El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que da seguimiento a la investigación en torno al caso Ayotzinapa, señaló las evidencias que apuntan a una presunta relación de contubernio que establecieron grupos del narcotráfico en el estado de Guerrero con distintas autoridades de todos los niveles de gobierno y también con las Fuerzas Armadas, pues están documentados algunos mensajes que hacen referencia al pago de sobornos a mandos regionales del Ejército y la Marina.
El grupo de expertos integrados por la colombiana, Ángela Buitrago; Claudia Paz y Paz, de Guatemala; Carlos Beristain, de España y Francisco Cox, de Chile, ofrecieron este jueves una conferencia de prensa desde la sede la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para presentar el Tercer Informe de su trabajo de seguimiento a la investigación por la desaprición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Claudia Paz apuntó a la necesidad de comprender el contexto en el que se dio la agresión a los estudiantes en la ciudad de Iguala el 26 de septiembre de 2014 y expuso que se ha documentado el trasiego de droga, como cocaína y heroína, por medio de autobuses que partían de Guerrero, hasta el Chicago, en Estados Unidos, y que algunos elementos de fuerzas de seguridad como la Policía Federal, el Ejército y la Marina llegaron a ofrecer protección a las células delictivas.
“Hay conversaciones que refieren la relación entre personas de Guerreros Unidos y Marina, Semefo, diversos alcaldes, C4, policías de varias instituciones y regiones. En sintésis, hay una relación cercana entre criminales y autoridades. Hay acciones coordinadas entre ellos”, apuntó la experta en derecho.
Parte de estas evidencias, según explicó Claudia Paz, llegaron cuando las autoridades de Estados Unidos entregaron a la Fiscalía mexicana las comunicaciones interceptadas como parte de un juicio sobre tráfico de heroína y cocaína desde Iguala a Chicago.
Destacó la existencia de al menos 12 conversaciones en las que líderes de Guerreros Unidos y sus operadores hablan de “jales” (trabajos) que realizaban de manera conjunta con elementos de fuerzas de seguridad, o en su caso de “comidas” brindadas por los criminales a militares.
Los miembros del GIEI señalaron que algunos de los mensajes corresponden a abril de 2014, es decir al menos cinco meses antes del ataque a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
En uno de esos mensajes, el líder de una célula delictiva explica a sus superiores que ofrecerán un “caldo de cangrejo” a uno d elos mandos militares, y de acuerdo con las conclusiones de los expertos, es una referencia en clave a la entrega de sobornos, e incluso los enviados criminales habrían ingresado a la sede del 27 Batallón en Iguala para entregarlo personalmente.
La experta en derecho dijo que actualmente algunos de los militares mencionados en esos mensajes ya están detenidos — hay cuatro procesados— pero otros todavía no.
El GIEI confirmó así la presunta participación del Ejército en los hechos violentos contra los normalistas e insistió en las nuevas evidencias de la “estrecha” relación de militares con miembros del cártel de Guerreros Unidos, la cual se venía desarrollando desde muchos meses antes del 26 de septiembre de 2014.
Sin embargo, Ángela Buitrago denunció que todavía hay información de inteligencia militar clave cuyo acceso tienen vetado por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que se les diera acceso a todos los archivos.
Los expertos independientes recordaron que las investigaciones a cargo de la extinta PGR omitieron dar seguimiento a la línea de investigación que se refería a la existencia de un “quinto autobús”, el cual transportaba un cargamento de droga y que el día de los hechos fue tomado “accidentalmente” por un grupo de 14 estudiantes normalistas, lo que ayudaría a explicar el nivel de violencia desatado por los sicarios de Guerreros Unidos.
De manera unánime, los expertos del GIE respaldaron el informe presentado el 18 de agosto de 2018 por la Comisión de la Verdad, conducida por Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, en el cual fue revertida la “verad histórica” de la administración de Enrique Peña Nieto y se apuntó a un “crimen de Estado”, y para sustentar esta nueva indagatoria se mostraron nuevos datos sobre la participación del Ejército, los cuales consisten en capturas de pantalla de las conversaciones interceptadas en las que se apuntaba a que militares presuntamente dieron la orden de matar a algunos estudiantes y manipularon y ocultaron sus restos.
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