El Partido de la Revolución Democrática (PRD) interpuso un juicio de amparo indirecto contra la aprobación y publicación de la reforma que entrega el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Fue el pasado domingo 16 de octubre que la fracción parlamentaria del sol azteca en la Cámara de Diputados dio a conocer que interpuso el juicio de amparo debido a la violación al proceso legislativo y el incumplimiento de una consulta a los pueblos indígenas.
Cabe señalar que el recurso se suma a más de medio centenar de amparos interpuestos por diversos colectivos tras la aprobación del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de septiembre. Y de los cuales uno obtuvo la semana pasada la primera suspensión provisional otorgada por la jueza federal Karla María Macías Lovera.
El nuevo juicio de amparo, firmado por el coordinador de la bancada perredista Luis Espinosa Cházaro, la vicecoordinadora Elizabeth Pérez Valdez, y la legisladora indígena, Fabiola Rafael Dircio, denuncia la violación al proceso legislativo en su totalidad.
Además del incumplimiento al artículo 2 constitucional que garantiza la consulta preventiva, libre e informada a las comunidades originarias, así como diversos ordenamientos internacionales asumidos por el gobierno mexicano.
En su calidad de indígena Mepha´a, del Pueblo Tlapaneco en el estado de Guerrero, Fabiola Rafael Dircio manifestó: “En mi carácter de diputada federal y en defensa de los intereses de toda la colectividad indígena y afromexicana nacional, hacemos saber que hemos exigido durante décadas que no se vulneren nuestros derechos, que se nos reconozca como sujetos de derecho y, para que, en caso de decretar alguna ley que nos afecte en nuestras comunidades, se nos tome en cuenta y se nos consulte sobre si estamos de acuerdo o no”.
Asimismo, en la solicitud de amparo se sostuvo que el Congreso de la Unión y el Ejecutivo decidieron aprobar “tajantemente” el decreto, mismo que se reclama en su totalidad, pues no sólo afectaría a las comunidades indígenas y afromexicanas, sino a toda la población en general.
“Hasta la fecha de la presente demanda, el Estado mexicano no ha realizado una consulta libre, previa e informada con cada una de las comunidades y pueblos indígenas para conocer si otorgan o no su consentimiento de manera libre, previa e informada para la implementación del decreto aludido”
Rafael Dircio agregó que el Congreso de la Unión y el Ejecutivo tomaron una decisión unilateral sobre un tema que afecta los derechos fundamentales, “además de nuestras tierras y territorios, puesto que la intervención de las instituciones policiales federales, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea violentarán nuestros derechos fundamentales consagrados en la Constitución y leyes internacionales”.
Entre ellos, detalló la legisladora, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos.
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