Jorge Iván Pivac Carrillo, presidente municipal de Puerto Peñasco, Sonora, fue señalado por autoridades estadounidenses por su presunta participación en un fraude cometido en contra de una empresa de aquel país.

La acusación fue comunicada de manera oficial por Walt Blackman, representante del estado de Arizona, quien externó su preocupación ante los aparentes actos de corrupción perpetrados por Pivac Carrillo y su hermana Martha Herlinda.

De acuerdo con Blackman, la permanencia de Jorge Pivac como alcalde representa un riesgo para “la seguridad y las inversiones de los ciudadanos de Arizona”, ya que Puerto Peñasco es considerada por muchos de sus connacionales como “la playa de Arizona” y se ha vuelto un lugar atractivo para adquirir propiedades.

Rick y Julie Hatch, ambos originarios de EEUU, compraron una valiosa propiedad frente al mar en la zona de Puerto Peñasco en 2013 y erigieron la empresa Coca & Hatch Properties.

Tras la adquisición, los Hatch colocaron cercas y letreros en la propiedad y la visitaban con regularidad. Sin embargo, de acuerdo con el recuento de los hechos compartido por Blackman, en 2016 se enteraron de que alguien había retirado sus carteles, por lo que viajaron a México para saber qué había ocurrido.

Para su sorpresa, encontraron que su propiedad había sido hipotecada y entregada al alcalde Pivac Carrillo debido al incumplimiento de pago de un préstamo que ellos nunca solicitaron.

Al indagar sobre esta fraudulenta operación, se encontró que en junio de 2015 un notario local certificó documentos sobre una presunta reunión entre personas asociadas a la empresa de los Hatch. Esta asamblea, sin embargo, jamás ocurrió. “Todas las personas han negado que en realidad estuvieran presentes en la reunión y testificaron que sus firmas fueron falsificadas”, denunció Walt Blackman.

Incluso una de las supuestas asistentes a la reunión, a quien registraron como Mercedes Coca, integrante de la junta directiva, había fallecido el 8 de octubre de 2008, casi siete años del presunto encuentro.

Sumado a ello, en la reunión simulada, personal de la compañía habría designado, supuestamente, a Roberto Trahin Rodríguez como gerente general de la empresa con autoridad para efectuar operaciones y contratos a nombre de la misma.

No obstante, Trahin Rodríguez nunca había tenido ningún cargo en la compañía de los Hatch y, de hecho, no tenían relación alguna. Poco después de la hipotética asamblea, Roberto Trahin solicitó un préstamo a Jorge Pivac -quien a este año se desempeñaba como director de varias empresas y desarrollos inmobiliarios- a nombre de Coca & Hatch Properties, colocando la misma propiedad como garantía.

Según autoridades de EEUU, Pivac Carrillo realizó una transferencia bancaria a Trahin Rodríguez por aproximadamente 300 mil pesos a través del Bank of America, un valor que estaba muy por debajo del costo real de la propiedad.

Por supuesto, debido a que se trataría de un préstamo ficticio, nunca fue pagado, por lo que el inmueble pasó a las manos del actual alcalde de Puerto Peñasco, lo cual consolidaría una operación que Pivac ejecutó “ilícitamente para transferirse a sí mismo la propiedad de los Hatch”, de acuerdo con lo comentado por Walt Blackman.

En 2016, cuando Rick y Julie Hatch se enteraron de esta operación fraudulenta, acudieron a las autoridades y se inició el expediente 0426/2016, en el que, además de las personas referidas, se menciona a los Notarios Públicos 28 y 76, al encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como al Director de Catastro Municipal de Puerto Peñasco.

Por si fuera poco, los Hatch contrataron a un representante legal en México, cuya identidad se mantuvo reservada, para proceder con las demandas correspondientes y reclamar el título de la propiedad. Sin embargo, después de casi siete años de litigio, su abogado “inexplicablemente retiró todas las pruebas que habían presentado ante el Tribunal de México”, especificó Blackman.

“Los Hatch no tiene idea de cómo ocurrió este atroz acto de mala praxis y no parece haber ninguna explicación no corrupta”, agregó en este sentido el representante de Arizona.

En adición, el funcionario estadounidense señaló que hay evidencias de que Pivac Carrillo estaría utilizando su posición como alcalde para impedir que los Hatch tengan acceso a información sobre la fraudulenta operación. Además, expuso que hay una investigación criminal en contra del edil que “terminó abruptamente y sin explicación”. Por último, denunció que los Hatch han sido incluso amenazados de muerte.

“Hago un llamado a las autoridades policiales de Arizona para que inicien una investigación sobre Jorge Pivac y sus tratos. La información que descubrieron los Hatch muestra que se usó una cuenta bancaria de EEUU para facilitar al menos parte del fraude perpetuado en su contra y, según se informa, Pivac tiene propiedades en Arizona. Por lo tanto, sus actividades ponen en peligro directo a los ciudadanos y residentes de este estado”, apuntó Blackman.

Como respuesta a los señalamientos y preocupaciones emitidos por el funcionario estadounidense, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora anunció la noche del martes 8 de noviembre el inicio de una investigación en relación a los hechos.

Específicamente, la institución abrió una carpeta de investigación por los delitos de fraude específico y falsificación de documentos en perjuicio de la empresa Coca & Hatch Properties. Derivado de ello, un Juez Penal emitió una orden de aprehensión, pero la Fiscalía no especificó quién es la persona a quien identificaron como el presunto responsable.

Sumado a ello, la corporación reconoció una demanda adicional presentada ante el Juez Civil de Puerto Peñasco en la que los Hatch solicitaron la anulación de la asamblea ficticia y de los actos posteriores que culminaron en la “entrega” de la propiedad al alcalde.

“Como Fiscalía de Justicia, mantenemos el compromiso de procurar la seguridad de los inversionistas y ciudadanos de Arizona, así como de toda persona en general, interesada en desarrollar proyectos detonadores de la economía en nuestra entidad”, especificó la FGJE en un comunicado.

SEGUIR LEYENDO: