Corrupción y narcotráfico: la historia criminal de Miguel Ángel Félix Gallardo

Nadie imaginó en 1976 que la caída de un traficante cubano precipitaría el ascenso de un narco en México que a la postre se convertiría en el patriarca de los cárteles de la droga que mantienen la guerra sangrienta en el país.

El 30 de abril de ese año, la prensa anunció que fue recapturado Alberto Sicilia Falcón, quien se había fugado cuatro días antes del temido penal de Lecumberri en la Ciudad de México. El cubano escapó a través de un túnel de 80 centímetros de ancho y 40 metros de largo que conectaba la celda número 30 de la Crujía L con una casa de la calle San Antonio Tomatlán, en la actual alcaldía Venustiano Carranza.

Sicilia Falcón estuvo vinculado desde muy joven con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) y las conexiones que forjó ahí le facilitaron que a sus 23 años se convirtiera en precursor del tráfico de cocaína a gran escala desde Colombia hasta Miami. Presuntamente, su negocio millonario en México pudo gestionarlo con otra dependencia que aspiraba a convertirse en otra CIA norteamericana, la polémica Dirección Federal de Seguridad (DFS). Así fue como operó desde la ciudad fronteriza de Tijuana, en Baja California.

Juan Ramón Matta Ballesteros, el Negro, exnarcotraficante hondureño sentenciado a 12 cadenas perpetuas en Estados Unidos, presentó a Sicilia Falcón con Santiago Ocampo Zuluaga del Cartel de Cali. Pero el centroamericano también fungiría de enlace entre los cárteles del país sudamericano y Miguel Ángel Félix Gallardo, quien ascendió en la mafia mexicana tras su paso por la policía judicial de Sinaloa.

Félix Gallardo, hombre alto y de complexión delgada, nació el 8 de enero de 1946 en Bellavista, un suburbio de Culiacán. Fue fruto del matrimonio entre Ramón Félix Sánchez, originario del municipio de Guamúchil, y Justina Gallardo Gastelum, de Aguapepe. La capital de Sinaloa que lo vio surgir se convertiría años más tarde en la capital del narco y del corrido por actividades criminales de aquel personaje.

De joven intentó estudiar la carrera de Comercio, pero algo no lo convenció del todo y se enroló en las filas de la policía judicial de Sinaloa, donde comenzó como madrina (informante y colaborador que hico méritos informales para obtener el puesto). Cuando ya estaba integrado fue designado como escolta de seguridad en la casa del gobernador del estado, Leopoldo Sánchez Celis (1963-1968), quien después lo eligió como guarura de su familia.

Félix Gallardo tuvo tan buena relación con el político priista que ambos se involucraron en sus vidas más allá de lo profesional. Sánchez Celis fue padrino del agente estatal en su boda con María Elvira Murillo. Y éste devolvió el mismo favor cuando Rodolfo Sánchez Duarte, hijo del gobernador, se casó con Theolenda López Urrutia.

Ese enlace fue fatídico para la familia de Sánchez Celis. En 1990, su hijo fue secuestrado, torturado y asesinado con el tiro de gracia en la Ciudad de México, donde había ido para visitar a su padrino Félix Gallardo, que en ese entonces ya se encontraba recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur por delitos de narcotráfico, homicidio y secuestro.

Como agente del orden, Miguel Ángel Félix Gallardo se dio cuenta del bajo entusiasmo que permeaba en sus colegas. Los pobres salarios y horarios complicados minaban el estado de ánimo general. Eran principios de la década de 1970 y ya tenía conexiones en ese mundo cuando se separó de la corporación y se llevó consigo a varios oficiales que fueron fáciles de corromper apelando a sus deseos y necesidades.

Con miras al futuro, fijó su atención en los agentes que no se dejaron corromper para tenerlos en la lista negra en caso de que obstaculizaran su floreciente negocio criminal en el tráfico de drogas. Aún no se definía del todo, pero los gobernadores, policías y más funcionarios facilitaron el comercio de narcóticos en Sinaloa desde esa época hasta la actualidad.

La carrera del expolicía en el mundo del narco ya había germinado antes de que colgara el uniforme, a través del traficante Eduardo Fernández porque previamente había pasado a formar parte de un clan que trabajaba para Pedro Avilés Pérez, también conocido como el León de la sierra; este último, un capo sinaloense que desde la década de 1940 se había aliado con la mafia italo-americana para el trasiego aéreo de heroína y marihuana hacia Estados Unidos.

Gracias al amparo del León de la sierra, Miguel Ángel Félix Gallardo se ganó rápidamente el respeto del pequeño gremio de traficantes sinaloenses, entre quienes estaban Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, y Juan Manuel Salcido Uzeta, alias el Cochiloco, mano derecha de Don Pedro.

A partir de ese momento, el exagente fue catalogado como buen elemento por su inteligencia natural, facilidad para los buenos modales y su capacidad para corromper funcionarios estatales. La relación con su compadre, el exgobernador de Sinaloa, le fue de gran ayuda para hacerse con otros contactos políticos y empresariales. Esos nexos le servirían en el futuro para obtener información valiosa y protección del más alto nivel.

En 1976 se giró una orden de aprehensión contra Félix Gallardo por tráfico de drogas. Aunque el primer mandamiento judicial en su contra fue en 1971 por el mismo delito. Tiempo después confesaría que en ese año ya estaba involucrado formalmente en el negocio que lo llevó al máximo puesto de liderazgo criminal. Pero en ese entonces apenas tenía 25 años y recién se forjaba en el camino de los malos pasos.

Según indagatorias de la Administración del Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), el proceso judicial 179-76 radicado en el Juzgado Tercero de Distrito de Baja California inició el trámite contra el narcotraficante por su presunta responsabilidad en el transporte de 134 kilogramos de cocaína y 19 de heroína, cuyo cargamento había sido decomisado en el Aeropuerto Internacional de Tijuana.

“Con la ayuda directa de Jaime Torres Espinoza, [Félix Gallardo] se presentó voluntariamente cuatro años después de que se giró la orden de aprehensión en su contra, en el Juzgado que lo requería, y a solo 48 horas de su comparecencia y a pesar de haber suficientes elementos acusatorios, fue puesto en libertad absoluta por falta de méritos”, describió el expediente consultado por Infobae México y que fue levantado por la Dirección Federal de Seguridad.

El juez por Ministerio de Ley, Adán Villarreal, fue quien decretó la absolución del capo y el entonces subcoordinador de la Campaña contra el Tráfico de Drogas, junto con el coordinador, Aaron Juárez Jiménez, ordenaron al Ministerio Público Federal no apelar a la resolución donde se libró al narcotraficante de las acusaciones. Ya estaba bajo la mira pero gozaba de protecciones corruptas.

Al año siguiente, el agente de la DEA en San Diego, Johnny Phelps, se enteró del arribo de un avión privado con 300 kilos de cocaína que aterrizó en Culiacán procedente de Colombia. “Nunca se había visto una carga de este tamaño”, aseguró en su libro Desperados: Latin Drug Lords, U.S. Lawmen, and the War America Can’t Win la periodista Elaine Shannon.

En 1977, presionadas por el gobierno de Estados Unidos, las autoridades mexicanas lanzaron la Operación Cóndor, considerada hasta entonces como la mayor cruzada antidrogas para la erradicación de plantíos de marihuana y amapola en la sierras de Durango y Sinaloa, estados que conforman con Chihuahua el Triángulo Dorado del narco.

Ante las embestidas del Ejército mexicano y la DEA, el León de la sierra optó por trasladar su centro de operaciones a Guadalajara, Jalisco, en el occidente de México. Pasaron los meses, el negocio siguió y el 15 de septiembre de 1978 se convertiría en otra fecha clave para la carrera de Félix Gallardo. Esa noche fue abatido Avilés Pérez, quien supuestamente fue citado por mandos militares y terminaron por traicionarlo. El máximo jefe del narco fue interceptado y acribillado en un lugar conocido como la Y griega, cerca de la sindicatura del Tepuche, en Culiacán.

Ese vacío de poder fue aprovechado inmediatamente por el expolicía de Sinaloa, quien tuvo oportunidad de hacerse con el control de las rutas de tráfico, pero asociado a Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. Entonces se estableció el vínculo con Juan Ramón Matta Ballesteros, quien introdujo a Félix Gallardo con los cárteles colombianos, lo que le abriría las puertas a una empresa criminal que dejaba muchos más dividendos que la marihuana y la heroína y que en ese momento estaba en el apogeo del mercado negro de Estados Unidos: la venta de cocaína.

Matta Ballesteros también fue el puente con Gonzalo Rodríguez Gacha, narcotraficante colombiano a quien conocían como el Mexicano. El escritor Héctor Aguilar Camín aseguró que ambos pactaron el paso de cocaína por México en una casa de playa que Félix Gallardo tenía en el puerto de Altata, a 61 kilómetros de Culiacán. En lugar de recibir pagos en efectivo por los servicios, los mexicanos llevaban una comisión del 25 o 30% sobre el precio de la venta, aunque otras versiones refieren que obtenían hasta el 50 por ciento.

La falta de competidores relevantes abonó al rápido crecimiento de la organización criminal desde Guadalajara. Sin embargo, un factor importante fue la geografía. Las mafias colombianas vieron el potencial de suelo mexicano debido a su gran extensión, que abarcaba las costas del Golfo y el Pacífico, y por supuesto, lo más importante, su frontera compartida con el principal mercado de consumo que todavía es Estados Unidos, según informes de la DEA consultados por este medio.

A ello se sumó que a principios de la década de 1980 los esfuerzos contra la droga se incrementaron en Florida, ciudad que figuraba como el principal punto de transbordo de los traficantes. Félix Gallardo emuló de los colombianos la táctica de trasladar la cocaína en pequeños aviones. Se le considera el primer narcotraficante que inauguró la ruta Sudamérica-América Central-México-Estados Unidos.

En los años ochenta, Félix Gallardo ya era uno de los actores más relevantes en el espectro del narco mexicano a nivel internacional y también un rostro conocido en la alta sociedad tapatía y sinaloense. Pasó de expolicía operador a ser apodado como el Jefe de jefes y/o el Padrino. Se distinguía como acaudalado empresario ganadero que también tenía restaurantes, hoteles y discotecas. Incluso llegó a ser accionista y cliente destacado del desaparecido Banco Somex de Chihuahua, al menos hasta 1982, cuando rondaba los 36 de edad.

Ese año, la DEA puso en marcha la Operación Padrino para ir a la caza del narco internacional que ya lideraban Félix Gallardo, Fonseca Carrillo y Caro Quintero, pues todos ellos se conocieron por la facción que comandaba el León de la sierra. En ese tiempo, la organización que creció en Guadalajara controlaba las rutas que atraviesan Sinaloa, Durango, Jalisco, Guerrero, Chihuahua, Baja California y Nayarit; además de los nexos en Centroamérica y Colombia.

El mote de Jefe de jefes no era casual, debido a que entre sus filas iniciaban sicarios y traficantes medianos como Juan José Quintero Payán, Don Juanjo; Pablo Acosta Villarreal, el Zorro de Ojinaga; Juan José Esparragoza Moreno, el Azul; Héctor Luis Palma Salazar, el Güero; Amado Carrillo Fuentes; y Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, el Chapo, operador de logística aérea. Reportes recientes señalan que no se identificaba la pertenencia de estos sujetos directamente al Cártel de Guadalajara, pues en marzo de 1984 la DEA contabilizó hasta 20 grupos que operaban entrelazados tan solo al norte de Zacatecas y la empresa criminal desde Jalisco no se distinguía como una sola.

Sin embargo, la misión de ir por el grupo conformado en Guadalajara fue designada por decomisos en Texas y Nuevo México. La responsabilidad recayó en primer término sobre Roger Knapp, jefe de la agencia en la ciudad tapatía, en cuyo equipo se encontraban los agentes James Kuykendall, Víctor Shaggy Wallace, Tony Ayala y Enrique Camarena Salazar, Kiki.

En el curso de las indagatorias contra el Cártel de Guadalajara, Kiki Camarena fijó su atención particular en un socio del Jefe de jefes: Rafael Caro Quintero, quien inició como campesino y se especializó en el cultivo de marihuana para exportar toneladas del enervante a Estados Unidos.

El caso prosperó gracias a los informes de un piloto de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y exmilitar retirado, Alfredo Zavala Avelar. La DEA procesó los datos y los facilitó al gobierno de Miguel de la Madrid, administración que ordenó en noviembre de 1984 una operación antidrogas en el municipio de Allende, Chihuahua, donde se intervino el rancho el Búfalo, propiedad de Caro Quintero.

Ese operativo supuso un gran golpe para los narcos sinaloenses: más de 8 mil 500 toneladas de marihuana cosechada fueron destruidas. La merma millonaria llevó a que el Cártel de Guadalajara planeara su venganza contra la DEA en Jalisco. De acuerdo con investigaciones de autoridades estadounidenses, el grupo criminal comenzó una serie de represalias porque querían conocer los alcances que tenía la agencia antidrogas para afectar sus intereses.

Para el 30 de septiembre de 1984, un informante confidencial que dijo que trabajaba para la DEA fue baleado en Guadalajara. Poco más de una semana después, el 10 de octubre, sicarios de la facción dispararon a un automóvil conducido por un agente designado en la capital de Jalisco. Para el 30 de enero de 1985 asesinaron en la bodega de un restaurante a John Walker y Alberto Radelat, dos estadounidenses que fueron confundidos con funcionarios de la dependencia y cuyos restos se encontraron casi medio año más tarde.

A la semana siguiente, el 7 de febrero de 1985, sicarios de la organización criminal secuestraron a Kiki Camarena y al piloto que le informaba sobre campos de marihuana detectados en sus labores como funcionario. Ambos fueron llevados a la casa de Caro Quintero en la ciudad de Guadalajara, donde los torturaron e interrogaron durante dos días. El agente norteamericano fue interceptado a las afueras del Consulado de la capital tapatía cuando se dirigía a almorzar con su esposa.

El 8 de febrero, Don Neto llegó a las 18:00 horas al inmueble en la calle Lope de Vega 881, colonia Jardines del Bosque, donde torturaban y golpeaban al agente de la DEA como al piloto mexicano. Fonseca Carrillo estaba acompañado de Samuel Ramírez y Javier Barba, un abogado que le manejaba sus negocios. El Cártel de Guadalajara había tenido diversas reuniones en meses previos para organizar su venganza, de modo que los líderes tenían sus propias preguntas. Entre quienes arribaron para el interrogatorio estuvieron Bernabé Ramírez, el médico Humberto Álvarez Machain y Sergio Espino Verdín, comandante de la Dirección Federal de Seguridad.

Cuando vio el arribo de Don Neto, Caro Quintero cuestionó por qué estaba ahí. Su cómplice le contestó que quería hablar personalmente con Camarena Salazar. “A ver si lo alcanzan”, reviró el Narco de narcos, “porque ya ni habla”. Al ver al agente de la DEA brutalmente golpeado en uno de los cuartos de la casa y con un dedo amputado, Don Neto se acercó al otro cabecilla y lo llamó cerdo, además de abofetearlo. “Es un error grande que traerá graves consecuencias”, le advirtió.

Algunos aseguraron que Félix Gallardo tampoco estuvo de acuerdo con el trato que dieron al agente y su informante, pues vaticinaba que la muerte de un funcionario norteamericano supondría una serie consecuencias graves para el Cártel de Guadalajara. El miembro de la DEA y el piloto fueron asesinados después de 36 horas de interrogatorio al golpearlos con una llave de L para cambiar llantas en la cabeza, además de la asfixia que les produjeron.

La madrugada del 8 de marzo, en las inmediaciones del rancho el Mareño, en Michoacán, fueron encontrados los cuerpos de ambas víctimas por campesinos que pasaban al lado de la carretera. Los rumores de que sus cadáveres se encontraban enterrados ahí fueron dados a conocer a la Policía Judicial Federal (PJF) por Miguel Ángel Félix Gallardo, de acuerdo con las declaraciones del segundo comandante de la PJF, Alfonso Velázquez Hernández, quien al ser detenido aseguró que solo seguía las órdenes de su jefe, Armando Pavón Reyes.

Velázquez Hernández confesó que el Jefe de jefes le entregó 7 millones de pesos mexicanos para que se los diera a Pavón Reyes con la única condición de que respetaran a su esposa y a sus hijos, demanda que no le cumplieron. El propio Velázquez admitió que dio cinco millones a su superior quedándose con el resto.

El jueves 4 de abril de 1985, las autoridades arrestaron en una lujosa mansión de Alajuela, en Costa Rica, a Rafael Caro Quintero, quien huyó del Aeropuerto de Guadalajara en su jet privado tras sobornar a Pavón Reyes, el policía mexicano que encabezaba las pesquisas del caso Camarena. Otros siete sujetos también fueron capturados aquella vez y deportados por violar leyes migratorias. Tres días después, el 7 de abril, fue arrestado Ernesto Fonseca Carrillo en Puerto Vallarta, Jalisco. Este último confesó el secuestro de Kiki Camarena y del piloto, pero los dos líderes culparon a Miguel Ángel Félix Gallardo por el asesinato. Testimonios posteriores de sus colaboradores revelarían el pleno alcance de sus responsabilidades.

Para el Jefe de jefes no hubo mayores problemas por esos años. La presión del gobierno de Estados Unidos llegó al más alto nivel de tensiones diplomáticas, pues no solo perdieron a uno de sus funcionarios, sino que el Cártel de Guadalajara tenía en la bolsa a políticos, policías, secretarios del gabinete presidencial y comandantes del Ejército. Kiki Camarena se convirtió desde entonces en un símbolo de la lucha contra el narco y los cárteles de la droga en México.

De acuerdo con las acusaciones radicadas en la Corte del Distrito Central de California, Félix Gallardo tenía una fotografía del agente de la DEA en su casa, la cual fue descubierta en el cateo de su arresto. Mientras que en la residencia de Fonseca Carrillo se recuperaron cinco cintas de audio sobre la tortura y preguntas realizadas a Camarena Salazar, las cuales fueron transcritas e integradas a las evidencias.

Los reportes de la época señalan que el Jefe de jefes operaba impune traficando cuatro toneladas de cocaína cada mes. Tan solo en 1986 fue visto en la fiesta de una joven de 15 años en Culiacán, resguardado por su ejército de sicarios. El gobernador de Sinaloa de entonces, Antonio Toledo Corro, fue señalado por autoridades norteamericanas de brindarle protección y hospedarlo en su propio rancho. Según esos informes, el narco más buscado de México y Estados Unidos se paseaba por restaurantes y otros lugares públicos con una vida extravagante como parte de los hombres más ricos del país, conviviendo con políticos.

Toledo Corro negó cualquier nexo y atribuyó ataques políticos de opositores de izquierda. Algunos funcionarios de EEUU indicaron que el capo también fue a una boda y otro gobernador lo protegía. Supuestamente, el mandatario de Sinaloa le garantizaba comodidades porque su tercer hijo fuera del matrimonio, Antonio Toledo Félix, fue procreado con la hermana de Félix Gallardo. Fue así como se acusó que el político era su cuñado. Aunque las agencias norteamericanas brindaban información a las autoridades mexicanas para detener al implicado en el caso Camarena, siempre lograba escapar por avisos filtrados de las propias autoridades.

El sábado 8 de abril de 1989, Félix Gallardo fue detenido en Guadalajara por el comandante de la Policía Judicial Federal, Guillermo González Calderoni, a quien consideraba como su compadre. El propio Jefe de jefes revelaría años después que al momento en que ambos se encontraron, lo primero que le dijo al mando del operativo fue: “¿Qué pasó, Memo?”, pero Calderoni solo atinó a responderle: “No te conozco”. Algunos informes indican que el capo estaba en bata de baño, fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México e ingresado al Reclusorio Sur, donde estuvo tres años.

El fin de semana previo a la captura fueron asegurados 70 policías de Culiacán porque se temía que intervinieran. Cuando terminó el operativo, los oficiales quedaron libres. Aunque seis altos mandos de la policía local como judicial sí fueron detenidos por brindar protección al Jefe de jefes, entre ellos, Robespierre Lizárraga Coronel, y el jefe de elementos sinaloenses, Arturo Moreno Espinoza. Tras el arresto fueron incautadas diversas propiedades a Félix Gallardo, incluidos un hotel, una farmacia, una empresa de bienes raíces, así como numerosas cuentas bancarias. Los cálculos de su fortuna se estimaron en 500 millones de dólares, además de un patrimonio de 50 casas y 200 ranchos.

Las autoridades ministeriales dijeron que planearon el operativo durante tres meses contra quien operó impune por 15 años. Eran los comienzos del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, quien llegó en medio de polémicas por fraude electoral en los comicios de 1988. La DEA reconoció que ese gobierno sí iba enserio contra el narco y desde un inicio no se previó que Félix Gallardo fuera extraditado a EEUU. La orden de arresto que fue cumplimentada era por un caso distinto al de Kiki Camarena, pues se relacionó al líder del Cártel de Guadalajara con el decomiso de un aerotaxi usado para transportar cocaína en Tijuana. Fue a principios de 1990 que se le imputaron los cargos de asesinato contra el agente de la DEA y el piloto mexicano. A partir de entonces comenzó su larga batalla judicial.

El 27 de abril de 1994, Félix Gallardo fue condenado a 40 años de cárcel por homicidio calificado, secuestro y narcotráfico. Ese mismo año apeló y un Tribunal de Jalisco eliminó el cargo de privación ilegal de la libertad, pero confirmó las otras acusaciones. Recién comenzaba su batalla en los juzgados y, mientras tanto, se mantenía en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, a donde fue ingresado en 1992.

La recomposición del narco en México ya había cambiado con el ascenso de nuevas generaciones como el Chapo Guzmán, Amado Carrillo Fuentes, los hermanos Beltrán Leyva, Ismael Zambada García y los Arellano Félix. Félix Gallardo siguió tras las rejas y fue hasta el 19 de febrero de 2003 que obtuvo un amparo para que se repusiera su procedimiento, algo que finalmente fue ordenado por el Cuarto Tribunal Unitario del Tercer Circuito el 2 de febrero de 2004. Para ese entonces llevaba 15 años encerrado y rondaba los 58 de edad. Su familia y defensa aseguraron que en esa época estaba totalmente fuera del narcotráfico, pero ya predominaba su leyenda negra como el Jefe de jefes.

Eran los primeros pasos en uno de los juicios más largos en la historia de México. El caso continuaba bajo proceso después de mucho tiempo y parecía una victoria que, nuevamente, confrontaría testimonios de personajes clave que llevaron a encontrarlo responsable por posesión de cocaína, así como el asesinato de Kiki Camarena y del piloto Zavala Avelar. Entre quienes debían comparecer de nueva cuenta estaban Rafael Caro Quintero, pero eso nunca se hizo; Guillermo Escobar, otro de los testigos, murió y fue imposible presentarlo ante el juez.

Miguel Ángel Félix Gallardo pasó desapercibido en la transición de los sexenios panistas, de 2005 a 2006. Tiempo después revelaría al periodista Diego Osorno que toda su familia votó por Vicente Fox. en el año 2000. En 2008, sus hijos recurrieron a una nueva estrategia digital. En julio de ese año fue creada una página web donde se informaba que el sinaloense estaba mal de salud y desde 2007 iniciaron trámites para que fuera trasladado a un hospital nivel 3 en aras de operarlo de la vista.

A través del sitio en internet publicaron fotografías inéditas, respondieron preguntas en un foro para curiosos, pero la finalidad era dar a conocer los padecimientos que sufría su padre. Según la descripción, acusaban que el penal del Altiplano no contaba con personal médico capacitado para tratar a Félix Gallardo. Con ello se abría otro capítulo que sería recurrente para argumentar los daños a su salud.

“Queremos que quede claro que no estamos pidiendo su libertad, indulto, lujos o privilegios”, apuntaba el acceso inicial, donde se apelaba a derechos humanos y garantías constitucionales. Algunos criticaron apología al narcotráfico, pero otros aprovecharon para conocer un poco más del Jefe de jefes que estaba abatido tras dos décadas en prisión, lejos de los años maravillosos y la vieja gloria del Cártel de Guadalajara.

En las imágenes compartidas se veía a Félix Gallardo joven, cuando era policía en Sinaloa a sus 18 años. Pero también se mostraban dictámenes médicos de padecimientos para rogar a la presidencia de Felipe Calderón por la salida a cirugía que, aceptaban, podrían custodiar agentes especiales. Desde entonces se dio a conocer que estaba infectado de los oídos, ojos, y por una hernia hiatal. Cuando sus hijos iban al penal mexiquense extendían las preguntas hechas por los internautas registrados.

Ahí se supo que entre sus lugares preferidos estaba Mazatlán, Sinaloa, porque en ese puerto se disfrutaba una especie de fiesta todo el día. Pero si se trataba de elegir, le hubiese gustado descansar en Ginebra, Suiza, donde pasó algunos momentos y guardó buenos recuerdos.

También aconsejó al gobierno para que aplicara de manera correcta el presupuesto, recortara salarios a los altos funcionarios y enfocara proyectos prioritarios en deporte, educación, así como empleos bien remunerados. Eso terminaría con la delincuencia, según dicen que respondió cuando la guerra contra el narco estaba en su apogeo en el país.

Las fotos viejas lo mostraban entre aparentes lujos, tales como una camioneta negra clásica que era de sus favoritas. También se aficionó por las motos y posaba en una de la marca Honda. Su familia publicó una imagen donde estaba en prácticas de tiro, a mediados de 1960, cuando era un agente judicial. Pese a los esfuerzos e innovaciones, la estrategia en internet no resultó.

Para el 3 de junio de 2009, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo fueron condenados a 40 años de cárcel luego de que se ordenara la reposición de su procedimiento tras haber apelado en 1997 y 2002, respectivamente. Ambos cayeron en 1985, cuando colaboraron en el crimen contra el agente de la DEA, así como su informante.

Fueron responsabilizados por secuestro, asesinato, narcotráfico, asociación delictuosa, además de poseer e introducir armas a México, cuyo uso es reservado a militares. También se les imputó el cargo por inhumación clandestina de cadáveres y violación al tránsito aéreo. Caro Quintero debía pagar 199 años y Fonseca Carrillo 150, pero la pena máxima de la legislación vigente en su arresto era de cuatro décadas por privación ilegal de la libertad. Los dos se ampararon y tiempo después librarían la prisión.

Por esos meses, Félix Gallardo reveló un diario al periodista Diego Osorno en que contaba su vida difícil en prisión, cómo tenía nexos con el mismo comandante que lo detuvo en Guadalajara y con quien se reuniría aquel 8 de abril de 1989, Guillermo González Calderoni. Igual relató amenazas que sufrió, el asesinato de sus abogados; así como la presunta pobreza económica familiar, al punto de que sus hijos regresaron de estudiar en Canadá porque no podía cubrir las colegiaturas.

También dijo que fue torturado en su arresto y que sus propiedades legítimas habían sido decomisadas para ser explotadas por Javier Coello Trejo, fiscal en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari que encabezó arrestos de relevancia para cubrir la efervescencia política y obtener legitimidad con casos como la captura del Jefe de jefes.

En 2011, su familia envió una carta abierta a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Calderón, porque acusaron que Félix Gallardo era maltratado en el penal del Altiplano. Su esposa e hijos alegaron que el procesado requería medicamentos para tratar cataratas, sordera, úlceras y la hernia, según reportes de prensa.

Se quejaban de que fuera desapartado de los otros internos y estuviera condiciones húmedas, oscuras, sin ventilación, además, por el castigo de tener cigarros en su celda, cuando estos eran vendidos a los presos en el mismo centro carcelario. También acusaban que no pudieron visitarlo durante cuatro meses.

De acuerdo con registros judiciales verificados por Infobae México, en 2012 ganó otro recurso contra tratos crueles e inhumanos. El beneficio fue otorgado por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales del Estado de México. Se instruyó a las autoridades penitenciarias para que garantizaran que Félix Gallardo realizara actividades laborales, deportivas y académicas en el penal del Altiplano.

Dos años más tarde, en marzo de 2014, solicitó la libertad anticipada. En ese entonces tenía 68 años, 25 de los cuales había vivido en la cárcel. Félix Gallardo alegó ante el Juzgado Octavo de Distrito en Procesos Penales de la capital del país que había cumplido tres quintas partes de su condena de 40 años, la cual le fue impuesta por tráfico de narcóticos en una flota de taxis aéreos.

Fue así como abrió el frente en el segundo caso, pues además del asesinato de Kiki Camarena fue castigado por utilizar aeronaves para introducir droga a Estados Unidos, luego de que en mayo de 1985 se aseguró un avión Turbo Commander con restos de cocaína en talleres de la empresa Aerolíneas Ejecutivas, asociado a sus actividades criminales. Su defensa argumentó que había cumplido el 60% de su pena en este delito intencional y pedía la remoción parcial de condena.

Para diciembre de ese mismo año, el Jefe de jefes obtuvo un amparo para que fuera trasladado de un penal federal a uno bajo jurisdicción estatal en Jalisco. Ya preveía su llegada al Centro Federal de Readaptación Social 2 Occidente, en Puente Grande. La Jueza Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, Sonia Hernández Orozco, le concedió la protección de la justicia, pero el Ministerio Público Federal se opuso a que fuera resguardado en una prisión de menor seguridad.

En febrero de 2015 llegó al reclusorio federal de Puente Grande, luego de dos décadas que pasó en el Altiplano. Regresó a la tierra donde vive la mayor parte de su familia, donde años atrás había sido arrestado por liderar el Cártel de Guadalajara. Ahí nuevamente se interpuso una demanda que también ganó nueve meses después de su arribo para que no estuviera segregado de los internos, fuera alimentado en el comedor y tomara medicamentos por daños a su salud.

Semanas más tarde de su ingreso, el 30 de marzo, su familiar, Alicia Félix Salas, recuperó una residencia en la calle Paseo del Acantilado, así como otra finca en el 1795 de Paseo de los Parques, en el fraccionamiento Colinas de San Javier de Guadalajara. Ambos inmuebles fueron asegurados por las autoridades ministeriales desde 1989 sin que probaran que fueron obtenidos producto de ganancias ilícitas por tráfico de drogas ni fueran puestos a disposición del juez durante 26 años.

A finales de 2015, la familia adelantó que solicitarían prisión domiciliaria para Félix Gallardo porque pronto cumpliría los 70 de edad y entraría en esa categoría de población carcelaria contemplada en la legislación que puede pagar su castigo en casa. Seguían denunciado que no era atendido de manera adecuada por la suma de padecimientos que se habían agravado. Pero como respuesta, el gobierno federal filtró a la prensa un estudio donde se sostenía que el capo aún representaba peligrosidad a sus 69 años.

Según el análisis de personalidad que le fue practicado, el Jefe de jefes era alguien de coeficiente intelectual superior con conciencia lúdica. Desde su arresto en 1989 tuvo una adaptación funcional y evolución favorable al apegarse a las normas que le fueron convenientes tras las rejas. También era capaz de resolver operaciones lógico matemáticas. Sin embargo, se reconocieron dificultades auditivas y visuales para una mejor evaluación en conocimientos como habilidades.

Ese estudio de la Comisión Nacional de Seguridad apuntaba que el acusado tenía un juicio autocrítico sobrevalorado, algo que creaba una imagen convincente, segura, inteligente y respetable para ganar empatía en su círculo social, además de la confianza para utilidad personal. Mantenerlo encerrado no era una cuestión menor, luego de que ese año se ordenara recapturar a Caro Quintero (liberado en 2013) y, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, se fugara por un túnel del Altiplano.

Fonseca Carrillo, Don Neto, fue beneficiado para cumplir el resto de la pena en una casa de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. El exlíder del Cártel de Guadalajara dejó el penal federal de Puente Grande el 27 de julio de 2016. En ese entonces rondaba los 86 años y había pasado tres décadas encarcelado. Se prevé que su liberación sea en 2025, cuando tenga 92 de edad. Hasta la fecha no se ha reportado su muerte.

El caso de Félix Gallardo seguía bajo proceso, se había prolongado 26 años y desde 2006 no se ofrecieron pruebas adicionales, mientras diligencias y careos tardaron mucho tiempo en realizarse. Durante la reposición del procedimiento se determinó que no tenía propiedades en el Fraccionamiento Jardines del Bosque, en Guadalajara, donde fue asesinado Kiki Camarena. Sobre otras residencias o ranchos no trascendieron mayores aseguramientos, sino devoluciones.

En agosto de 2016 su defensa pidió que le fuera otorgada la prisión domiciliaria, al igual que Don Neto. Su solicitud fue ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales de Jalisco, donde se planteó que cumpliría el resto de la pena en una casa del Fraccionamiento Ciudad del Sol, en Zapopan. Ya tenía 70 años y no estaba acusado de secuestro, pero le faltaba casi una década por su primera condena.

Fue hasta el 27 agosto de 2017 que finalmente se determinó su sentencia definitiva de 37 años por el asesinato del agente de la DEA, así como el piloto mexicano que le informaba sobre plantíos de marihuana. Por este caso se le impuso el pago de 20 millones 810 mil pesos para reparar el daño a las víctimas, pero se amparó para no desembolsar esa cantidad, algo que le fue negado en octubre de 2018, septiembre de 2021 y llegó hasta un recurso de revisión en enero de 2022, el cual no se ha resuelto.

Nueve meses después de su condena por el caso Camarena, en abril de 2018, se le concedió el amparo para que fueran tomados en cuenta los males de salud que padece en la demanda por prisión domiciliaria. El Segundo Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México otorgó la protección de la justicia al Jefe de jefes, luego de que un año antes se le negó la reinserción social en un domicilio particular, según determinó el Juzgado Octavo de Distrito en Procesos Penales Federales de la capital.

En este caso también apeló, fue confirmada la resolución inicial, pero su batalla judicial no terminaría. La entonces Procuraduría General de la República presentó un recurso de revisión, pues Félix Gallardo ofreció dictámenes de un criminalista para acreditar que contaba con los requisitos de ser resguardado en la residencia de Zapopan bajo vigilancia de la Policía Federal, dependencia que no había sido extinguida.

Para febrero de 2019 se rechazó que continuara su castigo en el domicilio determinado, según resolvió el Segundo Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México. La autoridad judicial alegó que no se probó la gravedad de los males de salud que padece el procesado como para poner en riesgo su vida, al contrario, esos padecimientos entraban en el rango de normalidad para su edad. Los abogados manifestaron que su cliente no veía de un ojo, tenía cataratas y necesitaba cuidados especiales que no podían proporcionarle en la prisión estatal de Puente Grande, donde fue internado en 2017.

Nuevamente, en noviembre de 2021, solicitó que se valorara su salud de manera adecuada, pero el juzgador del Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México rechazó procesar la demanda, pues no se logró distinguir con claridad cuáles eran las razones del oficio que le entregaron los abogados del capo. A la lista de padecimientos añadió reflujo, hernias y micro infartos cerebrales. Sin embargo, este recurso fue negado a principios del año en curso.

Antes de recurrir a ese amparo, Félix Gallardo compareció por primera vez ante la prensa y entonces dijo que su familia ya alistó su funeral, debido al deterioro que enfrenta a su edad. Desde el penal de Puente Grande se mostró sordo, ciego, afectado por neumonía y con el brazo roto.

“Mi salud es pésima, mi familia está haciendo un hoyo para yo ser enterrado en un árbol, no tengo pronóstico de vida ninguno, puesto que perdí todo”, dijo para la cadena Telemundo en agosto del año pasado. En esa entrevista se le vio derrotado por el tiempo y las enfermedades, usando una silla de ruedas, pues cada que intenta caminar solo se resbala. Con pasos casi a tientas fue que llegó a lesionarse el brazo izquierdo en la caída. No ve del ojo izquierdo y debe ayudarse de un aparato auditivo color rosa para entender lo que otros dicen.

Para marzo de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó revisar la condena de 40 años que el narcotraficante pretendía impugnar la negativa de amparo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. El máximo tribunal del país expuso que el caso no involucra ningún tema de interpretación sobre derechos humanos, ni constitucional novedoso o relevante que ameritara sus intervenciones.

Sin embargo, sí se había ordenado que la Fiscalía General de la República (FGR) investigara la presunta tortura que Félix Gallardo acusó en su arresto. Debido a que enfrenta dos juicios distintos, solo debe pagar la pena más alta porque los castigos no se acumulan entre sí. La sentencia más grave de cuatro décadas fue ratificada en 2003 por exportar cocaína vía aérea a Estados Unidos, así como acopio de armas y cohecho.

La defensa presentó más recursos judiciales, fueron rechazados y el pasado 7 de septiembre, por fin se le concedió cumplir su pena en una casa de Zapopan, como lo había solicitado desde 2016. El amparo fue otorgado por el Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, en el caso que enfrenta por narcotráfico. Su enésima victoria tras las rejas lo puso con un pie fuera de la Comisaría de Sentenciado de Puente Grande.

En la resolución se valoraron dictámenes médicos a sus 76 años y fue ordenado que se le colocara un geolocalizador. En los informes se indica que solo le quedan tres años de vida que podría pasar más cerca de su familia. El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó que Félix Gallardo fuera vigilado en casa por la suma de padecimientos, pero la FGR impugnó la decisión, mientras quedaba pendiente que se revisara el mismo beneficio en su condena por el caso del agente de la DEA.

Durante la conferencia matutina del pasado 15 de septiembre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana presentó un informe sobre los 22 padecimientos de salud que sufre el Jefe de jefes y bastan para sacarlo de prisión porque necesita atención especializada de manera constante, vigilancia estrecha y supervisión las 24 horas del día.

Entonces se aludió a su sordera izquierda y muy mala audición derecha; atrofia de globo ocular y glaucoma en ojo izquierdo; carcinoma facial; hernia de disco; hipertrofia de próstata benigna; vértigo de larga evolución; esofagitis; ansiedad y depresión crónicas; hipertensión arterial; diabetes melitus; tuberculosis pulmonar latente y neumonía (adquirida en el reclusorio).

Durante la tarde y noche de ese día, un fuerte dispositivo de la Guardia Nacional se desplegó a las afueras de Puente Grande, así como policías de Jalisco. De inmediato llegaron reporteros porque tendría lugar la audiencia de trámite para que Miguel Ángel Félix Gallardo saliera de la cárcel y se evaluara el brazalete electrónico. Incluso se difundió un video donde se le veía firmar documentos. Todos pensaron que podría festejar el grito por la Independencia de México desde casa, pero la comparecencia fue pospuesta y el narcotraficante se quedó encerrado.

Al sitio acudió su esposa y uno de sus hijos, así como su abogada, Teresa Vallejo Pérez, quien denunció ante la prensa que su cliente fue retenido injustamente por órdenes de la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez. La defensora aseguró que los agentes evaluaron que no había riesgos, aprobaron el geolocalizador y contaban con personal suficiente para realizar el traslado al domicilio de Zapopan.

Pero fue girado un oficio desde la Ciudad de México para suspender la salida argumentando que no se tenían condiciones óptimas para garantizar la prisión domiciliaria. Vallejo Pérez acusó que nuevamente sometieron a la desesperanza a su representado, luego de engañarlo con que podría ser liberado. Alegó que era una cuestión política y si el Jefe de jefes moría en la cárcel, las autoridades federales serían responsables.

La administración del penal solo informó que la audiencia sería retomada a las 18:00 horas de este 23 de septiembre. Por ahora, todo indica que el narcotraficante pronto estará lejos de la cárcel y no se prevé que sea extraditado a Estados Unidos, pues autoridades de ese país no lo han requerido para que responda por el crimen que cambió el combate a los cárteles de las drogas en los últimos 40 años en México. Solo queda esperar si el Jefe de jefes abandonará la prisión después de tres décadas con un largo historial en el negocio ilegal que desembocó a sumir al país en una ola violenta que parece interminable.

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