Luego de casi 10 días de la atroz masacre en San Miguel Totolapan, en la que perdieron la vida 20 personas, la tranquilidad no ha vuelto al municipio. Una señal de ello fue la desalentadora advertencia que recibió el equipo del periodista Ciro Gómez Leyva que acudió a la región para continuar con la cobertura de los hechos.

“Váyanse de aquí, váyanse de San Miguel [Totolapan], váyanse antes de que sea tarde y les pase algo”, fue lo que habitantes de aquella demarcación de Tierra Caliente les dijeron, a manera de aviso, a Miriam, Gonzalo y Alberto, la y los colaboradores del también presentador de noticias.

Esto fue dado a conocer durante el noticiero nocturno de Gómez Leyva en Imagen Televisión, espacio en el que el periodista lamentó que la violencia persistente en el país afecte no sólo a quienes habitan las zonas más conflictivas, sino también a los medios de comunicación.

“Algo está muy podrido en la montaña de Guerrero [...] Hoy nosotros vivimos lo que hace tiempo no vivíamos. Todas las voces del lugar, las que están cerca de la autoridad y las que están lejos de ella, también la iglesia, los lugareños, todos le dijeron a nuestro equipo ‘váyanse de aquí' [...] Y nos fuimos”, narró la noche de este jueves.

Asimismo, externó su preocupación por el escenario al que se enfrentan las familias que habitan la zona montañosa del estado, pues el recrudecimiento de la violencia derivada de la narcoguerra no ha cesado.

Al respecto, consideró que San Miguel Totolapan es “un punto del estado de Guerrero sin gobierno” que actualmente está lleno de militares que patrullan el área, mismos que en algunas semanas, o incluso meses, tendrán que retirarse del lugar y dejarán a los habitantes a su suerte.

En medio de las investigaciones por determinar cuál fue el motivo de la matanza, así como las personas responsables de la misma, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer que todo pudo haber ocurrido a causa de un fallo de las autoridades judiciales.

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, mencionó a la jueza Isis Peralta Salvador por la dilación de un recurso de cateo que la Fiscalía General del Estado (FGE) habría solicitado en julio, tres meses antes de la masacre, como parte de las investigaciones a La Familia Michoacana.

Según informó el funcionario, el cateo hubiera permitido el ingreso a cinco inmuebles presuntamente vinculados a delitos como el secuestro, aparentemente cometidos por miembros de dicho grupo criminal. Entre las propiedades contempladas se encontraba un rancho que, supuestamente, pertenecería a varias cabecillas de la organización.

Sin embargo, Peralta Salvador negó la solicitud de cateo en un primer momento y la aprobó 48 horas después, cuando ya era demasiado tarde.

“(Fue) Tiempo suficiente mediante el cual los presuntos criminales pudieron tomar providencias para salir del lugar, quitar evidencias y organizar cinco bloqueos en el lugar para dificultar las acciones de las Fuerzas Federales”, explicó el subsecretario, destacando que los criminales lograron huir sin dejar evidencia.

En caso de haber concretado los cateos solicitados en julio, consideró Mejía Berdeja, se pudieron haber evitado actos como el homicidio del director de Desarrollo Rural de San Miguel Totolapan, Nazario Domínguez Nájera (que se disfrazó de accidente automovilístico) y la lamentable ejecución de 20 personas del pasado 5 de octubre.

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