La organización Prisoners Defenders recalcó este viernes que defenderá los derechos humanos de las y los ciudadanos de Cuba tanto en territorio mexicano como en otros países de América Latina.
Así lo dijo en conferencia de prensa, Javier Larrondo, presidente de la asociación internacional:
“No estamos aquí sino para defender los derechos y libertades de los ciudadanos y los pueblos de América Latina mediante la acción jurídica activa, y la acción social diplomática y política con el fin de enfrentar las derivas autoritarias y autocráticas, así como muy particularmente la violencia”
Y es que en meses pasados la asociación denunció las condiciones de “esclavitud” en las que se encuentran más de 600 médicos de la isla que participan en misiones las localidades más remotas del país. Esto como parte del convenio de salud firmado este año entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Miguel Díaz-Canel.
De acuerdo con sus investigaciones, la dictadura cubana recibe el 80% del dinero cobrado por dichos médicos.
Por si fuera poco, revelaron el supuesto perfil de 60 de estos trabajadores de la salud que llegaron recientemente a Nayarit y Colima. A través de un formulario y entrevistas cualitativas, se concluyó que algunos de estos presuntos médicos son en realidad militares y miembros de la inteligencia de Cuba; es decir, no cuenta con especialización alguna. Esto debido a que la dictadura teme que los verdaderos médicos intenten desertar hacia Estados Unidos para solicitar asilo.
En el informe de la ONG también mencionar que, por la contraprestación de este servicio, México pagaría al gobierno cubano algo más de un millón 184 mil dólares al mes, y el contrato es por dos años.
La agrupación, creada en 2018 en Madrid, España, adquirió relevancia internacional por su defensa e investigación de los presos políticos de Cuba, por lo que han recibido apoyo del Parlamento Europeo y las Naciones Unidas. Ahora, esperan expandir su área de influencia en toda América Latina, el segundo capítulo regional que abren después de Asia.
Por lo anterior se anunció que Prisoners Defenders America Latina tendrá una sede en la Ciudad de México, la cual investigará y acompañará en tribunales las denuncias en el país sobre violaciones a derechos humanos que sufren los inmigrantes.
Pero también busca coadyuvar en la búsqueda de justicia en temas como el desabasto de medicamentos para niños con cáncer, las desapariciones forzadas, asesinatos de periodistas y otros delitos que no se han atendido por el gobierno.
“Vivimos tiempos de extrema violencia en la región, algunas democracias han caído y otras se encuentran amenazadas por el avance de regímenes autoritarios que llegan siempre por la vía democrática capitalizando el enojo por las profundas desigualdades”, expresó Marietto Ponce, director general de Prisoners Defenders América Latina.
El activista aprovechó para criticar a López Obrador por desaparecer el seguro popular que daba servicios médicos a personas sin afiliación social, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo y refugios para mujeres víctimas de violencia.
También citó que más de 15 millones de mexicanos se quedaron sin acceso a la salud en la gestión de López Obrador y desaparecieron la mitad de las bibliotecas.
“Con este Gobierno o con estos Gobiernos, hablando de la región, los ciudadanos pasan a segundo plano y quedan por encima de ellos su proyecto de nación, y es ahí donde se cometen la mayor cantidad de violaciones a derechos humanos”, remarcó.
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