Hoy se cumplen ocho años de aquella trágica noche de 2014 en la que 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa fueron interceptados mientras se dirigían a la Ciudad de México, para luego ser asesinados y desaparecidos.

Desde un primer momento las investigaciones relacionadas con este caso destacaron por sus inconsistencias. El pasado mes de agosto, con la presentación de las últimas indagatorias por parte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ), parecía que la justicia estaba un poco más cerca para las familias de los normalistas. Sin embargo, las disputas internas en el gobierno de México y las sospechas podrían entorpecer el avance que se había conseguido.

Así lo advirtió Raymundo Riva Palacio en su más reciente columna para Ejecentral, titulada El pleito interno por Ayotzinapa, en la que señaló un choque de fuerzas entre Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, y la Fiscalía General de la República (FGR) que podría obstaculizar el proceso.

El columnista señaló en su texto que el enfrentamiento tuvo sus orígenes en los últimos días de agosto, después de que se le solicitara a la Fiscalía la petición de órdenes de aprehensión en contra de 83 personas presuntamente ligadas al Caso Ayotzinapa —20 de ellas tenían en la mira a militares—, las cuales fueron obtenidas el 16 de agosto.

En ese contexto, comentó Riva Palacio, “Encinas aprovechó la coyuntura para incendiar la pradera y acusar, sin pruebas, al entonces jefe del 27° Batallón de Infantería en Iguala [José Rodríguez Pérez] de ordenar la muerte de seis normalistas que sobrevivieron la noche del 26 de septiembre”.

Cabe recordar que en la más reciente versión pública del informe se anexaron fragmentos de conversaciones entre presuntos miembros de Guerreros Unidos en las que se muestra cómo se habrían organizado para la ejecución y desaparición de los estudiantes.

En dicho documento, específicamente en el Anexo 8, se establece que seis estudiantes habrían permanecido con vida por lo menos hasta el 30 de septiembre en una bodega de Pueblo Viejo, de lo cual la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tuvo información.

Los señalamientos del subsecretario de la Segob habrían mermado el equilibrio conseguido hasta ese momento, pues levantó sospechas de que los intereses de Omar Gómez Trejo, fiscal del Caso Ayotzinapa, estarían alineados con los de grupos defensores de derechos humanos como el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), en el que trabajó como secretario ejecutivo.

En este punto destaca la visita de Gómez Trejo a Israel para seguir de cerca el proceso de extradición de Tomás Zerón, pues de acuerdo con Riva Palacio, tanto Trejo como Encinas sospechaban una posible traición de Alejandro Gertz Manero (titular de la FGR) y el canciller Marcelo Ebrard por no acelerar la petición de extradición.

Mientras Trejo estuvo en Medio Oriente, continúa el también analista político, la FGR pidió la cancelación de 21 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos —16 de ellos miembros del Ejército— como parte de un supuesto acuerdo interno en el gobierno. La suspensión de estos mandamientos judiciales, dada a conocer por Proceso el 24 de septiembre pasado, habría despertado el descontento de Gómez Trejo hacia el juez Federal Enrique Beltrán Santes por concederla.

De acuerdo con la investigación de dicha revista, entre los funcionarios exonerados por la FGR están el coronel Rafael Hernández Nieto —quien fuera comandante del 41 Batallón de Infantería y coordinador del programa Guerrero Seguro—, Iñaki Blanco Cabrera —exfiscal de Guerrero— y la expresidenta del Tribunal de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín.

Cabe señalar que, hasta el momento, el juez Beltrán Santes ha emitido declaratorias de formal prisión en contra de José Rodríguez Pérez por delincuencia organizada; del capitán José Martínez Crespo por desaparición forzada; del sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Alejandro Pirita, por delincuencia organizada y desaparición forzada; del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y María de los Ángeles Pineda Villa, su esposa, y el exsecretario de Seguridad Pública local, Felipe Flores Velázquez, los tres por delincuencia organizada y este último, además, por desaparición forzada.

Sumado a la suspensión de las 21 órdenes de captura, otra marca de la aparente disputa interna en el caso fue la filtración de un extracto sin testar del informe de la CoVAJ en el que se revelaron nombres y datos sobre la presunta participación de funcionarios en los crímenes.

La publicación de tal fragmento indignó a Encinas, quien pidió a la FGR investigar a la persona responsable de la filtración, “sugiriendo que había salido de sus oficinas”. En respuesta, la Fiscalía anunció que ya habían comenzado las indagatorias por la divulgación de documentos confidenciales, pero en contra de miembros de la CoVAJ.

Este “pleito a periodicazos”, como lo llamó Riva Palacio, es señal de una “implosión” en las investigaciones del caso Ayotzinapa que “coloca a todos en el gobierno contra la pared”.

En este sentido, puntualizó el periodista, el gobierno podrá saber dónde está parado una vez que encuentre quién entregó los documentos a la prensa. “Por lo pronto, se encuentra en un pantano”, concluyó.

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