Violada y torturada por militares: Ana Georgina Domínguez lleva 13 años en prisión preventiva, a pesar de ser inocente

Ana Georgina Domínguez Macías (Veracruz, 40 años) es inocente. Lleva 13 años en prisión preventiva. Un grupo de militares irrumpió de la nada en su casa. Frente a sus hijos empezaron a golpearla a ella y al que era su esposo. Se la llevaron. En una base del Ejército la violaron y la torturaron. Creían que era la contadora de un cártel de drogas. Tres días después les notificaron su error. Pero, lejos de dejarla ir, le fabricaron dos delitos que la tienen hasta hoy recluída en el Penal de Santiaguito (Estado de México). Su caso pone rostro y nombre a dos de las principales preocupaciones actualmente en México: la funcionalidad de la prisión preventiva y el exceso de poder en manos del Ejército.

“El 9 de septiembre del 2009, elementos de la Sedena irrumpen en mi hogar (en Coatzacoalcos, Veracruz) destruyendo la puerta, el portón y entrando a nuestro departamento”, comienza su relato Ana Georgina en una llamada telefónica con Infobae, “empezaron a entrar los elementos, en todo momento gritando: ‘quiénes viven aquí', ‘cúantos viven aquí', ‘a qué se dedican’, ‘para quién trabajan’, ‘identificaciones’. Todo el tiempo jaloneándonos. A mí me golpearon con su armas en las costillas, en la cabeza. Me hicieron que me pusiera una ropa que ellos traían, me amarraron de las manos”.

A sus hijos los hicieron a un lado y ahí los dejaron mientras se llevaban a sus padres a la fuerza. Georgina cuenta que, después de dar muchas vueltas y parar en otros lugares, los llevaron a una base militar. Ahí continuaron torturándolos a ella y a su entonces esposo, Eduardo Almada. También fue en ese momento que los elementos del Ejército la violaron sexualmente.

“Ahí vuelvo a ver, en esa base militar, como golpean a Eduardo Almada Blanco. A mí me fotografían desnuda, me hacen caminar como en pasarela y después es que cuatro elementos de la militar pues cometen su abuso, en todo momento con insultos, bajezas, diciéndome que ahora sí iba a saber lo que era ser mujer y que si yo no cooperaba lo mismo le iba a pasar a mis hermanas y a mis sobrinas”.

Luego, refirió, fue llevada a la extinta Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la antigua Procuraduría General de la República (PGR). Volvió a ser torturada pero ahora por policías mujeres de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Ahí estuvo retenida unos tres días. Todo ese tiempo con los ojos vendados.

“El tercer día me suben a una parte más alta del edificio y me conducen a una oficina muy grande, muy lujosa, donde creo que habitaba un alto mando de la militar —lo sé porque comentaban que estaban esperando al general— cuando el señor llega les dice quítenle la venda. Le dicen ‘aquí está la güera’, y él les dice con groserías que son unos tales por cuales porque ‘no saben trabajar’, ‘no saben hacer bien su trabajo’, que yo no era la güera”.

Habían confundido a Georgina. La mujer que buscaban los soldados era una señora que rondaba los 40 años de edad. Una supuesta contadora que trabajaba para el Cártel del Golfo. Era imposible que fuera ella. Para empezar, Ana Georgina tenía 25 años cuando todo esto ocurrió.

“Y él les dice ‘arreglen esto’. Yo dije ‘ya, ya me van a dejar ir, ya se dieron cuenta que hubo un error’… Pero no, no fue así; me imputaron dos delitos, me fabricaron dos delitos”.

Lavado de dinero y delincuencia. Esos son los dos cargos que la tienen en prisión preventiva. Su proceso se ha prolongado ya por 13 años, con excusas que van desde que los elementos aprehensores o la testigo protegido no se encontraba, hasta que no había toner ni hojas para imprimir y trabajar en su expediente.

En contra de Georgina testificó una persona que aseguraba que la conocía y que la había visto pagando dinero, de parte del cártel, a distintas autoridades. Todo era falso. Ana Georgina comprobó que en la fecha en la que supuestamente fue vista ella se encontraba hospitalizada en Tabasco. El médico que la atendió respaldó sus dichos. Y al final, la “testigo protegido” reveló que no la conocía y que fue torturada para imputarla. “De ahí en fuera no hay más elementos”, aclara.

No hay pruebas en su contra. El pasado 14 de febrero, por esa misma razón, la declararon inocente de la acusación de lavado. Y por omisiones y retrasos que les han surgido en el camino no le resuelven la acusación por delincuencia organizada. Aunque sí le argumentan ese cargo para no concederle el amparo.

Precisamente el caso de Georgina ejemplifica uno de todos los señalamientos en contra de la tan polémica figura de la prisión preventiva: su prolongación indebida a falta de sentencia. Y es que esa figura legal, lejos de ayudar a retener a verdaderos delincuentes mientras se les comprueban los delitos, ha dejado a personas inocentes, como esta mujer, encerradas en prisión hasta que se demuestra su inocencia. Peor aún: en casos como el de ella, su aplicación se excede del máximo de dos años que está estipulado en la ley.

De igual manera su historia se suma a las advertencias y temores suscitados a raíz de la intensión del presidente López Obrador de integrar a la Guardia Nacional al Ejército: el exceso de poder en manos de los militares puede darles “luz verde” para cometer todo tipo de arbitrariedades y abusos.

“Lo que a mí me hicieron los militares fue terrible, lo que posteriormente le hicieron a mi familia de estarles hostigando en su casa para amenazarlos de que si decían algo los iban a matar o a desaparecer... No es muy bueno que ellos tengan un poder… Es terrible, bueno a mí me da miedo”, indicó la mujer en la llamada.

La misma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH) recién emitió una recomendación sobre el caso de Ana Georgina en la que, tras analizar el Protocolo de Estambul, advierte que sí hubo tortura y violencia sexual en contra de ella por parte de los elementos de la Sedena.

“Actualmente estamos esperando que el juez del Juzgado Quinto, aquí en Toluca, Jesús Alberto Chávez Hernández, dé una resolución favorable por el amparo interpuesto por exceso de prisión preventiva”, señala Georgina. En manos de ese juzgador está tanto su posible liberación por sobre pasar el límite de ese recurso legal, como la sentencia de su proceso.

En tanto, durante estos años, Georgina prácticamente perdió a su familia. No ha visto ni una sola vez a sus hijos que ahora tienen 18 y 23 años. Terminó su matrimonio. Los primeros tres años de cárcel se hundió en una depresión que casi le cuesta la vida. Pero sus padres y hermanos, pese a las amenazas y hostigamiento del Ejército, han sido su soporte para aguantar hasta ahora.

Ana Georgina concluyó su relato con un llamado a los encargados de la justicia en México: “No debería prevalecer una detención arbitraria, ni por mujeres ni por nadie; lo que nos hacen no solamente acaba con nuestra vida personal, sino que daña a nuestros hijos, a nuestra familia y es un tiempo que nadie nos va a poder recuperar”.

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