Aunque el artículo 16 de la Constitución establece que las comunicaciones privadas son inviolables y estipula sanciones a quien atente contra su privacía (a excepción que una de las partes involucradas autorice el acceso), la política de la Cuarta Transformación (4T) se ha regocijado ante la ilegalidad contra la que Layda Sansores ha detonado la lluvia de audios y conversaciones filtradas semanalmente en su programa, El Martes del Jaguar - la mayoría contra el priísta Alejandro Alito Moreno.
En palabras del columnista, Raymundo Riva Palacio, la Gobernadora de Campeche ha logrado institucionalizar el espionaje político, que si bien no es una práctica nueva en el corpus de la política, éste se llevaba a cabo “por debajo del agua”. A diferencia de Sansores San Román, quien no sólo lo anuncia con bombo y platillo, también ha logrado manipular a la ciudadanía para unirse al gozo del “pan y circo”.
“Lo que estamos viendo pasar frente a nuestro ojos es la institucionalización del espionaje político, tolerable siempre y cuando venga del gobierno de López Obrador y sea ejecutado por sus alfiles (...) La sociedad y la sociedad política celebran y disfrutan”.
Sin embargo, la más reciente transmisión de la campechana ha tambaleado las filas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por implicar al legislador, Ricardo Monreal Ávila, como presunto cómplice de las ya constantes acusaciones por corrupción contra el dirigente tricolor. Claro está que el origen de las supuestas conversaciones que lo comprobarían cae, de nueva cuenta, en la ilegalidad.
Pero al tratarse de un conflicto entre dos fuertes de su propio movimiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tuvo que atentar contra su ideal de “no meterse en politiquería”, exhortar a ambos funcionarios a cesar con las arremetidas y aclarar que la disputa no se trataba más que algo “de mal gusto”. A perspectiva de Riva Palacio, una llamada de atención para justificar la violación a la Carta Magna.
“El extremo del absurdo de lo trastocado que están las cosas recayó en el presidente que (...) dijo que esa confrontación no afectaba, pero era ‘de mal gusto’. Una ilegalidad no es de mal gusto, es una violación a la Constitución”, aseveró el columnista en su texto para Eje Central.
Es por ello que el también periodista destacó que el fenómeno de normalización ha acabado con los “gritos discordantes”, la cual que habría derivado en la ausencia del Poder Judicial o algún tipo de reclamo para el eventual desafuero de Sansores - a quien, reprochó, es considerada una heroína respaldada por respeto y cariño del mandatario.
“¿Le extraña a alguien? A nadie. De hecho, la mayoría ni siquiera se ha dado cuenta de los que están construyendo al haber caído presa de la cultura de la ilegalidad impulsada por el presidente”.
Ricardo Monreal tomará acciones penales contra Sansores
Así como Layda amenazó y cumplió con exponer los presuntos chats de whatsapp, Monreal Ávila también emprenderá el proceso legal que había anticipado para esta situación donde, según dijo, se incurre en el delito de intervención de comunicaciones ilegales: “No nos distrae nada, ni los juegos de artificios, ni las descalificaciones”, aseveró mediante un video de Twitter.
Esto, en seguimiento a la descalificación que lanzó a su compañera de partido por poner en práctica el delito de intervención telefónica ilegal; aseverando que dicha acción no puede quedar impune: “La ilegalidad no debe ser una clave del éxito político”, sentenció.
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