Otorgaron suspensión provisional a Jesús Murillo Karam contra su vinculación a proceso por el caso Ayotzinapa

Una jueza federal concedió una suspensión provisional a Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República —hoy en día FGR—, medida con la que ordena a otro juez de control que suspenda, una vez cerrada la etapa intermedia del proceso de indagación, el procedimiento que se inició en contra del exfuncionario acusado de manipular las evidencias en la investigación sobre el paradero de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Con esto, Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, ahora tiene que espera a que una jueza de amparo resuelva si otorga la protección solicitada por la defensa del exfuncionario ante la vinculación a proceso que le había sido dictada por los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y en contra la administración de la justicia.

La jueza dio un lazo de 48 horas para que la FGR y el juez de control presenten sus informes sobre el caso y programó para el 28 de septiembre la audiencia donde se resolverá si le conceden la suspención definitiva. también admitió a trámite el amparo que la defensa de Murillo Karam solicitó en contra de la prisión preventiva justificasa que le impusieron como medida cautelar.

El pasado 24 de agosto un juez mexicano halló méritos para procesar al exfiscal general Jesús Murillo Karam por la desaparición de 43 estudiantes en 2014, convirtiéndose en el funcionario de mayor nivel que enfrenta a la justicia por este “crimen de Estado”.

Murillo Karam, responsable de la llamada “verdad histórica”, como bautizó su cuestionada investigación sobre el caso, inició un proceso penal por desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia.

Esa pesquisa no acreditó la participación de militares en los hechos, a diferencia del informe de una comisión gubernamental que asegura que autoridades civiles y castrenses, coludidas con narcotraficantes, intervinieron en este “crimen de Estado”.

Entre las pruebas que presentó la Fiscalía contra Murillo Karam destacaron las ruedas de prensa que ofreció sobre el caso, en las que aseguró que el cártel ordenó el secuestro y asesinato de los estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa (estado de Guerrero, sur) para después incinerarlos y arrojar sus cenizas a un río.

La desaparición se produjo entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, cuando los alumnos intentaban apoderarse de autobuses en la localidad de Iguala, en el estado de Guerrero, para viajar a Ciudad de México y participar en unas manifestaciones.

Hasta ahora solo han sido identificados los restos de tres de los desaparecidos. Otras seis personas fueron asesinadas esa noche, incluidos tres normalistas.

La defensa del exfiscal descalificó las acusaciones, alegando que no se han presentado testigos que las corroboren. También adujo que el delito de tortura prescribió en 2017, al no haberse presentado una acusación.

El caso Ayotzinapa constituye una de las peores violaciones de derechos humanos en México, donde hay unos 100 mil desaparecidos, y generó una fuerte condena internacional.

Según las hipótesis de la comisión, los criminales pudieron haber ordenado la masacre al considerar que entre los estudiantes estaban infiltrados miembros de la banda enemiga Los Rojos, o porque al parecer en uno de los autobuses tomados había droga o dinero de Guerreros Unidos, sin que los jóvenes lo supieran.

Según la comisión gubernamental, la “verdad histórica” fue una acción concertada desde el más alto nivel del gobierno” de Peña Nieto y “ocultó” los nexos de los criminales con agentes del Estado, para lo cual los delincuentes responsables fueron torturados y se manipuló la información. Todo ello “entorpeció la búsqueda e investigación”, además que “generó vicios y deficiencias que obstaculizaron el acceso a la verdad y la justicia”, asegura el informe.

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