Luis Carlos Ugalde, ex consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), señaló que de aprobarse la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el órgano que sustituirá al Instituto Nacional electoral (INE) será “una extensión política del gobierno en turno”, pues “la mayoría de los nominados a consejeros serán vinculados al partido en el poder”.
Leonardo Valdés Zurita, ex consejero del Instituto Federal Electoral (2008 a 2013), coincidió con Ugalde en que el presidente López Obrador busca un diseño de autoridad electoral que esté “en manos de activistas políticos al servicio del presidente de la República”.
Andrés Manuel López Obrador “quiere gente comprometida, por lo tanto va a querer forzar que dentro de los finalistas para nuevos consejeros queden personajes sesgados”, expuso el especialista.
En una mesa de análisis en El Financiero TV, donde también participó Pamela San Martín, quien también fue parte del INE, Luis Carlos Ugalde explicó que los candidatos a consejeros electorales, como propone López Obrador, requerirán grandes cantidades de dinero para hacer campañas por todo el país, por ello pocos tendrán posibilidades reales y solo participarán activistas cooptados por el poder político.
Apuntó que la ley actual está diseñada para que especialistas electorales lleguen al cargo de consejeros electorales, en cambio, la propuesta de Morena abre la puerta a que los perfiles militantes dirijan al nuevo órgano electoral.
Valdés Zurita destacó que la reforma electoral la propone López Obrador en su quinto año de gobierno, lo que parece un intento de perpetuar a su partido (Morena) en el poder, pues la estructura que tendrá la nueva autoridad se parecerá a la que tenía México en 1980, cuando el PRI dominaba la organización de las elecciones.
Zurita destacó que Morena busca que los nuevos consejeros vivan una “novatada”, pues les tocará organizar la elección más grande de la historia sin experiencia, carentes de un servicio electoral profesional. Recordó que esta misma situación ocurrió con la Comisión Federal Electoral en la elección presidencial de 1988, la cual derivó en una severa crisis política.
Sobre la justificación de reducir los costos de la democracia mexicana, Valdés Zurita señaló que su propósito no es “abaratar, sino para que se realice un ejercicio con novatos que garantizaría la continuidad del partido Morena en el poder”.
Recordó que en 1987 se implementó en México una reforma político electoral previa a la elección presidencial y el resultado fue la crisis política de 1988, cuando Manuel Bartlett, en ese entonces secretario de Gobernación, justificó la falta de resultados debido a la “caída del sistema”.
El especialista en materia electoral, señaló que usualmente una reforma política se prueba en una elección intermedia para tener la oportunidad de corregir eventuales fallas, no obstante, la reforma de López Obrador se plantea a la puerta de una elección presidencial. Históricamente “la única experiencia que tenemos sobre una nueva ley electoral ha sido lamentable. Algo nos dice eso”.
Por su parte, Pamela San Martín destacó que desde la creación del IFE, con su posterior cambio a INE, “las elecciones se han garantizado con un sistema muy sólido y consistente”.
“¿Cuáles son los riesgos que se pueden generar? Eso es lo más importante que deben tomar en cuenta los legisladores al momento de votar la reforma electoral” dijo San Martín.
Luis Carlos Ugalde consideró que aunque la reforma que propone el Ejecutivo sea eventualmente rechazada en el Congreso, López Obrador podría quedar muy enojado, por ello ve viable que en un último intento para incidir en la elección de 2024 podría reducir aún más el presupuesto al INE.
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