La inseguridad en México le cuesta a sus habitantes aproximadamente unos 300 mil millones de pesos, estimó el investigador Roberto Ramírez Hernández, quien consideró que esa cifra se acerca al 2% del Producto Interno Bruto (PIB), además alertó sobre un eventual incremento de ese costo si las autoridades no toman medidas efectivas para contener al crimer organizado, el cual genera ya un daño importante a la economía formal.
Y es que los tentáculos del crimen organizado en México ya controlan precios y abasto de alimentos en siete estados del país, se ha dado a conocer que han ocurrido diversos hechos de violencia, robo y control de la comercialización de los alimentos básicos en los estados de Guerrero, México, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas; afectando en mayor medida a las poblaciones de escasos recursos, así lo alertó la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin).
En entrevista con Infobae México, el especialista perteneciente al Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIEC-UNAM) explicó que los grupos delictivos han intervenido e interrumpido las cadenas de suministro, principalmente de alimentos, propiciando se disparen aún más los precios de productos como el pollo, el aguacate y el limón.
Ramírez Hernández detalló que los criminales gradualmente extendieron sus actividades más allá de los mercados negros, como el trasiego de drogas o el tráfico de personas, y ahora están invadiendo a la economía formal del país.
“Entonces ese 2% (del PIB) va a incrementarse todavía más por este tipo de prácticas en las cuales no estamos teniendo una respuesta de parte del gobierno”.
El especialista considera que la estrategia de seguridad basada en el mantra de “abrazos, no balazos” no ha logrado contener a los grupos delictivos.
Destacó el caso de Chilpancingo, la capital de Guerrero, donde en meses recientes los cárteles de la droga se disputaron de forma abierta la distribución y venta de alimentos, en especial la carne de pollo, disparando así los precios de este producto pues son estos grupos quienes lo fijaban a través de los derechos de “cobro de piso”. Ante la escases del producto, fuerzas de seguridad tuvieron que intervenir directamente en los mercados para tratar de revertir la influencia del crimen organizado.
“Ese tipo de prácticas se están empezando a dar por la ausencia del gobierno al no combatir realmente la violencia, entonces ahora el crimen organizado se está acercando a las cadenas de suministro”.
El economista abundó en otros productos agropecuarios que han sufrido la intervención criminal, como en el caso del aguacate, que de pronto ha sufrido incrementos en su precio de hasta en un 300 o 400%. Añadió que el limón es otra muestra.
Porque el crimen organizado ha interrumpido esas cadenas de suministro, no permite que fluyan, y eso por supuesto provoca escases y en consecuencia se disparan los precios.
Los argumentos de Ramírez Hernández permiten entender el tamaño del golpe a la economía familiar, y coinciden con los datos oficiales, pues el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha detallado en sus reportes quincenales sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que el rubro de alimentos presenta las mayores variaciones al alza en los últimos meses.
El Instituto Mexicano para la Competitividad ha destacado que desde el segundo semestres de 2021 al cierre del primer semestre de 2022, los precios de los alimentos y bebidas se ha encarecido a nivel nacional en un 14%, mientras que el país lidia con un ainflación general del 8.76%, según cifras de la primera quincena de septiembre del año en curso.
Para el investigador Roberto Ramírez Hernández la solución a ese daño económico “es que el gobierno tiene que hacer algo inmediatamente, porque ahora se están empezando a invadir las cadenas de suministro y de la economía formal que teníamos desde siempre”.
Sobre otros estudios que fijan en un 1% del PIB el tamaño del daño a la economía mexicana por el clima de violencia, Roberto Ramírez apuntó que se trate de uno o dos puntos del PIB es un costo “altísimo” y advirtió que el costo seguirá subiendo cada vez más de no tomarse las medidas necesarias.
“Es muchísimo y el problema es que con el famoso abrazos, no balazos pues no vamos a resolver nada”, señaló el economista.
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