Un militar como presidente: temores históricos con un líder emanado del Ejército, según opositores

“Desde luego que un militar puede participar en tareas políticas y tener aspiraciones políticas, incluso ser presidente, pero deberá someterse a las urnas”, declaró Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), recientemente, acto que resonó en la élite política de la oposición; sin embargo, entre la ciudadanía, plantea más interrogantes que conclusiones.

Tras el revuelo que generó la polémica declaración del secretario de Gobernación, algunas personas de la oposición adelantaron vísperas y plantearon escenarios catastróficos para la democracia en México, como la del senador Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Parlamentario Plural (GPP), quien asumió la posibilidad de una imposición por parte de las Fuerzas Armadas en caso de que las “corcholatas” de AMLO no llegaran a ganar.

Por su cuenta, Javier Lozano, ex titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) durante el sexenio de Felipe Calderón, manifestó la supuesta imposibilidad de que esto llegara a ocurrir, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) lo prohíbe; sin embargo, esto no es cierto.

“Está prohibido por el artículo 82 fracción V de la Constitución. Ahórrense su encuesta”, respondió a un medio de circulación nacional al plantear una encuesta que hace referencia a la posibilidad de que un militar sea candidato a la presidencia de México; no obstante, cualquier ciudadano

Pues en el Artículo 82 de la CPEUM se especifican las características mínimas de las que debe ser sujeto aquella persona mexicana que desee ser presidente de México, donde la fracción V dice: “V. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del día de la elección”.

Esto quiere decir que, para ser presidente, cualquier miembro de las Fuerzas Armadas debe de tramitar su baja seis meses antes del día de las elecciones; es decir, si cada proceso de esta naturaleza se tiene planeado para el primer domingo de junio de 2024, el sujeto en cuestión debería de renunciar a su cargo, a más tardar, la primera semana de diciembre de 2023 para poder participar en la justa.

Cabe recordar que esta discusión se presentó en medio de una controversia nacional en la que los detractores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dan por sentado que el presidente está “militarizando” a México, por lo que aumentaron con sus críticas en relación a la capacidad administrativa y operativa de la que goza tanto la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).

Bajo esta serie de suposiciones, cabe recordar que en México ya se han tenido líderes de Estado emanados de las Fuerzas Armadas. Desde Guadalupe Victoria (1824-1829), pasando por el dictador Porfirio Días (1884-1911), el ex general Lázaro Cárdenas (1934-1940) y terminando en Manuel Ávila Camacho (1940-1946), donde tanto actos de represión como de fortalecimiento institucional tuvieron lugar.

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), militarizar es “infundir la disciplina o el espíritu militar”, “someter a la disciplina militar” o “dar carácter u organización militar a una colectividad”. Por lo que en términos de gobierno, hace referencia a un territorio bajo el control administrativo y operativo por las Fuerzas Armadas (FFAA), donde se suprimen los mecanismos políticos democráticos y éstos son sustituidos por los castrenses.

Tal cual como lo dicta el Artículo 82 constitucional, para que un militar participe en una justa electoral, debe de estar dado de baja de las FFAA, por lo que el gobierno que emane de esa justa electoral no sería propiamente militar; sin embargo, a nivel fáctico sí implica una posibilidad de que las decisiones de Estado sean tomadas desde una perspectiva militar, motivo por el cual la oposición se manifestó reacia a aceptar este gobierno.

Para empezar, la independencia y la instauración de un gobierno republicano. Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, emanó de las filas de la guerra de independencia y, con su arribo al poder, se ratificó el modelo presidencial de México. Poco más de medio siglo después llegó Porfirio Díaz, quien llevó al límite la frase “orden y progreso”, pues, aunque pacificó a México y lo modernizó, promovió esquemas de desigualdad que tuvieron como respuesta la revolución. De tal modo que el jefe de Estado se vio obligado a abandonar el país. Finalmente, murió en el exilió y sus restos descansan en Francia.

Una vez terminada la Revolución Mexicana, a principios del Siglo XX, siguieron una serie de gobiernos militares, donde los más modernos fueron los de Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho. Donde la expropiación petrolera, la creación del Colegio de México (ColMex), la creación del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el reparto agrario, la Casa del Obrero Mundial, la fundación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), plan sexenal, nacionalización de ferrocarriles, la reducción del 20% a la deuda externa y la firma de un acuerdo bilateral con Estados Unidos (EEUU) fueron algunos de los logros de estos gobiernos, en su mayoría de Cárdenas del Río.

Después de Ávila Camacho siguieron los gobiernos de civiles, algo que, a ojos del desarrollo democrático mexicano, fue visto como un avance en la conformación del Estado de derecho; sin embargo, diversos historiadores señalan a Lázaro Cárdenas como el mejor presidente de México en el Siglo XX, pues sus esfuerzos dieron resultados a corto, mediano y largo plazo, como la creación de Petróleos Mexicanos (Pemex) o la inversión del 15% del Producto Interno Bruto (PIB) en educación pública.

Los detractores de la llamada Cuarta Transformación (4T) han señalado que las aproximaciones del gobierno actual con los militares representa un riesgo a los mecanismos democráticos actuales, pues diversas violaciones a los derechos humanos han sido perpetradas por los miembros de las FFAA, como la masacre de estudiantes en Tlatelolco, el Halconazo, Tlatlaya, Acteal, Atenco, Iguala, etc. Y es que en estos casos, la burocracia estatal ha significado un gran obstáculo para la impartición de justicia a los deudos. De tal manera que los miembros de los partidos PRI, PAN, PRD y MC advierten un posible retroceso en la democracia nacional.

Sin embargo, cabe destacar que todos estos casos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, en los que se destacan homicidios, agresiones sexuales, torturas, desapariciones forzadas y arrestos bajo cargos inventados ocurrieron durante gobiernos civiles, ya que el Ejército obedece al poder ejecutivo. De hecho, las investigaciones más recientes realizadas en el caso Iguala, donde se desaparecieron a 43 estudiantes de la Escuela Normal rural de Ayotzinapa, han arrojado posibles responsabilidades tanto en mandos castrenses como en civiles, contraviniendo lo argumentado por los opositores de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Aunado a ello, se debe de contemplar que las fuerzas civiles también violan derechos humanos, tal como ocurrió de manera reiterada durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), pues la Policía Federal (PF), de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), documentó supuestas arbitrariedades a lo largo de la llamada “Guerra contra el Narco”.

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