La desdicha de ser ex policía federal en la Guardia Nacional: informe de ONG reveló una oscura realidad

Ya son tres años desde que se creó la Guardia Nacional y desapareció la Policía Federal, pero los resultados de la corporación militar no han sido otra cosa más que perjudiciales, según reveló un informe presentado este miércoles por la ONG Causa en Común.

“Las conclusiones a las que llegó este documento es que nos mintieron. Nos mintió el presidente (AMLO), nos mintieron las Fuerzas Armadas al decir en la Constitución y quedar establecido que (la GN) iba ser una fuerza civil”, afirmó la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera Mitre, durante la presentación del informe “Policías al grito de guerra: ser policía en una corporación militar”.

El estudio de la ONG se desarrolló con base en tres ejes: condiciones laborales; pérdida de capacidades e información; y consecuencias para la seguridad y el bienestar del país.

En él se entrevistaron a 32 ex policías federales: 10 mujeres y 22 hombres, la mayoría con más de una década de servicio. Sin embargo, casi todos, pese haber hecho la transición de policías federales a guardias nacionales, con el tiempo aceptaron la “baja voluntaria” por las pobres condiciones legales, administrativas y operativas con las que trabajaban.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ofreció “bajas voluntarias” a los ex policías federales y las personas que fueron indemnizadas, las cuales señalaron que no se consideraron los años completos o les ofrecieron menos dinero de lo previsto por la ley, y para evitar entrar en litigio, muchos decidieron aceptarlo.

“Los militares se encargaron de tener el mando de la Guardia Nacional e hicieron a un lado a los policías federales que eran los que tenían el conocimiento en seguridad pública. Si ustedes van a la Guardia Nacional y le preguntan a los militares cuáles son sus funciones en seguridad, van a ver que ni siquiera las saben”, puntualizó Morera Mitre.

Otro punto que abordó el estudio fue la pérdida de capacidades e información, pues se hizo evidente la poca capacidad que existe para llevar a cabo operativos y operaciones con base en elementos mínimos de inteligencia.

Para Adriana Herrera, quien prestó sus servicios durante 23 años en las fuerzas armadas con el grado de mayor, el último de ellos en la Guardia Nacional, las modificaciones que se han hecho por parte del Poder Legislativo en relación con los militares asignados a la GN son negativas para el personal formado en el ámbito policial.

“Las Fuerzas Armadas no están capacitadas para desempeñar funciones de seguridad pública porque sencillamente no están preparadas para eso. Una incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas en tiempos de paz es una violación gravísima a los derechos humanos”, lamentó.

Afirmó que la mayoría de los analistas y expertos que opinan acercar del tema lo hacen viendo los daños colaterales al exterior de las fuerzas armadas, pero nunca analizan el daño colateral que se está haciendo al interior, donde se coloca al personal en una situación jurídica muy irregular.

“Yo ya no quise participar en este tipo de de actividades que son totalmente irregulares, que carecen de un marco jurídico y que no están soportadas ni fundamentadas en derecho. Me negué a cumplir órdenes de mis superiores, que tenían el mando policial y el mando militar al mismo tiempo”, zanjó.

“Todas estas situaciones no se analizan cuando se aprueban las leyes. El estar dependiendo administrativamente de Sedena y Guardia Nacional te sujeta al fuero de guerra, te sujeta a la legislación militar, te sujeta a procedimientos y mecanismos de intimidación”, agregó.

La presidenta de Causa en Común dijo que entre los testimonios hubo mujeres que denunciaron haber sido abusadas sexualmente y que sus mandos, lejos de separarlas del área donde las acosaron o abusaron, les dijeron que si querían su baja, tenían que esperar más de mes y medio en lo que se resolvía su caso.

El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en su “Inventario Nacional de lo Militarizado”, contabilizó 227 funciones que han pasado a manos militares, siendo completamente de carácter civil.

De 2008 a noviembre de 2021, la Fiscalía General de la República inició mil 91 investigaciones penales en contra de elementos de la SEDENA por la presunta comisión del delito de tortura. Del total, sin embargo, solo 33 han sido judicializadas, lo cual podría ser señal de una deficiente investigación, pero también de pactos de impunidad.

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