Dos años antes, el Insabi terminó convenio con la ONU para adquisición de medicamentos

De acuerdo con el titular del Instituto, el gobierno ya cuenta con las capacidades necesarias para gestionar de manera efectiva la adquisición de insumos médicos

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El Insabi terminó con un convenio que tenía con la ONU (Foto: Cuartoscuro)

Juan Antonio Ferrer, titular del Instituto para el Bienestar (Insabi), anunció el fin de la colaboración entre el gobierno federal con la ONU en relación a la adquisición de insumos para el sector salud (material de curación y medicamentos); sin embargo, esta noticia se dio dos años antes de que terminara el convenio suscrito por la administración de la llamada Cuarta Transformación (4T).

En julio de 2020, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmó un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), con el objetivo de adquirir insumos médicos para el sector Salud bajo un esquema en el que prepondere la transparencia y libre competencia, dicho contrato decía que dicho mecanismo estaría vigente hasta 2024; sin embargo, durante su comparecencia ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Ferrer Aguilar anunció que se terminó.

De acuerdo con el funcionario, el Insabi ya cuenta con capacidades suficientes para realizar dicha tarea, por lo que no se requiere de la UNOPS para las compras de insumos del sector Salud para el Estado mexicano. Agregó que la adquisición de medicamentos ya no es un problema y que para las compras realizadas entre 2023 y 2024 se contará con el apoyo de varias instituciones del gobierno federal, así como de los estados.

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El convenio fue terminado por el gobierno ya que el Insabi cuenta con la capacidad de hacer dichos trabajo (Foto: Reuters)

Aunado a ello, el Insabi anunció que se implementará un nuevo mecanismo de distribución, donde Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) será el responsable de que el paciente sea el que reciba los medicamentos; no obstante, el mecanismo no quedó especificado durante la comparecencia de Juan Antonio Ferrer, por lo que la facultad adquirida por el gobierno quedó en tela de juicio ante algunos de los legisladores que integran la comisión.

Al respecto, cabe destacar que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN) estarán involucrados en el mecanismo de distribución para garantizar a la ciudadanía que recibirán los medicamentos en cualquier rincón de México.

En consecuencia, el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (Imco), consideró que esta decisión, aún cuando el titular del Insabi sostiene que no tendrá consecuencias para México, “genera incertidumbre sobre la efectividad de los procesos de compra consolidada realizados por la agencia internacional y constituye un desafío de coordinación entre las instituciones federales y estatales”.

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Las fuerzas armadas van a estar involucradas en la distribución de medicamentos (Foto: Cortesía Presidencia)

Además, se debe de considerar que, de acuerdo con la UNOPS, el desempeño del gobierno al momento de adquirir insumos era cuestionable, pues tenía problemas de falta de transparencia. Junto con ello, el Imco sostiene que “el mecanismo de adquisición de compras con la UNOPS también recibió críticas por incumplimiento y atrasos en la adjudicación de más de mil claves de medicamentos y material de curación para el abastecimiento de 2021″.

Motivo por el cual la asociación civil hizo un llamado al Insabi, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para promover de manera oportuna y coordinada un mecanismo que garantice el abasto de medicamentos para pacientes y asegurar las mejores prácticas en materia de centralización y distribución de compras del sector Salud.

“Con el objetivo de evitar fallas en el acceso a la información e ineficiencia en las contrataciones, es fundamental garantizar la transparencia de los contratos de medicamentos incluidos en la compra consolidada 2023-2024″, promovió el Imco, donde criticó la posible falta de planeación en las compras públicas, mismas que, en caso de que esto sea cierto, generarían consecuencias negativas en el derecho de acceso a la salud por parte de los ciudadanos.

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