La masacre perpetrada por presuntos miembros de Los Tequileros este 5 de octubre colocó nuevamente al municipio de San Miguel Totolapan como un foco rojo de violencia en el estado de Guerrero.

Además del terror y el dolor que provocó la ejecución de al menos 20 personas —según los datos más recientes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)— se hizo evidente, una vez más, la impunidad con la que operan los grupos criminales cobijados por servidores públicos y exfuncionarios.

Después del ataque volvió a circular en medios el nombre de Saúl Beltrán Orozco, exalcalde de San Miguel Totolapan de 2012 a 2015 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y exdiputado por la misma institución.

“Saúl Beltrán, el que fue presidente y que fue diputado, él es la cabeza de toda esa organización [Los Tequileros]” pudo escucharse en un video de 10 minutos difundido en redes sociales en el que un sujeto identificado como José Alfredo Hurtado Olascoaga, El Fresa, presunto líder de la Familia Michoacana, narró los hechos.

El vínculo entre Beltrán Orozco y el grupo antes liderado por Raybel Jacobo de Almonte, alias El Tequilero, ya se había contemplado de manera oficial por lo menos desde 2014.

Aquel año, la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDM) envió un reporte por correo electrónico a Tomás Zerón de Lucío, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en el marco de las investigaciones respecto a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Infobae México tuvo acceso a una versión testada del informe sobre presuntos nexos entre ediles guerrerenses y el narcotráfico, el cual forma parte de los archivos extraídos por el grupo “Guacamaya” tras el hackeo a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Las primeras investigaciones de la corporación lo señalaron como presunto responsable de brindar información y protección al grupo criminal.

Sin embargo, su aparente relación con El Tequilero podría tener origen varios años atrás, pues varias denuncias ciudadanas, incluyendo miembros del Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan, lo han identificado como su compadre.

En enero de 2017, las autodefensas del municipio revelaron datos que evidenciaban que la relación entre el priista y El Tequilero iba más allá de la amistad. Periodistas como Denise Maerker retomaron documentos como el libro de bautismos de la Parroquia San Miguel Arcángel, en el que quedó asentado el nombre de Saúl Beltrán como padrino de Marisol Jacobo Castillo, hija de Raybel Jacobo Dealmonte y Victoria Castillo Amaya, nacida el 18 de septiembre de 2009 en Ajuchitán del Progreso, Guerrero.

El bautizo ocurrió el 28 de abril de 2011, un año antes de que se efectuaran las elecciones para la presidencia municipal en las que Beltrán Orozco resultó ganador. El acto religioso fue oficiado por el sacerdote José Ascención Acuña Osorio, quien fue asesinado en septiembre de 2014, aparentemente, por órdenes del mismo Saúl Beltrán.

El 9 de enero de 2017, una jueza del estado de Guerrero giró una orden de aprehensión en contra de Beltrán Orozco, cuando ya fungía como diputado local del PRI, por el delito de homicidio calificado de José Antonio Zeferino Gil, empleado del Ayuntamiento de San Miguel Totolapan que fue asesinado en 2014, cuando el priista era alcalde.

Según las averiguaciones previas establecidas en el expediente CUAHU/02/005/0050/2015, el exdiputado habría sido quien dio la orden de ejecutar tanto al trabajador municipal como a José Ascención Acuña Osorio.

La declaración ministerial de Perla García Navarro, policía municipal que fue detenida por su participación en los ilícitos, señaló que Beltrán Orozco “tuvo y mantiene a la fecha [2015] buenas relaciones con el grupo criminal que opera en dicha población”. Además, mencionó como jefes de plaza en el municipio a Jacobo Dealmonte y a Vicente Popoca, alias El Chente, identificado como aliado del Tequilero y presunto líder de Guerreros Unidos en la localidad.

En la declaración que este medio pudo consultar, también se afirma que los agentes de la policía de San Miguel Totolapan recibían dinero a cambio de brindar información a Los Tequileros, además de bonos por cometer ilícitos.

“A mí se me paga la cantidad de mil 500 pesos a la semana por brindar información al Tequilero y en caso de que levantemos a una persona del grupo contrario nos dan mil pesos más y por secuestro que cometamos nos dan cinco mil pesos [...] Yo siempre he participado en halconear y secuestrar”, mencionó García Navarro.

Respecto a los asesinatos presuntamente ordenados por Beltrán Orozco, la exuniformada narró lo siguiente:

“Recuerdo que fuimos a sacar de su casa a José Antonio Zeferino Gil porque este vio cuando levantamos al cura de San Miguel Totolapan, José Ascención, ya que el presidente [Saúl Beltrán Orozco] ordenó que levantáramos al cura por problemas que tenía con él”. De acuerdo con lo dicho por García Navarro, el 22 de septiembre de 2014 ella y otros policías “que trabajaban para Popoca” acudieron a la parroquia en donde se encontraba Acuña Osorio.

Los elementos que la acompañaron sacaron al religioso de la iglesia mientras ella y otro sujeto esperaban en una motoneta. “Nosotros lo subimos a un taxi, pero cuando entramos a la iglesia iba entrando José Antonio Zeferino Gil, que trabajaba en el Catastro y él nos vio cómo nos llevamos al cura, así que nos ordenó el presidente municipal que lo desapareciéramos para que no hablara”.

Por tal motivo, continuó Perla García, el 24 de septiembre de 2014 “le caímos a su casa [...] Lo sacaron y luego lo subimos a una camioneta blanca [...] Lo llevaron al lugar conocido como Las Compuertas Cuatas”, pero El Tequilero les ordenó a ella y a otra uniformada que fueran por unas palas. Cuando regresaron de dicho encargo, “ya lo habían matado y lo enterraron en ese lugar”.

El cuerpo del sacerdote Acuña Osorio fue encontrado sin vida el mismo 24 de septiembre en el cauce del río Balsas, a la altura de la comunidad de Santa Cruz Las Tinajas.

Cuando las autoridades libraron la orden de aprehensión en contra del exdiputado, aún contaba con fuero debido a su cargo, por lo que no pudo ser ejecutada. En febrero del mismo año (2017) se solicitó de manera formal un juicio de procedencia para iniciar formalmente el desafuero y poder ejecutar la orden de detención, el cual quedó suspendido, pues el 4 de mayo se le otorgó una licencia por tiempo indefinido para separarse del Congreso.

Pasaron sólo dos semanas para que, el 18 del mismo mes, un juez federal le concediera a Beltrán Orozco un amparo que dejó sin efecto la orden de captura emitida en su contra por el asesinato de José Antonio Zeferino Gil.

Desde entonces se ha mantenido prácticamente invisible. Incluso fueron eliminados los documentos de su síntesis curricular de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), ya que es posible consultar la entrada del registro, pero no hay archivos disponibles.

A pesar de todo, parece que Beltrán Orozco no ha dejado de tener influencia en Los Tequileros, misma que pudo haberse fortalecido en caso de que fuera cierto el presunto asesinato del Tequilero, pues aunque se difundió la noticia en 2018, jamás se pudo confirmar.

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