El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está dependiendo cada vez más del ejército para combatir a los cárteles de la droga, pero al mismo tiempo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se está viendo manchada por una sucesión de escándalos.
El pasado martes 4 de octubre, el Senado de la República aprobó entender la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de 2024 a 2028. Al mismo tiempo, la indomable violencia en gran parte del país ha provocado movilizaciones de soldados a estados conflictuados por el narco como Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas.
Antes de convertirse en presidente del país, López Obrador había criticado a sus antecesores por usar al ejército para combatir a los cárteles. Incluso llegó a prometer que bajo su mandato los militares iban a regresar a los cuarteles.
Sin embargo, en septiembre pasado dijo textualmente que había cambiado de opinión, puesto que se había dado cuenta de lo importante que era el ejército como primera línea de combate en la “Guerra contra el narco”, iniciada por el ex presidente Felipe Calderón en 2006. Lo cierto es que hasta el período en el que “cambió de opinión”, los homicidios han seguido al alza.
Según las cifras preliminares del gabinete de seguridad federal, que serán publicadas en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el pasado mes de septiembre se registraron 2 mil 329 víctimas de homicidio doloso, es decir, un promedio de 77 víctimas al día. En su último informe, la ONG “México Evalúa” señaló que solo tres de cada 100 homicidios dolosos se resuelven en el país.
El académico de la Universidad de la Defensa de Estados Unidos y especialista en asuntos de seguridad nacional, Caraig Deare, dijo a Insight Crime, una organización especializada en análisis de narcotráfico, que con la creación de la Guardia Nacional, una fuerza de seguridad pública destinada a estar bajo control civil que acaba de ser absorbida por el ejército, las violaciones a derechos humanos y arbitrariedades están prácticamente a la vuelta de la esquina.
“El uso de las fuerza armadas (para combatir a los cárteles) se ha convertido en la nueva normalidad. La Guardia Nacional continúa creciendo en tamaño y presupuesto a pesar de que la mayoría de las fuerzas aún provienen del Ejército y la Armada a pesar de no tener la capacitación adecuada para este tipo de misión”, detalló.
“Cuando elementos significativos de las fuerzas armadas se colocan en esos roles no militares para realizar una función policial esencial, para la cual no están capacitados, los abusos de los derechos humanos serán más probables y los niveles de corrupción probablemente aumentarán”.
Caso Ayotzinapa
A ocho años de que 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecieran en Iguala, Guerrero, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia reiteró la participación activa del ejército y las fuerzas policiales, en colusión con el narco, en la desaparición y asesinato de los normalistas.
La Comisión encontró que al menos un miembro del ejército se infiltró en el grupo estudiantil la noche del 26 de septiembre de 2014, y que por tanto, las fuerzas armadas tuvieron acceso en tiempo real a los eventos a medida que se desarrollaron sobre el terreno, pero nunca hicieron nada por impedirlos.
El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien además encabeza la Comisión de la Verdad, confirmó que algunos de los estudiantes habían sido entregados al ejército antes de que un comandante local ordenara su muerte y desaparición.
Al presentar las conclusiones del informe, el propio Encinas admitió que se trataba de “un crimen de Estado”.
Las medidas que se han tomado se han traducido en el arresto del ex fiscal general Jesús Murillo Karam, aunque un juez suspendió su caso. El general retirado y ex comandante del Batallón de Infantería 27, con base en Iguala, José Rodríguez, fue detenido junto a otros dos militares. Está acusado de ordenar el asesinato de seis de los estudiantes que originalmente se mantuvieron con vida durante varios días, según descubrió la Comisión de la Verdad.
En agosto se emitieron un total de 83 órdenes de aprehensión relacionadas con el caso. Veinte de ellos fueron contra personal militar, según medios locales. Pero un mes después, tras presuntas amenazas de la Sedena de sacar al Ejército de las calles, se retiraron 16 órdenes de arresto contra militares en una medida descrita como “extremadamente inusual”.
El caso Guacamaya Leaks
El pasado jueves 29 de septiembre, se dio a conocer que un grupo de hackers y ambientalistas autonombrados como “Guacamaya” habían robado seis terabytes de información confidencial de la Sedena.
La primera información que salió al respecto vino del programa de YouTube conducido por el periodista de LatinUs, Carlos Loret de Mola, revelando los males de salud del presidente y nuevos datos sobre el “Culiacanazo”.
López Obrador confirmó que el hackeo a la Sedena había sido cierto y que no habrá investigación sobre los hackers que filtraron la información.
Desde entonces se ha dado a conocer información sensible del gobierno de López Obrador, como el espionaje a organizaciones civiles, como grupos feministas y periodistas.
También se han revelado las rutas del narcotráfico en la Ciudad de México y la presencia de narcotienditas cerca de escuelas de la capital, así como supuestos nexos del crimen organizado en Guerrero con Rusia y el seguimiento a gobernadores de Morena ante posibles vínculos con el crimen organizado.
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