Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), informó sobre el arranque de la tercer etapa de implementación de la Reforma Laboral. Destacó que este 3 de octubre “culmina la transición al Nuevo Modelo de Justicia Laboral en todo el territorio nacional”.
A través de su cuenta de Twitter escribió este lunes 3 de octubre: “Hoy arrancó la tercera y última etapa de implementación de la #ReformaLaboral. Con ello, un nuevo sistema de justicia se hace realidad en todo el territorio nacional. La conciliación, la negociación colectiva, la libertad y democracia sindical como pilares de la transformación.”
Cabe destacar que son 11 los estados que se integraron a la tercera y última etapa, los cuales son: Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán, así como Baja California Sur y Guerrero a nivel local, así lo informó la titular en el acto celebrado en el Patio del Trabajo en la Secretaría de Educación Pública.
En el evento se encontró el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; los presidentes de los Tribunales de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, y del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar; el director del Centro Federal Laboral, Alfredo Domínguez Marrufo; la secretaria del Trabajo de Veracruz, Dorheny García Cayetano, y el consejero de la Judicatura, Sergio Javier Molina Martínez.
“Se trata de un cambio integral, de dimensiones impresionantes, que busca transformar el mundo del trabajo en beneficio de trabajadores del sector productivo, y de la sociedad en general”, mencionó Alcalde.
Asimismo, destacó que el proyecto busca impulsar la conciliación como pieza clave del modelo y recuperar la dignidad del trabajo como patrimonio común, impulsar el diálogo social, contar con una justicia cercana a las personas trabajadoras y a los empleadores, cumplir con los compromisos internacionales, evitar la discriminación, incluir la agenda de género, así como recuperar la negociación colectiva.
“Continuamos con el plan de concluir en tres años la implementación del nuevo modelo de justicia laboral y hoy estamos aquí quienes participamos en esta hazaña, con el liderazgo del presidente de México Andrés Manuel López Obrador”, mencionó.
Aunado a ello, destacó que se han instalado 151 Centros de Conciliación, 44 federales y 109 locales, a cargo de 802 profesionistas de la mediación; y 148 sedes de Tribunales Laborales, 41 federales y 107 locales, a cargo de 317 juezas y jueces.
Asimismo, aseveró que 350 mil trabajadores han elegido a sus dirigentes a través del voto secreto y directo; 2 millones de personas trabajadoras han decidido si aprueban o no sus contratos colectivos en más de siete mil consultas de legitimación, que han tenido una participación por encima del 80%; y los contratos colectivos legitimados ofrecen 5.7% mejores salarios que aquellos que no lo han sido.
“Se decía al inicio de esta transición, que la reforma laboral inhibiría la llegada de inversiones, que habría inestabilidad, qué se acabaría la paz laboral y se perderían fuentes de empleo, por el contrario, en México hoy nos encontramos en máximos históricos de inversión, de empleo y de salarios promedio registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social”, refirió.
Por su parte, el ministro Ortiz Mena, destacó el compromiso incuestionable del Poder Judicial por cumplir con los mandatos constitucionales, además de que permite saldar la deuda histórica de justicia social en México, y hoy este cambio en la justicia laboral es gracias al esfuerzo interinstitucional encabezado por la STPS y su titular, Luisa María Alcalde.
El director general del Centro Federal Laboral, Alfredo Domínguez Marrufo, mencionó que este nuevo modelo significa decir adiós al coyotaje y a la industria del litigio, que igual sangra al trabajador que al empleador; a los juicios interminables plagados de trampas y chicanas; a los contratos de protección y a la simulación en los procedimientos de negociación colectiva; al corporativismo y los sindicatos de papel y a las dirigencias sindicales donde las trabajadoras son relegadas o inexistentes.
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