El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), a través del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), se posicionó sobre el informe de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, esto, tras la filtración el pasado 25 de septiembre del reporte sin testar del caso.
Durante conferencia de prensa este jueves 29 de septiembre, los integrantes dieron a conocer que a petición de los padres de los normalistas, continuarán en la investigación, pues se esperaba que terminarán su trabajo el próximo viernes 30 de septiembre.
Y es que entre los hallazgos que ha realizado el GIEI, se dio a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tuvo conocimiento de cada movimiento de los estudiantes y el crimen organizado a través de intervenciones telefónicas.
En su participación, el investigador de las violaciones de derechos humanos en América Latina, Carlos Martín Beristain, indicó que en el informe del Grupo Interdisciplinario “está consolidado” que la organización criminal Guerreros Unidos estuvo involucrada, junto con la Fuerza Pública, en la desaparición de los 43 estudiantes.
De acuerdo con el académico, el informe destaca la infiltración de personal del ejército en el movimiento estudiantil, con el objetivo de conocer en tiempo real sus actividades.
Señaló que los elementos llevaban a cabo interceptaciones de las comunicaciones de lo que estaba sucediendo el 26 de septiembre en Iguala, y aún sabiendo esto, destacó Martín Beristain, “no hicieron nada para proteger a los normalistas”.
Asimismo, declaró que entre el 26 de septiembre y el 4 de octubre del 2014 las autoridades interceptaron comunicaciones que exponen conversaciones sobre el destino de los jóvenes.
“Estos archivos que encontramos en la Sedena muestran que el día 26 de septiembre y el 4 de octubre había interceptaciones telefónicas que hablaban sobre los jóvenes, que hablaban de dónde había que mandar los jóvenes, y algunas de ellas son del día 4 de octubre, es decir, varios días después de los hechos. Esas comunicaciones mostrarían que una parte de los jóvenes estarían vivos en esos días”
En tanto, la abogada Angela María Buitrago Ruíz detalló que fue el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien dio su autorización para revisar los documentos de la Sedena. Aunque, recalcó, el Ejército no ha brindado aún toda la información.
En esta revisión de archivos encontraron desde 2021 partes de textos de documentos transcritos por los sistemas de inteligencia de los batallones 27 de la 5 militar, del batallón 41 del 50 y de la Región Central México DN-1, “que pertenecen a la Sedena”.
Derivado de esto, sostuvo la abogada, se encontró que:
-Existían procesos de intervención telefónica
-Existían monitoreos de comunicación de Guerreros Unidos y otras autoridades
-Existía una orden de realizar estas interceptaciones a personas que ya habían sido establecidas como parte de Guerreros Unidos
Por su parte, la defensora de derechos humanos, Claudia Paz y Paz Bailey, dijo que el informe confirmó la existencia de un quinto autobús, ocultado por las autoridades federales, y que confirma las indagatorias de autoridades de Estados Unidos (EEUU) sobre el trasiego de droga desde Iguala, Guerrero, hasta Chicago.
Mencionó que “uno de los autobuses tomados por los estudiantes, quinto autobús, había sido ocultado de la narración de los hechos por las autoridades, tanto de PGR (Procuraduría General de la República) como de otras fuerzas de seguridad”.
Y agregó: “El autobús existió, salió esa noche detrás de la Central Camionera. Llegó al puente del Chipote, se encontró con uno de los autobuses donde estaban bajando a los muchachos. Fue detenido (…) Sorprendentemente pudo pasar todos los retenes”.
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