En México los grupos criminales aprovechan diversos factores de vulnerabilidad social para reclutar a menores de edad en sus filas, pero seis estados concentran la mitad de estos casos que se estiman en miles de niños, niñas, adolescentes y toda una red de afectados.
De acuerdo con reportes de la Red de Derechos de la Infancia (Redim), los registros de jóvenes adheridos al crimen organizado se dan en todo el país, sin embargo, el 55% de esos informes se han tenido en el centro, suroeste y del lado del Golfo de México.
Todos los estados tienen crimen organizado, no hay estado que se vaya en blanco
Tania Ramírez Hernández, directora Ejecutiva de la Redim, presentó parte de las investigaciones durante el foro Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado, que celebraron legisladores locales del Estado de México. Pues a nivel nacional se estima que el narco ha reclutado entre 145 mil y 250 mil menores de edad como sus operadores.
Según el reporte presentado, la entidad mexiquense lidera los casos de infancias recultadas por grupos criminales. En segundo lugar está Jalisco, después se ubican Chiapas, Puebla, Guanajuato, Veracruz y Michoacán. Se trata de estados donde el narco azota con facciones amplias en todo el territorio o localizadas en ciertas regiones.
De acuerdo con la directora de Redim, hay diversas precondiciones que posibilitan que los grupos del crimen integren a los menores de edad en sus huestes. En este contexto no solo influyen condiciones de pobreza o marginación. Al menos hay cinco factores generales que pueden sumar unos a otros.
Que haya presencia de estas organizaciones criminales en la zona conlleva a que los pobladores convvan en un ambiente de naturalización con civiles armados o que se dedican a actividades ilegales. A eso se añade que el territorio sea controlado por completo por facciones delictivas.
También se ha identificado que los casos recurrentes son porque las personas hayan tenido experiencia previa en ilícitos. Además está el factor del engaño por una vida fácil de ganancias difundidas en la narcocultura. Algo fundamental es que la visión de la delincuencia sea algo común en la familia.
Ramírez Hernández consideró que es importante diferenciar los casos por el género, pues las niñas y adolescentes reclutadas son vinculadas a labores cotidianas y el riesgo de ser violentadas incrementa. Sin embargo, son más afectadas por nociones del machismo mexicano que imperan en esos círculos.
Pasan de ser utilizadas como esclavas sexuales o mujeres de los comandantes. En ese proceso pueden ser sometidas a embarazos forzados o abortos forzados. También limpian o cocinan para los cárteles, pero a menudo en rangos inferiores, a diferencias de los hombres, quienes ascieden más rápido en la estructura criminal.
Aunque en sus investigaciones se han encontrado con mujeres que ocupan ciertos niveles superiores. Como ejemplo se habló de Sandra, quien fue reclutada por los Zetas. Ella confesó que primero fue jefa de los halcones, como se denomina a los vigilantes del área. Después pasó a la célula dedicada a secuestros y finalmente le encargaron ejecutar a quienes eran privados de la libertad por el que fuera brazo armado militar del Cártel del Golfo.
Cuando los menores de edad son incorporados a los grupos armados, primero se enrolan como informantes. Pero después son promovidos para tareas más riesgosas. De ahí que los utilizan para trasladar mercancías ilegales y vigilar casas de seguridad. El otro nivel de peligrosidad es cuando los envían a los enfrentamientos, secuestros y asesinatos, como sicarios.
Por todo ello, la directora de la Redim consideró que en las detenciones, en donde haya adolescentes, niños y niñas, las autoridades siempre deben considerar que son víctimas, antes que victimarios. Además, el reclutamiento debe tipificarse en el marco legal mexicano para avanzar en el castigo de los responsables, según lo que se ha estipulado en estándares internacionales.
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