El asesinato de dos sacerdotes Jesuitas en la comunidad de Cerocahui, en Chihuahua, fue clave para que la Iglesia católica levantara la voz y presionara al Gobierno Federal para hacer frente al crimen organizado.
Sin embargo, a casi cuatro meses de suscitado el crimen, la comunidad religiosa aún no ha accedido a la justicia por los homicidios de Javier Campos Morales y Joaquín César Mora, pese a que las investigaciones se han centrado en llegar a un sólo objetivo: José Noriel Portillo, El Chueco.
En su lugar, los Jesuitas de México continúan sumando indignaciones pero ya no sólo por la impunidad de la administración hacia el caso de Cerocahui, también por la negligencia de sus Fuerzas Armadas (FFAA) con respecto a las actividades de El Chueco, las cuales fueron evidenciadas en una de las filtraciones del caso Guacamaya Leaks. Con base en éstas, la comunidad aseguró que el gobierno pudo haber evitado el doble asesinato del 21 de junio del 2022.
“Nos indigna el contenido de los documentos militares relacionados con el caso de Cerocahui (...) De haberse actuado en consecuencia, la tragedia probablemente se hubiera evitado”.
De acuerdo con el medio español El País, - el cual tuvo acceso a los correos confidenciales - el Ejército mexicano tenía pleno conocimiento de las actividades ilícitas y presencia criminal de Noriel Portillo desde hace por lo menos dos años antes de la tragedia en la Sierra Tarahumara (2020).
Tanto así que el capo fue incluido en una lista de objetivos prioritarios del aparato de inteligencia militar federal (aunque para le Gobierno de Chihuahua, El Chueco se había convertido en blanco principal desde la administración de Javier Corral. No obstante, destacó el portal, los operativos para dar con él no fueron retomados hasta el asesinato de los dos clérigos y un guía de turistas.
No obstante, y no conforme con ello, las fuerzas castrenses también habrían sido instruidas para dar “seguimiento puntual” a las actividades relacionadas con representantes de la Iglesia católica. Esto, de cara a la lluvia de pronunciamientos contra la estrategia de seguridad obradorista surgida de este círculo tras el atroz crimen - y sustentadas por la condena del propio Papa Francisco II.
Ante ello, los Jesuitas de México aseveraron reprocharon que los esfuerzos del Gobierno se hayan concentrado a monitorear sus reclamos y no a la búsqueda por El Chueco: “Es muy grave y preocupante que la inteligencia militar no se haya concentrado en localizar al perpetrador de los asesinatos, hasta hoy prófugo y sí en monitorear los pronunciamientos públicos de los sacerdotes”.
📍#Comunicado
— Compañía de Jesús en México (@Jesuitas_Mexico) October 17, 2022
La Compañía de Jesús condena que el ejército clasifique al @CentroProdh como “grupo de presión” y el monitoreo militar a religiosos, tras los asesinatos de los #jesuitas en #Cerocahui.
➡️https://t.co/HQGclPWYEd pic.twitter.com/t9ne7RtJ8j
Compañía de Jesús rechazó que Centro Prodh fuera catalogado como “grupo de presión”
En el mismo pronunciamiento, la Compañía de Jesús de México también reprobó que el Ejército catalogara como “un grupo de presión” al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
La congregación expresó su respaldo al trabajo del Centro y lamentó que las expresiones de éste, así como de las víctimas a las que le dan seguimiento, sean blanco de la vigilia del Gobierno Federal.
“Recordamos que el trabajo civil de defensa de derechos humanos y el acompañamiento a víctimas es fundamental para la consolidación del Estado de Derecho y la Democracia en nuestro país”, señalaron.
“Damos testimonio de la labor legitima de nuestra obra social, Centro Prodh, quien ha contribuido – como invita al Papa Francisco – “con coraje y determinación” en la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos”.
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