La red corruptora de Félix Gallardo que llevó al despido de más de 400 agentes federales

Miguel Ángel Félix Gallardo llegó a ser considerado el narcotraficante más buscado de México entre 1985 y 1989, hasta que la Policía Judicial Federal lo detuvo en Guadalajara a los 43 años de edad. Su caída arrastró a cientos de mandos y agentes policiales de todos los niveles. Desde entonces ha librado una infinidad de “batallas legales”, ya sea para conseguir la libertad anticipada o seguir su condena en prisión domiciliaria debido a su delicado estado de salud.

Este viernes 23 de septiembre se decidirá si Félix Gallardo finalmente puede salir de prisión —luego de 33 años de reclusión— y continuar su sentencia en una de sus propiedades en el fraccionamiento Ciudad del Sol, en Zapopan, Jalisco, a menos de 30 kilómetros del Reclusorio Metropolitano del Complejo Carcelario de Puente Grande, donde todavía se encuentra recluido.

Además de estar parcialmente ciego y sordo, al famoso narcotraficante acusado de homicidio se le han diagnosticado 22 padecimientos que tienen muy comprometida su salud entre los que destacan neumonía, tuberculosis y diabetes. Un escenario totalmente opuesto al de hace más de 30 años, cuando Gallardo tejió una red de corrupción que contaminó tanto a políticos de alto vuelo como a funcionarios encargados de la seguridad del país.

Félix Gallardo comenzó su carrera como policía judicial de Sinaloa y fue asignado como escolta de la familia del entonces gobernador del estado, Leopoldo Sánchez Celis (1963-1968), con quien tuvo tan buena relación que acabó siendo el padrino de boda de uno de sus hijos, Rodolfo Sánchez Duarte, asesinado en 1990 en la Ciudad de México cuando estaba de visita en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur para ver a Gallardo.

Precisamente fue esa relación con Sánchez Celis la que le facilitó hacerse de una agenda de contactos políticos y empresariales para amparar su organización criminal. Gallardo llegó a ser un destacado consejero, accionista y cliente distinguido del banco Somex (Chihuahua). Él mismo se presentaba ante la alta sociedad tapatía como un acaudalado empresario ganadero que también tenía restaurantes y discotecas.

Cuatro años después de la muerte del ex agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena Salazar, el también llamado “Jefe de jefes” fue detenido en la Ciudad de México por el comandante de la Policía Judicial Federal, Guillermo González Calderoni, a quien consideraba su “compadre”. El propio Félix Gallardo revelaría años después que al momento en que ambos se encontraron, lo primero que le dijo al comandante fue: “¿Qué pasó, memo?”, pero Calderoni solo atinó a responderle: “No te conozco”.

En una conferencia de prensa, el entonces Procurador General de la República, Enrique Álvarez del Castillo, reconoció públicamente que Félix Gallardo había comprado protección e información a funcionarios mexicanos para gestionar con éxito sus operaciones de trasiego de cocaína, marihuana y heroína.

Álvarez del Castillo detalló que otras nueve personas, entre ellas un agente de campo de su propia oficina y cinco altos mandos de la policía estatal y local, también habían sido detenidos por su presunta colusión con Gallardo. Entre ellos se encontraban el ex jefe de la Policía Judicial del Estado, Arturo Moreno Espinoza, el subdelegado de la Campaña contra el narcotráfico, Enrique Corza Marín, y el ex jefe de la Policía Municipal, Robespierre Lizárraga Coronel.

En 1986, al entonces gobernador de Sinaloa, Antonio Toledo Corro, lo señalaron de haber alojado en su rancho a Félix Gallardo y de que su tercer hijo ilegítimo, Antonio Toledo Félix, fuera procreado con la hermana del “Jefe de Jefes” El gobernador, por supuesto, negó siempre los nexos con el narcotraficante y atribuyó los rumores a ataques políticos de opositores de izquierda.

La Dirección Federal de Seguridad (DFS) fue una agencia de inteligencia creada por el ex presidente mexicano Miguel Alemán Valdés en 1947 con la idea era crear un organismo parecido al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Entre sus funciones estaban las investigaciones políticas, pero en 1987 desaparecería por sus altos niveles de corrupción, su participación en el asesinato del periodista Manuel Buendía y sus vínculos con el narcotráfico.

En un reporte de la DFS, con fecha del 5 de junio de 1985, obtenido por Infobae México a través del Archivo General de la Nación (AGN), se señala que cuatro meses después del asesinato de Kiki Camarena, se informó con base en dos notas de “El Sonorense” y “El Imparcial” que al interior de la DFS se realizó una purga por sus nexos con Félix Gallardo.

El resultado fueron 427 agentes expulsados. Los subdirectores fueron relevados y se cambiaron a 19 de 31 delegados estatales, mientras que 5 quedaron bajo investigación y tres más fueron a prisión, detalló el informe.

“La Secretaría de Gobernación emitió un boletín en el que se informa de la reestructuración de la DFS, señalando que los subdirectores ya fueron relevados. 19 delegados en provincia ya fueron separados de la corporación al revisarse sus expedientes y cinco más fueron sujetos a investigación y tres fueron encarcelados”, precisó el informe.

El Primer Comandante de la Policía Judicial Federal, Armando Pavón Reyes, encarcelado por cohecho, dejó salir al grupo porque supuestamente se identificaron como agentes de la DFS. El mismo Caro Quintero le mostró un gafete de la corporación con el nombre de Pedro Sánchez.

Sin embargo, las autoridades que confrontaron aquella información con los archivos de la DFS no encontraron credenciales expedidas en favor de ninguno de los narcotraficantes, y tampoco hallaron ningún agente o ex agente que se llamara Pedro Sánchez.

“En conclusión a la fecha, el fundamento de la supuesta existencia de credenciales de la DFS, que tenían en poder los narcotraficantes, es únicamente afirmación de Armando Pavón, Primer Comandante de la J.F, y actualmente preso por cohecho”, precisó

Más tarde se acusó al ex comandante de la Policía Judicial Federal de haber recibido 60 millones de pesos de parte de Rafael Caro Quintero para que le permitiera escapar del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

En 1976 se giró una orden de aprehensión contra Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, por tráfico de drogas. La primera fue en 1971 por el mismo delito.

Según las indagatorias de la DEA, en el proceso judicial 179-76, radicado en el Juzgado tercero de Distrito en Tijuana, se inició el proceso penal contra el narcotraficante por ser el presunto responsable de 134 kilogramos de cocaína y 19 de heroína que habían sido decomisados en el Aeropuerto Internacional de Tijuana.

“Con la ayuda directa de Jaime Torres Espinoza, (Gallardo) se presentó voluntariamente cuatro años después de que se giró la orden de aprehensión en su contra, en el Juzgado que lo requería, y a solo 48 horas de su comparecencia y a pesar de haber suficientes elementos acusatorios, fue puesto en libertad absoluta por falta de méritos”, describió el expediente levantado por la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS).

El entonces Juez por Ministerio de Ley, Adán Villarreal, fue quien decretó la absolución de Félix Gallardo, y el entonces Subcoordinador de la “Campaña contra el Tráfico de Drogas”, junto con el coordinador Aaron Juárez Jiménez, ordenaron al Ministerio Público Federal, adscrito al Juzgado Tercero de Distrito, no apelar a la resolución donde se absolvió al narcotraficante.

“Torres Espinoza, como coordinador de la campaña contra el narcotráfico, luego de ordenar la no apelación por la libertad de Félix Gallardo, adquirió en plena devaluación del peso ante el dólar una mansión en San Diego, California, por la que dio un enganche por 48 mil dólares, parte de lo que se presume fue un soborno cuantioso”, detalló el informe de la DFS.

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