprobaron las pruebas que les realizaron.

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