Periodistas, activistas y organizaciones civiles unieron fuerzas para presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los actos de espionaje en los que ha incurrido la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Fue durante una conferencia de prensa realizada al medio día del pasado lunes y coordinada por la organización internacional de derechos humanos por la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, Artículo 19, que se hizo presente la exigencia de que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue el caso.
Cabe mencionar que dicha denuncia se realizó a partir de que un reportaje periodístico expusiera que el Ejército Mexicano intervino con un malware los dispositivos móviles del periodista Ricardo Raphael, así como del director del medio Animal Político, Daniel Moreno y del activista Raymundo Ramos, vulnerando así no solo su seguridad y privacidad, sino también su derecho a la libertad de expresión.
El reportaje, en el que colaboraron medios como Animal Político, Proceso o Aristegui Noticias da cuenta de que entre los años 2019 y 2020 el actual Gobierno de México adquirió un software de espionaje a la única empresa autorizada para vender el programa Pegasus en el país.
Del mismo modo, dicha investigación de carácter periodístico constató que los dispositivos móviles del periodista Ricardo Raphael y del presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Raymundo Ramos, sufrieron infecciones con el mencionado malware a lo largo de los últimos tres años.
Con dichos precedentes, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 México y Centroamérica, señaló la gravedad del caso en dos sentidos; el primero refiere a que el presidente Andrés Manuel López Obrador mintió al afirmar que durante su administración no se cometían actos de espionaje y el segundo a que si el mandatario tabasqueño en realidad desconoce dichas actividades, entonces la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está actuando a sus espaldas.
En la misma conferencia de prensa, Daniel Moreno, director del medio Animal Político y víctima del espionaje, declaró que es necesario que el presidente Andrés Manuel López Obrador responda bajo qué criterios dichos periodistas y activistas fueron contemplados para ser vigilados por las autoridades.
“Vulneraron al periodista en lo personal, en lo familiar y a todo Animal Político… Queremos saber si el Presidente sabía o no sabía”, aseveró el director del portal de noticias web.
Asimismo detalló que durante la tradicional conferencia matutina del mandatario tabasqueño intentaron cuestionarlo al respecto, no obstante, no tuvieron éxito. Pese al desalentador panorama y la poca credibilidad que los afectados han declarado tener tanto en la Fiscalía General de la República (FGR) como en el presidente de México, Daniel Moreno aseguró que continuarán insistiendo en obtener respuesta por los hechos.
Por su parte, el activista Raymundo Ramos expuso que durante más de 20 años él ha estado en la mira del Ejército Mexicano por denunciar casos de violaciones a los derechos humanos en los que han incurrido miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
No obstante, advirtió que no por infectarles sus dispositivos móviles con softwares de espionaje detendrán su búsqueda por la justicia y su compromiso con la protección a los derechos humanos. En tanto, responsabilizó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) así como a la Secretaría de Marina (Semar) de cualquier cosa que pueda sucederle a él, a sus compañeros o a sus familiares.
Finalmente, Edith Olivares, presidenta de la organización civil Amnistía Internacional, hizo especial énfasis en destacar que dichos actos de espionaje cometidos por las Fuerzas Armadas Mexicanas no son más que un reflejo de la iniciativa militarista que permite desaparecer las corporaciones civiles federales de seguridad pública.
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