A ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el acceso a la justicia y verdad para las familias pareciera desvanecerse. No así las acusaciones (reiteradamente referidas) contra el Gobierno Federal por colusión entre el Ejército con el crimen organizado y opacidades en el caso.
Una de éstas, según expuso el periodista, Carlos Loret de Mola, fue la amenaza que el Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, lanzó en una reunión intramuros en Palacio Nacional contra las tres pilares del caso: Alejandro Encinas, titular de la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia (COVAJ), Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República (FGR) y el propio Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
“Si siguen manchando al Ejército, retiro a los militares de las calles y a ver qué hacen”, habría sido la advertencia del General ante la divulgación del informe de la COVAJ por el cual se extendieron más de 80 órdenes de aprehensión; 20 de ellas contra jefes militares y personal de tropa del municipio.
Ante la inconformidad de quien ahora figura como su más importante secretario - por la política de seguridad que refuerza al Ejército mexicano -, López Obrador instruyó a la Fiscalía y a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) regular el golpe contra los militares. No obstante, destacó Loret, fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien mostró renuencia a frenar los procesos jurídicos.
“En pocas palabras, en el Poder Judicial no quisieron pagar el costo político de dar impunidad al Ejército (...) Le devolvieron la papa caliente al Poder Ejecutivo”, señaló el columnista en un texto para El Universal.
De ahí que Encinas habría tenido que “bajarle” al discurso contra las Fuerzas Armadas, negando su asistencia a las entrevistas consecuentes a la mañanera donde presentó el informe. No obstante, destacó el columnista, fue el Fiscal General quien terminó por “absorber el costo político”: la inhabilitación de 21 órdenes de aprehensión.
Esto último, cabe recordar, fue dado a conocer con una filtración del diario, El País, el cual acusó a la FGR de incluir entre los recursos de detención desechados a 16 contra miembros del Ejército presuntamente relacionados con la delincuencia organizada. Uno de ellos, según el medio, es a Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería en el momento del ataque contra los jóvenes de Ayotzinapa.
“En las élites políticas y militares de la 4T ya habían llegado a un arreglo inicial. Era a todas luces un arreglo inestable”.
Sin embargo, fueron las revelaciones del informe sin testar, publicada por la periodista Peniley Ramírez, lo que Loret de Mola señaló de haber “puesto todo de cabeza” en aquel acuerdo.
“Hoy queda claro que AMLO trató de manipular el reporte de su propia administración (...) Queda exhibido que el Gobierno Federal está fracturado por dentro a consecuencia en este caso”, atajó Loret de Mola.
Cabe recordar que la revelación de la cancelación de 21 órdenes de aprehensión no sólo fue confirmada por el Jefe del Ejecutivo Federal, también justificada y apoyada bajo el argumento de que los señalados no estaban contemplados del informe de la Comisión.
Así lo refrendó el mismo 26 de septiembre (en el aniversario del crimen de estado), así como en su mañanera de este martes 27; reafirmando así el estima - o protección - que se ha insinuado de López Obrador hacia Gertz Manero, pese a su cuestionable desempeño al frente de la Fiscalía.
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