Tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como la autodenominada Cuarta Transformación llegaron al poder en México abanderados bajo la premisa de priorizar el bienestar de las poblaciones más endebles del país. “Por el bien de todos primero los pobres” fue el eslogan bajo el cual el mandatario tabasqueño se ganó la simpatía de millones de mexicanos y mexicanas que le dieron su voto esperando mejoras para su situación económica y calidad de vida.

Bajo ese tenor, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador apostó este sexenio en materia educativa la creación de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ) cuyo objetivo está enfocado en garantizar el acceso a la educación a la ciudadanía.

Cabe mencionar que en un inicio se planteó la creación de 100 de estas universidades, sin embargo, este 2022 el mandatario tabasqueño señaló que ya existen 145 planteles en todo el país y que había presupuesto suficiente para llegar alcanzar los 200.

Pese a que a simple vista dichas acciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador parecen ser efectivas y positivas para la ciudadanía, detrás de la creación de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García se esconde un turbio terreno de opacidad en el manejo de los recursos y presupuesto destinado, al menos así lo señala una nueva entrega de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Para comprender mejor la opacidad que permea el manejo presupuestal de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) contempló necesario evocar a mayo del 2019, cuando por primera vez el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó avances en el proyecto.

En aquella ocasión, la autodenominada Cuarta Transformación dio a conocer que 83 sedes ya estaban en funcionamiento con más de 400 profesores y alrededor de 7 mil estudiantes, además de que funcionarios presentaron diapositivas sobre la arquitectura de los planteles. No obstante, el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García se creó meses después, en julio de 2019.

Dicho precedente no sería alarmante si la Secretaría de Educación Pública (SEP), la cual era encargada en ese entonces del presupuesto del programa, no hubiera respondido en una solicitud de información que no conocía los domicilios completos de los planteles ni los planes de estudios. Además de que revelaron no haber ejercido ni un solo peso para el programa.

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) consultados por la organización civil revelaron que al tercer semestre de 2019 la Universidad para el Bienestar Benito Juárez no había ejercido ni un solo peso. No obstante, en una decisión injustificada en 2020 la misma dependencia decidió otorgarle nuevamente al programa mil millones de pesos, decisión que fue respaldada por la Cámara de Diputados.

Por ello Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) expuso que, en un gobierno que se ha caracterizado por sus recortes presupuestales, tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como el Poder Legislativo decidieron darle presupuesto a un programa que de acuerdo con sus propios datos sólo utilizó recursos públicos en el último trimestre de 2019.

Tres años más tarde continúa sin saberse de dónde salió el dinero para pagarle a los docentes y arquitectos que participaron en el proyecto en la fecha en que se presentaron los primeros avances.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) constató que este 2022 las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García cuentan con poco más de mil millones de pesos de presupuesto, más que instituciones como el Colegio de México (674 mdp) o la Universidad Pedagógica Nacional (957 mdp).

Del mismo modo, la organización civil señaló que el analítico de plazas y remuneraciones -documento que establece cuántos puestos puede tener una institución pública y cuánto es el salario que se paga a cada persona- indica que las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García sólo tienen 24 plazas y ninguna de ellas corresponde a docentes.

Entonces, ¿Cuántos profesores tiene dicho programa y cuánto se les paga?, cuestionó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Aunque dicha interrogante podría resolverse a través de la nómina transparente de la Secretaría de la Función Pública (SFP) o por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia (PTN) en ninguno de los dos canales de rendición de cuentas hay información disponible al respecto, según lo constatado por la organización civil.

Adicionalmente señalaron que por ley todas las dependencias del Estado deben contar con un inventario de sus bienes muebles e inmuebles, sin embargo, esta información tampoco está disponible en los anexos de la cuenta pública donde las Universidades para el Bienestar Benito Juárez han declarado no tener patrimonio.

En su afán de intentar sacar la corrupción del país, Andrés Manuel López Obrador se ha jactado de tener un gobierno transparente, no obstante, en lo que a las Universidades para el Bienestar Benito Juárez refiere, su página únicamente cuenta con una dirección de correo electrónico y un teléfono.

Además, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señaló que de acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) el Organismo Coordinador de dichas instituciones es el único Sujeto Obligado de la administración pública federal con una calificación de 0 sobre 100 en atender solicitudes de información pública a tiempo.

Asimismo se detalló que pese a ser creado en el segundo semestre de 2019, dicho organismo no realizó los procedimientos necesarios para ser dado de alta en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y que, por el contrario, la primera solicitud de información que la dependencia contestó fue en mayo de 2022.

Una vez dado de alta en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) dicho Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García se destacó por no atender una sola obligación de transparencia.

“No se puede conocer cuál es el teléfono o correo de los funcionarios que laboran allí, ni tampoco se puede consultar su sueldo o los contratos celebrados por la dependencia”, expuso Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Finalmente, la organización civil expresó su preocupación por el desinterés que el mencionado programa educativo ha tenido por la transparencia y señaló como indispensable que el Organismo Coordinador cumpla con sus obligaciones legales, así como que tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como el Congreso de la Unión exijan una explicación del uso de los recursos públicos antes de otorgarles más dinero el próximo año.

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