Deudores en el poder: perpetuar el abandono paterno desde la política pública

Diana Luz sabe que algo no está bien con la paternidad en México: su abuelo fue un padre ausente y a su vez, su madre se encargó de cuidarla en solitario. Ahora ella ha vivido el mismo patrón que aqueja a muchas familias consideradas convencionales (es decir padre-madre) pues el progenitor de su hija se eximió de su crianza y quiso hacerlo también del costo de cuidarla. Ella no lo permitió.

Actualmente, Diana es una activista que lucha de la mano con otras madres que han vivido lo que consideran una forma más de violencia hacia las mujeres, niñas y niños: la deuda por pensión alimentaria.

En conjunto, han conformado el Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios a través del cual denuncian públicamente a los hombres que han dejado en abandono económico a los menores de edad.

Esta es la primera entrega de una serie de testimonios que ilustran cómo es que quienes cometen estas faltas están insertos en un sistema de poder que no solo permite el abandono paterno, sino que además lo perpetúa y lo encubre. Un primer punto a resaltar es cómo esta violencia se reproduce utilizando el mismo poder político como arma.

Hay una laguna de información respecto a esta problemática en el país. La falta de datos así como la poca actualización de información solo permiten tener un acercamiento parcial al tema.

De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de enero a agosto de este año se han contabilizado 15 mil 783 carpetas de investigación abiertas por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar (es decir, una persona dejó de proporcionar a sus descendiente los medios de subsistencia, sin una causa justificada).

Tanto en 2021 como en los primeros 8 meses de 2022, el Estado de México encabezó la lista con el mayor número de denuncias, le siguen Guanajuato, Chihuahua y Tamaulipas.

Debido a que esta cifra solo representa los casos que iniciaron un proceso penal, se está lejos de saber el número real de padres que deben pensión a las madres de sus hijos e hijas, ya que por falta de recursos y tiempo, muchas de ellas no suelen llevar sus denuncias a tribunales.

Además, otro dato alarmante revela que la labor de crianza y cuidados se ha recargado en un amplio margen sobre las mujeres: de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las familias con jefatura femenina o madres solteras incrementaron un 7.3% de 2014 (con 4 millones 794 mil 728) a 2017 (5 millones 146 mil 911).

Si bien, en el caso de padres solteros se dio un aumento de casi un 16% en el mismo periodo, siguieron sin alcanzar el millón para 2017 (993 mil 935), es decir, ni siquiera rozan la mitad de casos que representan las madres solteras.

La abogada Alma Bautista Ramos experta en Derecho Procesal Penal, ha trabajado de cerca el tema coordinando la única encuesta que se ha hecho sobre Responsabilidad de Crianza en las Infancias y Adolescencias de Oaxaca (ENERCI, febrero de 2022).

En ella, el 29.1% de las madres entrevistadas aseguró que el deudor alimentario de sus hijos tenía un cargo de elección popular mientras que otro 21.6% señaló que trabajaba en el gobierno del estado: “Es decir, aproximadamente la mitad de esos padres están ocupando cargos cuyo sueldo proviene del erario, que su sueldo está costeado por pago público”.

Aún cuando la encuesta se hizo en un sector de la población oaxaqueña, la abogada, misma que ha tenido contacto con varios casos de toda la República, intuye que la tendencia puede ser la misma en todo el país, pese a las ligeras particularidades por estado.

Las denuncias a diputados, jueces, elementos de la Guardia Nacional, maestros y empresarios no dejan de llegar a la página de Facebook del Frente de Mujeres, como asegura Diana Luz. En estos casos, muchas madres llegan acusando además, varias violencias que solo los poderes económico y político pueden agregar.

Lo que hace un deudor funcionario, en sus palabras, es utilizar sus redes de poder y de complicidad para poder seguir violentando: ya sea un diputado que da sobornos a jueces, o un empleado de menor rango en una dependencia que logra “llevarse bien con la secretaría o con el de derechos humanos”. Las redes de complicidad logran total impunidad.

Los padres funcionarios que adeudan pensión, utilizan sus redes o “conectes” para reportar ingresos menores a los que ganan en realidad y justificar el incumplimiento de su obligación.

De igual forma, cuando se tiene el factor poder político y económico, hay más posibilidades de “torcer” la justicia a su favor “porque es más fácil acceder a un buen abogado y tener más control de los casos”, según narra Alma.

No conformes con ello, se suma la violencia vicaria que si bien puede ser experimentada por todas las madres, se ve recrudecida al tener a un padre deudor que ocupa una posición de poder político. Al ser este su caso, muchas mujeres tienen el doble miedo, pues ellos utilizan sus recursos para amenazar con quitarles la custodia de sus hijos. Por eso muchas se abstienen de denunciar.

Por el contrario, quienes deciden continuar con el proceso hasta las últimas “consecuencias”, se ven no solo apartadas de sus hijas e hijos, sino que también son demandadas para entregar un pago a quien al inicio del proceso fue su agresor.

Es por ello que Alma Bautista asegura que ellos ganan, incluso sin hacerlo formalmente: “Con que se alargue su proceso hasta que el hijo cumpla los 18 años y no hayan tenido que pagar nunca, ya están ganando”.

De todo ello se despliega la posibilidad que tienen de permanecer como “deudores eternos” que como denuncia la abogada, continúan con el privilegio de abandonar utilizando sus espacios de poder para no pagar.

En este escenario, las madres se ven casi obligadas a crear herramientas de lucha. Diana, por ejemplo, se ha convertido en la principal promotora de la Ley Sabina, iniciativa que busca castigar a quienes cometan omisiones económicas que impidan el sostenimiento de sus hijos. Es una propuesta de 40 reformas legislativas a los Códigos Civiles y Penales locales que fue presentada ante el Congreso de la Ciudad de México el pasado mes de mayo.

Sin embargo, que los deudores alimentarios se vean impedidos para acceder a cargos públicos es algo por lo que colectivos feministas de madres han peleado en varios estados de la República, pues actualmente no existe una ley que lo impida. “Prácticamente estamos costeando la impunidad con acciones que lo único que hacen es reproducir esta falta”, sostiene la abogada Alma.

El pasado 7 de julio, la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, promovió una Acción de Inconstitucionalidad, en contra de la reforma a diversas leyes en el estado de Yucatán, en las que se establece como un requisito para que una persona pueda ser designada como integrante, titular o candidato, no ser deudor alimentario moroso, al menos que acredite estar al corriente.

Aquello ha indignado a muchas mujeres víctimas, quienes han solicitado su renuncia, pues consideran que deja de lado la máxima del Interés Superior de la Infancia.

No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha desechado dos acciones de inconstitucionalidad como la anterior que se han promovido en el estado de Hidalgo. Esta es la primera vez que se celebra un fallo de este tipo en favor de las madres denunciantes.

“Nos da luces para seguir con la serie de propuestas de reformas legislativas a los estados (...) Nos parece muy atinada la postura de la magistrada Yasmín Esquivel al decir que podrían tener un vínculo procesal porque podría tratarse de delincuentes”, dice Diana Luz.

Mientras tanto, ella y el Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios seguirán luchando para que el asunto de los padres “abandonadores”, como ellas lo llaman, no sea más privado, sino público. Para ello han recurrido a varias formas de protesta que han dado resultados.

La “Patrulla feminista” es una forma de denuncia abierta en la que se expone con un megáfono a los victimarios recordándoles los adeudos que tienen con sus descendientes.

Otra son los “Tendederos de Deudores”, con el mismo fin. Ambos comenzaron realizándose en Oaxaca, pero los esfuerzos ya se han extendido por todo el país y han llegado incluso a la frontera con Estados Unidos.

Con ello, han logrado ejercer presión para que muchos hombres paguen lo que deben a sus hijos e hijas y romper así la violencia transgeneracional que han dejado a su paso los “eternos deudores”.

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