A través de redes sociales el ex secretario del Trabajo, Javier Lozano, aseguró que el ejército busca comprar bombas lacrimógenas para poder atajar las manifestaciones callejeras y no para combatir al crimen organizado, como lo había asegurado la Sedena.
De acuerdo con los informes la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habría lanzado una licitación para poder comprar más de 2.8 millones de proyectiles de gas lacrimógeno, los cuales serían usados por la Policía Militar para mantener el orden interior y la seguridad nacional.
Dicha propuesta fue revelada días antes de que fuera aprobada en el Senado la reforma con la que se amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el año 2028.
La licitación indica que se buscará adquirir un millón 445 mil 400 proyectiles: 5% de capsaicina II, calibre .68 y la misma cantidad de armamento pero con una capacidad de 2.5%, el total de equipamiento quedaría en 2 millones 890 mil 800.
Cabe destacar que la capsaicina es una sustancia que se deriva del chile y que generalmente es utilizado en proyectiles en forma de gas para poder dispersar manifestaciones y disturbios, ya que uno de sus efectos más incómodos es la irritación en los ojos y dificular la respiración en las personas.
Sin embargo no será el único armamento, también conseguirán poco más de 88 mil granadas de mano de humo blanco, más de 40 mil rociadores de gas y más de 20 kits de llenado de compresores para lanzadores tipo rifle y pistola semiautomática.
A comienzos de octubre el Senado aprobó oficialmente la extensión de la permanencia militar en las calles hasta 2028.
Después de un maratónico debate que se prolongó por más de ocho horas, el Senado, controlado por el partido gobernante, aprobó por 87 votos a favor y 40 en contra, una reforma constitucional respaldada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Dicha reforma indica la ampliación de 5 a 9 años la participación de los militares, es decir Sedena, en labores de seguridad pública.
Los senadores acordaron la modificación de un artículo transitorio de la Constitución, vigente desde 2019, en el que se establecía que los militares debían permanecer fuera de los cuarteles hasta 2024, mismo año en el que termina el mandato de AMLO.
La iniciativa será remitida a la Cámara de Diputados, quienes tendrán que evaluar los cambios que realizaron los senadores a la reforma discutida el mes pasado por la cámara baja.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, mencionó que la iniciativa permitirá dotar a la fuerza armada de una base constitucional y al mismo tiempo la someterá a un mecanismo de control parlamentario.
Durante su sexenio, López Obrador dejó en manos de los militares una enorme cantidad de tareas, las cuales incluyen la construcción de obras emblemáticas como el nuevo aeropuerto de la capital mexicana y un tren en el sur del país, el manejo de las aduanas, aeropuertos y la distribución de vacunas.
A pesar del amplio despliegue de la Guardia Nacional, que el mes pasado pasó a estar bajo el control del Ejército, y de otras fuerzas militares en diferentes estados, la inseguridad se ha mantenido en México, por lo tanto se ha vislumbrado una clara oposición a la reforma.
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