Agricultores de Estados Unidos instaron a su gobierno a desafiar una inminente prohibición de las autoridades de México sobre el uso de maíz genéticamente modificado, en virtud de un acuerdo regional de libre comercio, advirtiendo de miles de millones de dólares en daños económicos para ambos países.
Un decreto publicado a finales del 2020 por el presidente Andrés Manuel López Obrador eliminaría gradualmente el maíz transgénico y el glifosato para 2024. Partidarios de la prohibición dicen que las semillas transgénicas pueden contaminar antiguas variedades nativas del grano y señalan investigaciones que muestran efectos adversos del herbicida.
México se enorgullece de ser el lugar de nacimiento del maíz moderno, pero importa alrededor de 17 millones de toneladas del grano estadounidense al año y va camino de comprar aún más este año, apuntaron expertos.
Algunos funcionarios del gobierno de AMLO, incluido el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, han dicho que las importaciones de maíz amarillo para la alimentación del ganado no se interrumpirán.
Mientras tanto, productores estadounidenses permanecen cautelosos, pues ningún documento oficial establece eso, según un funcionario de agricultura de ese país familiarizado con las últimas reuniones con sus pares mexicanos. López Obrador dijo este mes con firmeza: “No aceptamos el maíz transgénico”.
El grano para consumo humano, incluido el maíz blanco que se usa en productos como las tortillas, alimento básico en la dieta de los mexicanos, representa entre el 18% y el 20% de las importaciones totales del grano transgénico estadounidense. Aún hay dudas sobre las compras al exterior se eliminarán en 2024.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no ha autorizado la importación de nuevas cepas de semillas de maíz transgénico resistentes al glifosato desde 2018.
La Asociación Nacional de Cultivadores de Maíz, que representa a los agricultores de Estados Unidos, quiere que la oficina de la Representante Comercial (USTR, por su sigla en inglés) inicie un procedimiento de resolución de disputas bajo el Tratado de Libre Comercio (T-MEC).
Angus R. Kelly, director de políticas públicas, comercio y biotecnología de la asociación, dijo que el colectivo objeta la “naturaleza de los decretos que sientan precedentes” y que México rechace las características de los cultivos biotecnológicos “sin ninguna base científica”.
Washington podría plantear una controversia bajo el capítulo de agricultura del T-MEC que estipula la cooperación entre los miembros sobre la regulación de las importaciones de un gobierno individual, según Raúl Urteaga, exfuncionario mexicano y fundador del grupo consultor Global Agrotrade Advisors.
Se puede aplicar una resolución de disputas bajo algunos capítulos del pacto regional cuando una nación considera que un miembro ha anulado o menoscabado un beneficio que estaba vigente cuando se firmó el acuerdo.
La Secretaría de Agricultura y la Embajada de Estados Unidos en México no comentaron al respecto. El USTR y el Departamento de Agricultura estadounidense (USDA, por su sigla en inglés) no respondieron a solicitudes de comentarios.
La Organización de Innovación Biotecnológica (BIO, por su sigla en inglés), que agrupa a las empresas del ramo, incluida Bayer, indicó que “apoyaba a la administración (de Estados Unidos) a tomar medidas de cumplimiento sobre el tratamiento de la biotecnología agrícola en México” si el diálogo falla.
Cofepris, en un comunicado enviado a la agencia Reuters, aclaró que sus decisiones se basaron en “evidencia científica y evaluaciones de riesgo”.
SEGUIR LEYENDO:
Más Noticias
Qué es la meningitis, cuáles son sus síntomas y cómo tratarla
Hermila Galindo: sufragista mexicana, activista feminista y primera candidata a diputada federal
La historia del joven que se salvó de quedar atrapado en El Pinabete, mina colapsada en Coahuila
El desconocido origen estilo “Scarface” del “Mayo” Zambada y el papel de su cuñado cubano, para construir su imperio criminal
Quién es Raquel Buenrostro, próxima titular de la Secretaría de la Función Pública durante el sexenio de Sheinbaum
