Qué relación tiene el nuevo fiscal del Caso Ayotzinapa con Adán Augusto López

Luego de a finales de septiembre renunció Omar Gómez Trejo a la unidad de investigación encargada del Caso Ayotzinapa por diferencias con el Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, este miércoles fue anunciado al nuevo encargado de la investigación por la desaparición de los 43 normalistas.

Se trata de Rosendo Gómez Piedra, quien asumió el cargo de manera oficial este 5 de octubre como titular de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA) de la FGR. Sin embargo, es señalado como un hombre cercano al actual secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, quien también es aspirante a la candidatura presidencial de cara a 2024.

Rosendo Gómez es un abogado y doctor en Ciencias Penales y Política Criminal. Su conexión con el titular de la Segob se debe a que fue presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Tabasco cuando Adán Augusto fue gobernador de dicha entidad, del 1 de enero del 2019 al 26 de agosto del 2021, cuando dejó su cargo para dirigir la política interior del país.

Empero, la cercanía de Rosendo con el gobierno de la Cuarta Transformación no se queda ahí, pues durante la gestión de López Obrador al frente del Distrito Federal (2000-2005), se desempeñó como subprocurador de la Procuraduría General de Justicia bajo el mando de Bernando Batiz.

Como parte de su trayectoria en el servicio público, fungió como director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) durante la actual gestión, mientras que también fue secretario de Gobierno en Tabasco, en el periodo del gobernador Arturo Núñez Jiménez, quien rigió la entidad bajo la bandera del PRD.

Gertz Manero nombró al nuevo fiscal, luego de las diferencias que tuvo con Omar Gómez, las cuales salieron a relucir tras hacerse público el informe de la Comisión de la Verdad sobre la desaparición de los normalistas, en el que se concluyó que se trató de un crimen de Estado, pues en él participaron funcionarios de los tres niveles de gobierno, así como militares.

La Unidad de Investigación para el caso Ayotzinapa fue creada en 2019 tras la promesa de Andrés Manuel López Obrador de resolver la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos en el poblado de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero. Sin embargo, a tres años de investigaciones, el gobierno de AMLO no ha logrado satisfacer las demandas por esclarecer los hechos.

Desde la creación de la fiscalía especializada en el caso, Omar Gómez siempre estuvo a su cargo, dejando su anterior puesto como agente del Ministerio Público Federal.

De acuerdo con López Obrador, Gómez Trejo renunció porque las “diferencias” con el fiscal se debieron a la forma en que se emitieron las 20 órdenes de aprehensión en contra de militares, presuntamente involucrados. “No estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión”, expresó el mandatario.

Otra versión apunta a que algunos de los mandamientos judiciales se emitieron sin haber sido consultados con él, por lo que el funcionario se inconformó, así como el hecho de que Getz quería apresurar la detención del exprocurador General de la República (PRG), Jesús Murillo Karam, mientras que Gómez Trejo pedía aplazarlo un mes para proceder con las investigaciones.

Asimismo, la FGR ordenó la cancelación de al menos 20 órdenes de aprehensión del total de 83 que se habían liberado con relación en el caso, de las cuales cerca de una veintena fueron contra soldados y mandos militares de las Fuerzas Armadas, de los batallones 27 y 41 de Iguala. La baja de las órdenes y la renuncia del encargado de la investigación generaron dudas sobre la libertad de actuación de la fiscalía en el caso.

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