La corrupción y la negligencia son las responsables de acabar con las vidas en la CDMX después de un sismo: MCCI

La ubicación geográfica de México lo posiciona como un país propenso a padecer sismos; si bien dichos movimientos telúricos no son predecibles hasta el momento, entre la ciudadanía y las diferentes administraciones que han estado en el poder recae la responsabilidad de prevenir y acatar recomendaciones ante dichos fenómenos naturales.

No obstante, terremotos como el de 1985 o el de 2017 han dejado lecciones que han quedado en el olvido, abandonado al país -y especialmente a la Ciudad de México- a merced de una nueva catástrofe. Al menos así lo señala la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Y es que, de acuerdo con lo expuesto por la mencionada asociación, en la capital mexicana las y los habitantes no tienen forma de conocer si las escuelas en donde dejan a sus hijos, sus centros de trabajo e incluso sus propias viviendas cuentan con las regulaciones necesarias de construcción para soportar un movimiento telúrico, situación que ha abierto una vez más la brecha de corrupción.

A las 13:05 horas del martes 19 de septiembre de 2017 la alarma sísmica comenzó a sonar en todos los altavoces de la Ciudad de México anunciando un fuerte sismo que dejó grandes afectaciones en diversos puntos de la capital mexicana y estados de la zona centro del país.

Cinco días después de la catástrofe que cobró vidas humanas y destruyó el patrimonio de cientos de familias, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se dio a la tarea de convocar a afectados para reunir información sobre los edificios que sufrieron daños para, de este modo, exponer las causas por las cuales se habían derrumbado o cuarteado, más allá de las versiones oficiales del Gobierno de México.

Fue así como la organización civil recibió datos de alrededor de 200 inmuebles que se complementaron con recorridos, información recopilada por ingenieros de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Plataforma CDMX del gobierno capitalino.

De la base de datos que reunió 365 registros, se eligieron 28 edificios para analizar su autopsia considerando como criterios de elección el nivel de daños, su ubicación y el año en el que fueron construidos.

A través de poco más de 800 solicitudes de información realizadas a diferentes delegaciones y dependencias gubernamentales, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) buscó tener un mayor acercamiento a la historia de los edificios afectados. Del mismo modo, se dieron a la tarea de acudir al Registro Público de la Propiedad para obtener la información de predios y empresas así como también consultaron a especialistas en ingeniería estructural y geotecnia.

Derivado de las 28 investigaciones realizadas por la organización civil se pudo constatar una cadena de corrupción, negligencia e impunidad que cobró la vida de cientos de seres humanos, dejó sin patrimonio a miles más y que mantiene en un estado de vulnerabilidad a la ciudadanía.

Tras una meticulosa investigación, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) expuso que pese a que el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México está catalogado como uno de los mejores del mundo, dicha normatividad es ignorada tanto por las autoridades como por los constructores.

Bajo ese tenor, la organización civil señaló que aquellos edificios -bajo los cuales personas que quedaron atrapadas en los escombros- se hicieron modificaciones en los cálculos de ingeniería para aumentar los márgenes de ganancias de las constructoras. Asimismo, algunos inmuebles fueron levantados con materiales de baja calidad y en cimientos viejos pero aún así fueron presumidos como departamentos nuevos.

De acuerdo con las pesquisas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) entre las empresas involucradas destacaron Vertical Homes, Canada Building Systems de México, Promotora e Inmobiliaria Dekah, Dijon GP, Vívelo en Eje Central 526, Elite Aparments, Inmobiliaria Sacomo, Lonai Group Property Services, Inmobiliaria Álvaro Obregón, Helicópteros de Puebla y HIP HABITAT.

Cabe mencionar que tras el terremoto de 1985, en México se creó la figura de los Directores Responsables de Obra (DRO) y la de los Corresponsables en Seguridad Estructural (CSE) con la finalidad de contar con profesionales que garantizaran que las nuevas edificaciones cumplían con el Reglamento de Construcciones.

No obstante y como es común que pase en México, la corrupción pervirtió aquellas figuras, sobre todo porque son contratados por las inmobiliarias y con ello pierden independencia, señaló la organización civil. Además detalló que se creó una especie de mercado negro de firmas de Directores Responsables de Obra (DRO) pues los documentos y planos para obtener permisos únicamente se firman sin revisar la autenticidad de la información que ahí se plasma.

La negligencia de las autoridades también jugó un papel primordial en el derrumbe y daños que sufrieron los inmuebles, incluso, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) expuso los nombres de funcionarios del gobierno de la Ciudad de México cuyos nombres fueron ligados a su investigación, destacando familiares de Simón Neumann -extitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) así como el de Fernando Méndez Bernal, exdirector del Colegio de Arquitectos.

La organización civil detalló también que las delegaciones y administraciones capitalinas ignoraron a las y los vecinos que alertaron y denunciaron sobre inmuebles que violaban usos de suelo, construcciones que se levantaban sin permisos o edificios que tenían daños desde el terremoto de 1985 y se reconstruían para venderlos como departamentos.

No obstante, la ciudadanía no fue la única en presagiar la tragedia pues desde 2006 los investigadores Eduardo Reinoso, Miguel A. Jaimes y Marco A. Torres del Instituto de Ingeniería de la UNAM publicaron el estudio “Evaluación de la Observancia al Reglamento de Construcción en la Ciudad de México” en donde advirtieron que muchos de ellos “tendrían un desempeño inadecuado durante un sismo intenso” ya que no cumplían con los mínimos requeridos en la mencionada normatividad.

Además, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) constató que en muchos de los edificios analizados se utilizaron documentos falsos, con información imprecisa o datos que no correspondían a las construcciones y que fueron ignorados por las autoridades del gobierno central y las delegaciones que otorgaron los permisos sin verificar su autenticidad.

Otro importante hallazgo que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) realizó a través de solicitudes de información fue el perfil de quienes ocupan cargos en la Dirección de Obras. Es así como constataron que del 2000 al 2017 por lo menos 27 funcionarios que desempeñaron dichos cargos no contaban con formación en ingeniería civil o arquitectura.

Por el contrario, el personal contratado eran agrónomos, ingenieros mecánicos, geógrafos, abogados, administradores de empresas e incluso licenciados en entrenamiento deportivo. La misma situación ocurrió con las personas a cargo de Protección Civil quienes, por ley, deberían tener una experiencia mínima de tres años en esta área, pero muchos de ellos, especialmente en el caso de las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc, eran cercanos a los políticos que dirigían dichas demarcaciones.

Finalmente, la organización civil señaló que 228 personas murieron en los edificios colapsados tras el sismo de 2017 además de que cientos de familias perdieron su patrimonio, sin embargo, los dueños de empresas inmobiliarias y Directores Responsables de Obra (DRO) continúan prófugos, además de que ninguna autoridad ha sido sancionada por haber firmado manifestaciones de construcción o autorizaciones de uso de suelo.

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