Como parte de las investigaciones por el caso Ayotzinapa, el pasado viernes 28 de octubre fue detenido Leonardo Octavio Vázquez Pérez, quien fungió como secretario de Seguridad en el estado de Guerrero, cuando se dio la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos.
El exfuncionario, militar ya retirado, fue detenido en Tepic, Nayarit, en donde se ocultaba luego de que hace algunas semanas fue girada una orden de aprehensión en su contra, acusado de delincuencia organizada, entre otras cosas, por la desaparición de los estudiantes.
La información fue revelada en primera instancia por el periodista Raymundo Riva Palacio, quien a través de su cuenta de Twitter brindó información del caso. “EXTRA Caso Ayotzinapa: Leonardo Octavio Vázquez Pérez fue detenido el viernes en Tepic por el presunto delito de delincuencia organizada y vínculos con Guerreros Unidos”, comunicó.
Asimismo, dio a conocer que el exfuncionario es un militar retirado quien ostenta el rango de teniente, además de que es una figura clave en las relaciones entre funcionarios del nivel estatal y el nivel federal. “Vázquez Pérez, y otros dos cuyos nombres no han sido revelados, fueron detenidos dentro del Operativo Federal sobre objetivos prioritarios en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas”, adelantó.
Más tarde se dio a conocer que la detención se llevó a cabo por parte de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que en Iguala, Guerrero, se detuvo a Rodolfo Nava Ortiz, quien fue policía municipal de Huitzingo y, quien declaraciones testimoniales, fue parte de la agresión en contra de los Avispones.
Entre tanto, el teniente Vázquez Pérez fue puesto a disposición de juzgado tercero de distrito en materia penal de Toluca, Estado de México (Edomex), para luego ser ingresado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Edomex.
De acuerdo con las investigaciones por el caso, quien fue el encargado de la seguridad de la entidad en el año 2014, recibía un monto cercano de los 50 mil dólares con el fin de proteger a miembros del grupo criminal conocido como Guerreros Unidos, el cual es señalado como responsable de la desaparición de los jóvenes normalistas.
De este mono, Leonardo Octavio es acusado de delincuencia organizada por sus presuntos vínculos con dicho cártel. Por su parte, Nava Ortiz fue detenido por su presunta participación, en colaboración con Alejandro El Cholo Palacios, en ciertas agresiones contra normalistas el 26 de septiembre del 2014.
Entre tanto, mientras el caso avanza, tras las promesas del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de resolver el caso, algunos militares detenidos anunciaron que será presentada una demanda penal en contra del Gobierno federal, pues acusaron que las pruebas encontradas en el último informe del caso incluye información falsa.
Por su parte, fue en agosto pasado que el caso dio un paso grade al capturar a quien fue el Procurador General de la República (PGR) y encargado de resolver el caso durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam. Fue el 19 de agosto que el entonces procurador fue detenido a las afueras de su domicilio sin presentar resistencia y enfrentando cargos por tortura, obstrucción de la justicia y desaparición forzada.
Por otro lado, el subsecretario de Gobernación (Segob) y encargado de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, Alejandro Encinas, reconoció que el informe presentado el pasado 18 de agosto incluyó pruebas que no fueron verificadas.
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