Caso Ayotzinapa: el GIEI pidió ayuda al gobierno de España

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) quienes investigan el caso Ayotzinapa, solicitó ayuda a España, debido a que, denunció, la Fiscalía General de la República (FGR) ha obstaculizado la indagatoria que lleva a cabo, sino la de su propia Unidad Especial de Investigación para el caso Ayotzinapa-

De acuerdo con la denuncia presentada por los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revelaron en su último informe presentado el pasado jueves, que algunos de los “obstáculos” que ha enfrentado la Unidad Especial de Investigación.

Los especialistas señalaron a la Dirección General de Laboratorios Criminalísticos de la FGR de obstaculizar la indagatoria, pues revelaron que dicha área “no diligenció favorablemente una solicitud de pericias de voz, por lo que la unidad solicitó apoyo al gobierno español, señaló Milenio.

“Los peritos españoles dieron el match voz entre la prueba indubitada y la que era objeto de la pericia, con los mismos elementos. Cabe mencionar que estos son quienes capacitaron a los mexicanos”, destacaron.

El diario señaló que también resaltaron el caso de una funcionaria, de quien no revelaron su nombre, que participó en la detención del presunto integrante de Guerreros Unidos, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo.

“Fue quien respondió una solicitud de la Unidad en una investigación por tortura de Rodríguez Salgado. Es integrante de una de las unidades que depende de la Coordinación de Métodos de Investigación”, detalla el documento.

Criticaron que la Unidad Especial fue creada en 2019, pero, pese a estar adscrita a la oficina del titular de la FGR, debió esperar hasta 2020 para que le entregaran facultades de investigación.

También señalaron que la unidad es la “responsable de concluir los procesos penales vinculados” con el crimen, pero la que judicializó la carpeta de investigación contra el ex procurador Jesús Murillo Karam fue un área distinta.

Cabe recordar que durante la presentación de su informe -el pasado jueves 29 de septiembre-, el GIEI señaló las evidencias que apuntan a una presunta relación de contubernio entre grupos del narcotráfico en el estado de Guerrero y distintas autoridades de todos los niveles de gobierno, así como con las Fuerzas Armadas, pues están documentados algunos mensajes que hacen referencia al pago de sobornos a mandos regionales del Ejército y la Marina.

El grupo de expertos integrados por la colombiana, Ángela Buitrago; Claudia Paz y Paz, de Guatemala; Carlos Beristain, de España y Francisco Cox, de Chile; aseguró que se ha documentado el trasiego de droga, como cocaína y heroína, por medio de autobuses que partían de Guerrero, hasta el Chicago, en Estados Unidos, y que algunos elementos de las fuerzas de seguridad como la Policía Federal, el Ejército y la Marina llegaron a ofrecer protección a las células delictivas.

“Hay conversaciones que refieren la relación entre personas de Guerreros Unidos y Marina, Semefo, diversos alcaldes, C4, policías de varias instituciones y regiones. En síntesis, hay una relación cercana entre criminales y autoridades. Hay acciones coordinadas entre ellos”, apuntó la experta en derecho.

Destacó la existencia de al menos 12 conversaciones en las que líderes de Guerreros Unidos y sus operadores hablan de “jales” (trabajos) que realizaban de manera conjunta con elementos de fuerzas de seguridad, o en su caso de “comidas” brindadas por los criminales a militares.

Los miembros del GIEI señalaron que algunos de los mensajes corresponden a abril de 2014, es decir al menos cinco meses antes del ataque a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

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