Una filtración del reporte sin testar del caso Ayotzinapa fue divulgada el pasado 25 de septiembre; esto, a pocas horas de cumplimentarse ocho años sin justicia por la desaparición y asesinato de los 43 normalistas en 2014.
Cuestionado por las conversaciones, dadas a conocer por la periodista Peniley Ramírez, el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), consideró que la revelación habría cargado consigo una intención de “mala fe”, posiblemente para dañar la imagen de su Gobierno.
Pese a ello, el Jefe del Ejecutivo se dijo de acuerdo en no ocultar las informaciones que puedan llevar a la verdad, aún cuando éste - para el caso de la también llamada “Noche de Iguala” - fuera dolorosa para las y los familiares. De ahí que ofreció disculpas a las familias por lo “todo lo que injustamente hicieron” a los jóvenes.
“Yo creo que lo hicieron de mala de. Pero en mi opinión, no se deben ocultar las cosas. (...) (La verdad) sí es muy dolorosa. Lo demás es una actitud de zopilotes, pero si se conoce la verdad, no hay problema”.
En ese sentido, el tabasqueño reveló sentirse inconforme con el ocultamiento de la información en el reporte de la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia, especialmente, al justificarse el acto con el cumplimiento del debido proceso.
“Yo dije, ¿Por qué testaron? (...) No es posible que por un asunto de procedimiento se impida hacer justicia”, expresó en su tradicional mañanera desde Palacio Nacional. Bajo ese tenor, insistió en su teoría de que las fuentes que proporcionaron las revelaciones Peniley buscaban restar validez legal a las imputaciones: “Una astucia legaloide”, tachó.
“Este es un asunto de justicia y de estado. Si son responsables y cometieron los crímenes, con una astucia legaloide se vulnera la justicia (...) Si lo hicieron con ese fin, están mal. Esas maniobras chicanas no aplican”.
La filtración suscitó al mismo tiempo que dos hechos claves que dejarían ver un desmoronamiento del caso: el primero, la exoneración de 24 imputados por la noche de Iguala, y el segundo, la supuesta instrucción de la Fiscalía General de la República (FGR) para inhabilitar 21 órdenes de aprehensión en contra de presuntos militares y funcionarios responsables. Esto último, revelado por el diario español El País.
La información difundida por El País fue confirmada por el mismo López Obrador, quien explicó que las inhabilitaciones de los recursos - una gran parte de éstos contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) - s dieron porque no estaban dentro del informe del caso.
“Se actuó a partir de las personas que aparecen como responsables en el informe. Y esto no significa que se cierra la investigación. Ya los que están en el informe y se les comprueba que participaron van a dar a conocer su versión”, refrendó.
No obstante, el presidente mexicano negó la posibilidad de reponerse las órdenes de aprehensión suspendidas, pues “el informe es el que consideramos como válido, sin descartar otros”, subrayó.
Cabe recordar que la resolución del caso Ayotzinapa fue una de las 100 promesas de campaña del López Obrador, sin embargo, a ocho años del crimen y a cuatro del sexenio actual, las familias de los estudiantes no han dar con sus hijos.
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