La Fiscalía General de la República (FGR), por medio del Ministerio Público Federal (MPF), promovió una impugnación contra la suspensión provisional de la Reforma a la Guardia Nacional (GN), misma que determinaba que esta corporación pasaba a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de manera permanente.
De acuerdo con la Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero, este lunes 17 de octubre, fue un juez federal adscrito al juzgado Noveno de Distrito en Guanajuato quien recibió el oficio correspondiente y lo remitió a un tribunal colegiado del mismo estado, quien será el responsable de resolver la queja promovida por el gobierno federal ante la controversia de la reforma que se publicó el 9 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Esto porque el pasado 11 de octubre, diferentes senadores de oposición promovieron una controversia constitucional contra la reforma promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), donde la administración y operativa de la GN sería responsabilidad de las Fuerzas Armadas de forma permanente.
En este sentido, cabe recordar que la semana pasada se aprobó la iniciativa constitucional que extendía el mandato de la Sedena en la GN, ya que en 2019, cuando se constituyó la Guardia, se había previsto que la Defensa Nacional estaría a cargo hasta 2024; sin embargo, con esta otra iniciativa, se prolongó hasta 2028.
Aunado a ello, se debe de señalar que la iniciativa que ahora se discute en tribunales no es de carácter constitucional, por lo que la oposición apelará a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) para determinar si la propuesta de AMLO contraviene el Estado de derecho en México.
Y es que en la iniciativa promovida desde el ejecutivo federal promovió una serie de modificaciones a la Ley de la Guardia Nacional, Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana y Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y fuerza Aérea Mexicanos en relación a la responsabilidad operativa y administrativa de la Guardia Nacional.
Con la promulgación de dicha iniciativa serían las Fuerzas Armadas las responsables de llevar a cabo las tareas de seguridad y protección ciudadana de forma permanente, algo que fue condenado por los detractores de la llamada Cuarta Transformación (4T), pues aseguraron que el empoderamiento permanente del Ejército en dichos trabajos promueve un Estado militarizado.
Junto con ello, desde el Senado de la República, los integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Grupo Parlamentario Plural (GPP), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) promovieron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que procedió y tuvo como consecuencia inmediata la suspensión de la reforma.
Motivo por el cual el gobierno federal interpuso un recurso de impugnación, mismo que será valorado para ver si procede en el caso y continuar con la discrepancia en tribunales. No obstante, se debe de destacar que esta iniciativa es completamente ajena a la que el PRI promovió desde San lázaro en la que sí hay un reordenamiento jurídico constitucional, donde la Sedena continuará a cargo de las tareas de seguridad y protección ciudadana hasta 2028.
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