El Gobierno de México presentó el pasado miércoles 26 de octubre una solicitud de apelación ante la Corte de Distrito de Massachusetts por el fallo de desestimar la demanda contra empresas estadounidenses fabricantes de armas.
Cabe recordar que el pasado 30 de septiembre, el juez de distrito de Boston, Dennis Saylor, determinó que la demanda civil que interpuso México era prohibida según leyes federales, además de que no tenía recursos para que procediera.
En sus argumentos, el juez indicó que el gobierno mexicano no presentó argumentos sólidos al responsabilizar a las empresas de armas estadounidenses por los actos o actividades en los que incurren los sujetos que usan el armamento que ellas fabrican.
Ante ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) apeló el fallo que entró en vigor el 17 de octubre de desechar la demanda ante la Corte Federal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston, Massachusetts, mediante la firma de abogados Shadowen PLLC, la cual encabeza esta estrategia legal.
Las ocho empresas fabricantes de armas demandadas por México son acusadas de negligencia, al supuestamente contribuir en el tráfico ilícito de armamento que sale del país vecino y llega a las manos de los grupos criminales mexicanos y cárteles de la droga.
Dichas empresas son: Barrett Firearms Manufacturing; Beretta U.S.A, Beretta Holding S.P.A: Century International Arms; Colt’s Manufacturing Company, Glock, Glock GES M.B.H; Smith & Wesson; Strum, Ruher & C: Witmer Public Safety Group e Interstate Arms.
Esta demanda se presentó el año pasado, la cual se suma a la presentada ante la Corte Federal de Distrito de Tucson, Arizona, contra cinco empresas cuyas armas supuestamente se han empleado para cometer diversos delitos en México, prinicpalmente homicidios.
“Presumismos y es evidente que hay tráfico de armas y que se sabe que esas armas van dirigidas a nuestro país”, comentó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, respecto a la segunda semanda de octubre del año en curso.
En esta segunda demanda, el gobierno mexicano también acusa que las cinco empresas presuntamente participan de manera directa y sistemática en el tráfico ilícito de armas, incluidas las de tipo militar, a través de prestanombres, lo cual beneficia al crimen organizado en México.
Los fabricantes demandados son: Loan Praire, LLCM (de Tucson); Diamondback Shooting Sports Inc (Tucson); SnG Tactical, LLC (Tucson); Ammo A-Z, LLC (Phoenix) y Sprague’s Sports Inc. (Yuma). “Cada uno participa regularmente con uno o más cárteles de la droga en México”, se lee en el documento de la demanda.
Entre los cargos presentados se encuentra supuesta negligencia, alteración del orden público, enriquecimiento injusto, daños punitivos, violación de la ley contra el crime organizado (conocido como RICO), entre otros.
Con esto el gobierno mexicano no busca intervenir en las leyes locales de Arizona, sino que su intención es frenar la avalancha de armamento que entra al país, particularmente el de asalto, ya que es con el que se equipan los grupos delictivos generadores de violencia y, con ello, disminuir el derramamiento de sangre.
En ese sentido, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés), indicó que de las 26 mil 860 armas de fuego recuperadas en escenas del crimen en México entre 2014 y 2018, cerca de 4 mil 444 tenía como origen la ciudad de Arizona. Lo anterior según su publicación Tráfico de armas y los esfuerzos de EEUU para interrumpir el contrabando a México.
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