Organizaciones civiles acusaron al gobierno de deslegitimación y falta de diálogo ante militarización en México

El día 25 de octubre se llevó a cabo una reunión con Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el gobierno de México y representantes de más de 20 organizaciones civiles, mismas que solicitaron la mediación del a CIDH ante las recientes reformas en materia de seguridad.

Y es que recientemente trascendió la aprobación, primero en la Cámara de Diputados, y posteriormente en el Senado de la República, de dar luz verde a propuestas de reforma referentes al papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

En primera instancia con la aprobación de dejar a la Guardia Nacional en manos de la Secretaría de Defensa (Sedena) y en segundo con la extensión de la participación de las misma hasta 2028. Es por ello que las organizaciones acusan una creciente militarización en México.

Respecto a dicha reunión, la ONGs acusaron al Estado Mexicano —representado por la Embajadora ante la Organización de Estados Americanos (OEA)—de mostrar un “absoluto desinterés en dar respuesta” a las mismas.

“La respuesta del Estado se limitó en enlistar una serie de acciones que han sido desplegadas en el marco de una fallida política de seguridad, como son el decomiso de drogas y la captura de supuestos miembros del crimen organizado”

Bajo este contexto, las organizaciones civiles señalaron como “particularmente grave” que frente a la denuncia de violaciones a derechos humanos, el Estado busque retornar a un discurso de “guerra contra las drogas” que criminaliza y estigmatiza a grupos históricamente vulnerados, y que ha tenido como consecuencia cientos de miles de víctimas de desapariciones, ejecuciones, torturas y otras violaciones graves a los derechos humanos.

“La falta de voluntad de réplica durante la audiencia y de dar respuesta a las preguntas concretas de la CIDH sobre aspectos relevantes de las obligaciones internacionales del Estado mexicano dio muestra de la nula intención estatal de dialogar sobre la progresiva militarización de la seguridad pública del país”, atajaron.

Y es que durante la reunión trasendió que la embajadora y representante del Estado Mexicano, Luz Elena Baños, tachó a las organizaciones de “arietes del conservadurismo de México y de otros países del mundo”.

Durante su participación, la funcionaria dijo que ahora no se violan garantías fundamentales y ninguna corporación castrense comete actos de barbarie, como torturas, masacres o ajusticiamientos.

Tras emitir varios datos sobre la situación de inseguridad del país, así como de las labores por parte del gobierno para atenderal, Luz Elena Baños respondió que tomaría nota de los señalamientos e inquietudes y los transmitiría al presidente para concluir su mensaje de la siguiente manera:

“Finalmente, me permito transmitir el mensaje del presidente de la República: en el México de ahora y a diferencia de lo que sucedía en los gobiernos neoliberales, cuando ustedes guardaban silencio cómplice, no se violan derechos humanos y ninguna corporación militar comete actos de barbarie como torturas, masacres o ajusticiamientos. Los conminamos respetuosamente a que dejen de servir, dejen de simular y de actuar como arietes del conservadurismo de México y de otros países del mundo”, señaló.

Luego de su intervención, el comisionado Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, pidió a la embajadora precisar a quién se refería, si a los integrantes de la comisión o a los miembros de las organizaciones de la sociedad civil mexicanas que solicitaron la audiencia, en este sentido, pidió al Estado no usar ese tipo de etiquetas.

El inquisidor no obtuvo respuesta por parte de Luz Elena Baños.

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