Tras el recorte presupuestario de 4 mil 913 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE) con relación al paquete económico 2022, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados refrendó la disminución de recursos a la autoridad electoral, a pesar de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La decisión fue aprobada por 29 votos a favor al interior de la comisión que respaldó el documento promovido por la bancada morenista, con el apoyo de los legisladores del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde (PVEM), frente a 22 en contra de los partidos políticos de la oposición. Con la aprobación se sostuvo el paquete aprobado en noviembre del 2021.
Fue en junio de este año que la Sala superior de la Suprema Corte declaró como invalido el presupuesto otorgado para el INE correspondiente al periodo del 2022, luego de que la Cámara de Diputados advirtió el recorte previamente mencionado, por lo que la judicatura ordenó a los legisladores de San Lázaro emitir un nuevo presupuesto o fundamentar el recorte.
“La Cámara de Diputados no motivó reforzadamente la modificación que hizo al anteproyecto que dicho Instituto presentó; aunado a que tal ajuste compromete las funciones de ese organismo constitucional autónomo, lo que podría traducirse en una violación de los derechos fundamentales de carácter político-electoral”, dictó la SCJN el 1° de junio.
El Instituto Electoral solicitó para el paquete 2022 un presupuesto total de 24 mil 649 millones de pesos, pues tenían contemplada una eventual consulta popular, así como la revocación de mandato, por lo que pidieron una partida extra. No obstante, la Cámara de Diputados les otorgó 19 mil 713 millones; el INE interpuso una controversia constitucional ante la SCJN como respuesta.
Sin embargo, la Comisión de Presupuesto -presidida por Reginaldo Sandoval, del PT- catalogó como errónea la recomendación de la Suprema Corte. “La Cámara de Diputados, en ejercicio de sus facultades y atendiendo los resolutivos de la sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, referente a la Controversia Constitucional 209/2021, reitera su decisión respecto al monto de los recursos aprobados al Instituto Nacional”.
El dictamen de Presupuesto y Cuenta Pública acusó que el INE no realizó un ejercicio de presupuesto correcto para la consulta ciudadana prevista y para el proceso de revocación de mandato, además de que los criterios que el órgano electoral utilizó para justificar los recursos solicitados para las resoluciones no son consistentes con los requeridos para los demás procesos electorales a organizar.
Por su parte, la comisión apuntó que los 11 consejeros electorales del INE y otros 110 funcionarios del Instituto ganan más que el presidente de la República, siendo que de únicamente de salarios se erogan 254.4 millones de pesos anuales, más 131 millones de gastos médicos del personal civil y 306 millones de seguros.
Asimismo, el documento emitido concluye que el INE no acató ni observó la Ley Federal de Austeridad Republicana del gobierno federal, sumando al hecho de que se encontraron inconsistencias en los montos destinados para la consulta y el proceso de revocación. En tanto, se justificó el recorte señalando que el instituto a cargo del consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello solicitó “un monto considerablemente alto”.
Aún falta que dicha resolución sea avalada por el pleno de la Cámara de Diputados, aunque se prevé su aprobación por parte del grupo mayoritario integrado por los promotores de la Cuarta Transformación (4T). Ya fue turnado a la Mesa Directiva y se espera que su discusión tenga lugar el próximo 28 de septiembre.
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