La ONU-DH México compartió hoy una carta emitida por expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, mismos que hicieron un llamado al gobierno mexicano para revertir las reformas legislativas en materia de la Guardia Nacional.
En este contexto, los expertos pidieron frenar la reforma constitucional que busca extender la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028.
Cabe recordar que en fechas recientes fueron aprobadas las reformas legislativas mediante las cuales se traslada el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Además, a poco menos de un mes de ello, en la Cámara de Diputados, un miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una iniciativa de reforma constitucional que pretende extender la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.
Al respecto, los miembros autónomos manifestaron su preocupación por esta serie de medidas, mismas que implicarían reforzar la presencia de las fuerzas armadas en las calles:
“Dichas reformas legislativas han sido impulsadas en detrimento de las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos”, acusa el documento.
Las preocupaciones de los expertos independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
En primer lugar, se encuentra la preocupación por el carácter “claramente inconstitucional” de esta reforma, misma que contradice el artículo 21, según explicaron.
Además, expresaron que, resulta alarmante que de manera casi inmediata tras la publicación de estas reformas, la Cámara de Diputados haya aprobado la reforma constitucional que permitiría extender este periodo por cuatro años adicionales.
“El avance de estas iniciativas significa un ataque en contra del principio de supremacía constitucional”, atajaron y a la par acusaron que las reformas recién aprobadas autorizan “abiertamente” a las Fuerzas Armadas a desobedecer la constitución.
Otra fuente de alerta para los miembros de la ONU es que la reforma “consolida la militarización de la seguridad pública en México” y desmantela a la SSPC, según expresaron los miembros del Consejo.
En este sentido señalaron que, como expertos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, según la información recibida, estas reformas “no cumplirían con los estándares del derecho internacional de derechos humanos y los parámetros que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana”.
“Nos preocupa la evidente intención de ampliar el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, siendo tareas que no les son propias y para las que no han sido entrenadas, lo cual podría favorecer y mantener la comisión de graves violaciones de derechos humanos”, expresaron.
Cabe agregar que, en este sentido reiteraron que la tasa de impunidad en casos de violaciones graves a derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas se mantiene en niveles preocupantes en México.
En tanto, acusaron que, la reforma recientemente aprobada no contiene ni una disposición sobre mecanismos para controlar el poder que se está otorgando a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Llamamos al Gobierno de su Excelencia a tomar las medidas necesarias para revertir las reformas legislativas publicadas el 9 de septiembre de 2022; no aprobar la reforma constitucional que pretende extender la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad”, atajaron.
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