Previo al encuentro entre Blinken y Ebrard, grupos civiles cuestionaron la estrategia de seguridad en México

Previo al Diálogo de Alto Nivel en Seguridad (DANS) que sostendrán los gobiernos de Estados Unidos y México este jueves 14 de octubre en Washington, diversas organizaciones no gubernamentales hicieron un llamado a las delegaciones de ambos países para promover la protección de los derechos humanos, y mejorar los mecanismos de justicia.

A través de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), organizaciones civiles solicitaron al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, y al canciller mexicano, Marcelo Ebrard, atender algunas observaciones y recomendaciones sobre cómo mejorar la seguridad pública y proteger derechos humanos.

Destacaron la necesidad de prevenir y reducir el abuso de sustancias, limitando al mismo tiempo los “daños asociados con la adicción”, y recordaron que solo en Estados Unidos alrededor de 108 mil personas murieron por sobredosis de drogas en 2021, principalmente fentanilo.

Señalaron que a través del Marco del Bicentenario, los gobiernos de México y Estados Unidos se comprometieron a abordar el consumo problemático de drogas basado en la salud pública y a reducir las formas de violencia que más afectan a la población en uno o ambos lados de la frontera, incluidas homicidios, desapariciones y violencia de género.

El documento suscrito por organizaciones como Amnistía Internacional México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC); la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), mostraron su preocupación debido a que el gobierno mexicano duplicó el despliegue militar en tareas policiales como su principal estrategia de seguridad.

En esta carta, las ONG’s lamentaron que la Guardia Nacional, supuesta mejora de la extinta Policía Federal de México, ahora forme parte de la Secretaría de Defensa, pues consideran que el cambio deja a México sin policía civil y coloca a la seguridad pública exclusivamente en manos de los militares, una medida que contradice las normas internacionales de derechos humanos.

Señalaron que las fuerzas armadas de México han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos en los últimos años, todo ello sin rendir cuentas. Esta acusación se da en medio de los cuestionamientos que desde el propio gobierno federal se ha hecho en contra de algunos miembros del Ejército, acusados de co-participar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

A medida que México canaliza cada vez más roles y recursos a las fuerzas armadas, no está priorizando la consolidación de instituciones civiles de seguridad y justicia capaces y responsables, que representan el único camino sostenible hacia la seguridad y el acceso a la justicia, alertaron en el documento publicado previo al encuentro en Washington.

Al mismo tiempo, señalaron la necesidad de que el gobierno de los Estados Unidos promulgue más medidas para limitar el flujo ilícito de armas hacia México.

Justamente ese es uno de los temas que la delegación mexicana, encabezada por Marcelo Ebrard, desea poner sobre la mesa con sus socios norteamericanos. El encuentro se presentará luego de unos días en que el gobierno de México insistió con una segunda demanda en contra de distribuidores y traficantes de armas a nuestro territorio.

Finalemnte, las organizaciones recordaron la importancia para los gobiernos de México y Estados Unidos de poner a disposición información sobre las actividades y avances en la cooperación bilateral en seguridad y facilitar el diálogo y la participación de la sociedad civil.

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