A más de ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las investigaciones para esclarecer el caso continúan enfrentándose a múltiples obstáculos que, primordialmente, han vulnerado el derecho de las familias a la verdad y la justicia.

La mañana de este 31 de octubre, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado para asistir en las indagatorias, anunció el fin de su mandato en el país debido a una crisis de confianza en las autoridades mexicanas, ya que no han mostrado una completa disposición a colaborar, según consideraciones del grupo.

Ante el término de su mandato, las y los expertos que conforman el GIEI propusieron al gobierno la instalación de un Mecanismo de Seguimiento para procurar el avance en las investigaciones, el cual estaría integrado por dos miembros del grupo, ya que sólo ellos tienen un amplio conocimiento de las indagatorias.

“Hemos tomado una decisión en consenso tomando en consideración la gravedad de lo ocurrido. (…) Es indispensable un Mecanismo de Seguimiento (...) Tenemos una Fiscalía que la cabeza prácticamente no conoce la profundidad de la investigación y hay puntos fundamentales en los cuales es imprescindible el seguimiento”, señaló la experta Claudia Paz y Paz durante la conferencia de este lunes.

Esto ocurrió luego de que las y los expertos desestimaran las pruebas presentadas a las familias por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (CoVAJ), encabezada por Alejandro Encinas, mismas que el propio funcionario reconoció como “invalidadas” en una entrevista reciente.

“No es posible garantizar la originalidad de los mensajes que fueron capturados en imágenes o mediante registro fotográfico”, apuntó Francisco Cox Vial, debido a que no hay elementos suficientes que sustenten la fecha de creación original de los mismos ni el tipo de dispositivo celular en donde estaba alojada la cuenta desde la que se habrían tomado las capturas de pantalla de las presuntas conversaciones entre miembros de Guerreros Unidos.

Además, la retirada del GIEI se dio después de múltiples choques con la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, a la que han acusado de ser un obstáculo para resolver el caso.

Uno de los “movimientos” orquestados desde la Fiscalía señalados por el GIEI como inconvenientes fue la anulación de 21 órdenes de aprehensión en contra de militares y exfuncionarios posiblemente vinculados a los crímenes, las cuales ya habían sido autorizadas por un juez.

Asimismo, el grupo de expertos denunció que, de manera apresurada, se presentaron pruebas endebles en contra del exprocurador Jesús Murillo Karam, por lo que existiría el riesgo de que no recibiera una sentencia condenatoria a pesar de los elementos que acreditarían su responsabilidad.

“Se dejaron de incluir evidencias y elementos probatorios que hubiesen fortalecido aún más la responsabilidad del exprocurador”, aseguró Cox Vial el 29 de septiembre pasado.

Este escenario tiene una particular similitud al que se vivió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando el gobierno tomó la decisión de suspender el trabajo del GIEI para que fuera la extinta Procuraduría General de la República (PGR) la que tomara el mando total de las investigaciones.

El 30 de abril de 2016, el grupo designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo que retirarse del país luego de que el gobierno de Peña Nieto decidiera no aplazar su participación en las investigaciones.

Dicha determinación fue calificada como “lamentable” por el entonces presidente de la CIDH, James Cavallaro, ya que los objetivos del GIEI aún no se habían cumplido en su totalidad.

En aquel entonces, el grupo de expertos expuso que la Fiscalía había sido responsable de retrasar la realización de diligencias y tomas de declaraciones, además de que no existía interés alguno en las nuevas líneas de investigación.

Del mismo modo, el GIEI exhibió que la Procuraduría habría realizado peritajes y labores que no se incluyeron en los expedientes, siendo uno de los más alarmantes el ocurrido en octubre de 2014, cuando personal de la PGR impidió el paso del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) mientras peritos de la institución recogían evidencias en el Río San Juan, de Cocula, aparentemente en secreto.

Supuestamente fue durante aquella diligencia que la Procuraduría encontró una bolsa con restos óseos que, posteriormente se confirmó, pertenecían a Alexander Mora.

Y aunque Tomás Zerón de Lucio, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), reconoció el desarrollo de dichas labores, las autoridades mexicanas impidieron el acceso a la información tanto al GIEI como a la EAAF.

Como en aquel entonces, el hermetismo y las operaciones apresuradas desembocaron en la salida del GIEI de nuestro país, lo que consolidaría el desplome del Caso Ayotzinapa también en este sexenio.

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