A punto de cumplirse ocho años desde aquella terrorífica noche en Iguala el 26 de septiembre de 2014 en la que desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa, el caso que ha indignado a la ciudadanía y que ha traspasado fronteras continúa impune y, desafortunadamente, el acceso a la justicia se ve aún lejano para las y los familiares de los estudiantes.

Y es que pese a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador prometió esclarecer dicho caso y llevar ante las autoridades correspondientes a quien resulte responsable por el atroz crimen, la opacidad y la política han tergiversado el trabajo de su administración siendo la del exprocurador Jesús Murillo Karam la única orden de aprehensión -de las 83 previstas- que se ha cumplimentado hasta el momento.

No obstante, el Caso Ayotzinapa ha dado un nuevo giro después de que la tarde del pasado sábado 24 de septiembre la periodista de investigación Peniley Ramírez diera a conocer nuevos detalles sobre la cronología de los hechos, mismos a los que tuvo acceso al consultar y filtrar el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia sin testar.

A través de su cuenta oficial de Twitter y de una columna de opinión publicada en un medio de comunicación, la periodista Peniley Ramírez aseguró que la versión pública del Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, no dejaba claros los avances en la investigación.

Por ello, una fuente le proporcionó dicho documento sin testar para que lo leyera y, posteriormente, fuera difundido, tal y como sucedió la tarde el pasado sábado. Si bien los hallazgos de la periodista brindaron detalles más concretos sobre la muerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los vínculos existentes entre el grupo criminal Guerreros Unidos, el Ejército Mexicano y autoridades locales, dicha acción de Peniley Ramírez fue condenada por la autodenominada Cuarta Transformación.

No obstante, al subsecretario de gobernación, Alejandro Encinas, también le llovieron un sinfín de críticas por su postura ante la filtración de información cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha abogado en más de una ocasión por la libertad del periodista australiano Julián Assange, por lo que las comparaciones no se hicieron esperar.

Julián Assange es un periodista y activista australiano, conocido también por ser el fundador, editor y portavoz del sitio web WikiLeaks.

Actualmente Julián Assange se encuentra preso en la cárcel británica de alta seguridad de Belmarsh (Londres) y afronta en Estados Unidos 18 cargos con relación a las filtraciones de su portal de miles de documentos confidenciales relacionados con las campañas militares de ese país en Irak y Afganistán y por intrusión informática. Los cargos conllevan una pena máxima de 175 años de prisión, mismos por los cuales en repetidas ocasiones el gobierno estadounidense ha solicitado su extradición.

Assange es acusado de ayudar de forma ilegal a la analista militar de inteligencia Chelsea Manning a robar despachos diplomáticos clasificados y archivos militares que WikiLeaks publicó más tarde. Los abogados de Assange afirmaron que actuaba como periodista y que tiene derecho a las protecciones de la libertad de expresión recogidas en la Primera Enmienda por publicar documentos que dejaron al descubierto malas prácticas del Ejército estadounidense en Irak y Afganistán.

Dicha postura de la defensa del fundador de WikiLeaks fue también adoptada por el presidente Andrés Manuel López Obrador quien ha calificado al periodista australiano como un “representante de la libertad de expresión” que no merece ser perseguido por lo que en múltiples ocasiones le ha ofrecido asilo político en México e incluso, su familia recibió recientemente las llaves de la Ciudad de México otorgadas por la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum.

Con dichos precedentes, usuarios en redes sociales instaron a la autodenominada Cuarta Transformación a ser congruente con sus argumentos pues, mientras a Julián Assange lo defienden y protegen por filtrar información delicada del gobierno estadounidense, pidieron castigar a la periodista Peniley Ramírez y a sus fuentes por las mismas acciones que ha realizado el fundador de WikiLeaks pero ahora en el Caso Ayotzinapa.

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